Los afectados de la colza, contra el sobreseimento para 12 encausados

Los afectados por el síndrome tóxico y los abogados que los representan han manifestado su sorpresa por la petición que ha hecho el fiscal de la Audiencia Nacional de que sean archivadas las actuaciones y retirada la acusación contra 12 de los 41 procesados en el sumario de la colza (ver EL PAÍS, 13 de enero). Afectados consultados han expresado su oposición a esta decisión del fiscal y han valorado al mismo tiempo como "muy positiva" la elevación a sumario de las diligencias contra 10 altos cargos con responsabilidad en la Administración cuando se produjo el envenenamiento.

Representantes de varias asociaciones de afectados de Madrid (entre las que se encuentra la de Leganés, que cuenta con 6.000 afiliados) han explicado que no es lógico que "se pida el sobreseimiento para unos pocos mientras que se mantiene el proceso de otros muchos". "Todos se encuentran implicados, como se deduce del sumario, y hay que llegar hasta el fln", ha dicho un portavoz de los afectados de Leganés.

Confirmación científica

Un miembro destacado de la Federación de Asociaciones de Afectados ha declarado que, "aunque estos procesamientos son importantes, lo sería mucho más el que se llegara a una confirmación científica del origen del envenenamiento masivo que produjo la muerte de 360 personas". Unos y otros manifestaron su satisfacción por las investigaciones que se Devan a cabo sobre los altos cargos de la anterior Administración.

Los abogados de los afectados también han mostrado su sorpresa por esta decisión. Francisca Sauquillo, que lleva la defensa, junto con José María Mohedano e Ignacio Uriarte, de varias asociaciones de afectados, ha dicho que la acusación particular está en desacuerdo con la petición de sobreseimiento y ha calificado de pasiva la actitud del fiscal. Francisca Sauquillo ha anunciado que solicitará la apertura del juicio oral para casi todos los procesados. Este mismo grupo de abogados ha considerado positivo, sin embargo, que se abra un sumario para averiguar las responsabilidades de altos cargos. José Francisco Carballo, abogado de los afectados de Fuenlabrada y Coslada, ha expresado su intención de continuar hasta el final con la acusación y ha añadido que nadie que pueda ser responsable en este asunto debe quedar sin castigo. José Merino, abogado que defiende a su mujer (fallecida por el síndrome tóxico) y a dos hijos de 19 y 15 años, ha dicho que no encuentra base alguna para que se produzca el sobreseimiento en unos casos y en otros no. José Merino es uno de los abogadas que pidió en su día un peritaje por parte de la acusación particular.

La defensa no ha sido tan explícita. Medios jurídicos defensores de los hermanos Bengoechea y de la empresa Raelca, entre otros, han preferido esperar a tener la comunicación directa del procurador sobre la petición del fiscal para dar una opinión. No obstante, han afirmado: "Nos encontramos ante un hecho muy importante".

La elevación a sumario de las diligencias que se siguen contra 10 altos cargos de UCD no ha supuesto ningún cambio de postura por parte de la Administración, máxime cuando las actuales investigaciones "no terminarán necesariamente en un procesamiento". Fuentes de la Administración socialista han afirmado que no tienen nada que decir sobre estas investigaciones y que no tomarán ninguna medida.

Libre de toda sospecha

Juan Rubio, gerente de Aceites Toledo, es libre de toda sospecha, tanto a título personal como empresarial, en el sumario de la colza. Un error de aplicación de la documentación informatizada a la información que publicó ayer EL PAÍS hizo aparecer a Juan Rubio como persona implicada en el sumario cuando un wto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección 21, de fecha 30 de noviembre de 1984, dejaba sin efecto un procesamiento anterior contra su persona.

La Audiencia Nacional estimó un recurso de apelación subsidiaria interpuesto por la representación de Juan Rubio contra un auto del 10 de julio de 1984 por el que fue procesado el recurrente. El auto de la Audiencia Nacional descartaba que los Aceites Toledo tuvieran la más mínima relación o estuvieran integrados en el círculo de los aceites tóxico y dejaba, en consecuencia, a Rubio y a su empresa libres de toda sospecha.