El fiscal pide el sobreseimiento de la causa para 12 de los 41 procesados en el sumario de la colza

El fiscal de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al tribunal encargado del sumario de la colza en el que solicita el sobreseimiento (archivo de las actuaciones y retirada de la acusación) para 12 de los 41 procesados. El fiscal realizó esta petición en el escrito por el que dio su conformidad a la conclusión de sumario, dictada por el juez instructor, Alfonso Barcala, el pasado 16 de septiembre de 1985. En opinión del representante del ministerio público, los 12 procesados para los que solicita el sobreseimiento no han cometido delito alguno. Por otra parte, el fiscal dio su conformidad para la apertura del juicio a los 27 restantes (dos procesados se encuentran en rebeldía), qué permanecen en libertad provisional.

El fiscal solicita el sobreseimiento para Jesús Portillo Orgaz, Antonio Aguado Flores, José Luis Garrote Rojas, Manuel Franco Pellicer, Vicente Villalba Prats, Manuel Guillén Enríquez, Antonio Gallego Juradh, Ramón Surra Ochoa, Fernando Bau Carpí, Pedro Sans Xifre, Andrés Eloy Muro Benayas y Juan Moreno Anaya, por considerar que los hechos en los que se encuentran implicados no son constitutivos de delito.Fuentes de las acusaciones han calificado de "muy grave" la decisión del fiscal, especialmente porque se pueda acordar el sobreseimiento para Portillo y Aguado, pues, según las citadas fuentes, en el sumario existen casos muy concretos de afectados que aseguran que sólo han consumido aceite procedente del almacén de su propiedad.

En su día, el fiscal ya se opuso al procesamiento de Portillo, Aguado y Garrote, que fue decretado por el juez y confirmado por el tribunal. Tras la primera conclusión del sumario dictada por el juez Alfonso Barcala en noviembre de 1983, el fiscal ya solicitó el sobreseimiento para los tres citados. Sin embargo, la Audiencia Nacional revocó el auto de conclusión de sumario, confirmó los procesamientos de Portillo, Aguado y Garrote, y ordenó los procesamientos de los otros nueve industriales y químicos del aceite a los que también se opone el fiscal y que habían sido solicitados por varias de las acusaciones.

Acusaciones

Los hechos por los que están procesados los 12 industriales del aceite para los que el fiscal solicita el sobreseimiento son:Garrote Rojas, según el auto de procesamiento, era "delegado de los hermanos Bengoechea en Madrid, se puso en contacto con los hermanos Ferrero para transmitirles la orden de los hermanos Bengoechea citados, de que destruyeran todos los recibos y albaranes en que constasen las ventas que les habían realizado, y que si los llamaban a declarar a los Ferrero, dijesen que el aceite que sus mandantes les enviaron era a efectos puramente industriales, extremo que el referido Garrote Rojas cumplió, advirtiéndoles que ellos, los hermanos Bengoechea, así lo dirían, pues en otro caso les llevarían a la ruina". Estos hechos fueron considerados por el juez como encubrimiento.

Portillo y Aguado, propietarios de la firma de aceites Aguado del Prado, están procesados por delito contra la salud pública al comercializar aceite de colza desnaturalizado para consumo humano. El almacén de su propiedad es uno de los tres grandes (RAELCA, JAP y Aguado), donde la mayor parte de los vendedores minoristas adquirían el aceite.

Respecto a los nueve restantes que fueron procesados en una misma resolución, la Audiencia señalaba: de las investigaciones efectuadas se desprende que en el círculo de irregulares actividades comerciales e industriales, sobre las grasas, instrumentadas para obtener unas anormales ganancias mediante el engaño a los consumidores menos dotados económicamente, desencadenantes de toxicidad en aceites llegados al público con graves riesgos y actuados daños contra la vida y la salud de las personas, ( ... ) se hallan insertas las conductas" de los citados.

Tárrega, industrial, y Villalba, técnico industrial químico, que ostentaban los cargos de gerente y director técnico de Industrias Tárrega, efectuó para Aceites Valencia el tratamiento de un producto venenoso, además de haber llevado a cabo importaciones de grasa cuya auténtica naturaleza no consta por las cambiantes versiones de Tárrega al respecto, y de haber tenido depositados clandestinamente en unas dependencias de Bujalance cientos de miles de litros de aceite con presencia de ésteres no glicerídicos que lo hacían no apto para el consumo. El administrador de las dos sociedades a las que estaban arrendados los locales era Salvador Alamar, procesado en 1982, que se encuentra huido y que aparecía como financiador de Industrias Tárrega.

Producto venenoso

Fernando Bau, gerente de Danesa Bau, cuya factoría funcionaba en Madrid dedicada entre otras cosas al refinado de aceites, y presidente del consejo de administración de Aceites Bau, con factoría en Tortosa. En la fábrica de Madrid se realizó el tratamiento para Raelca de parte de un producto venenoso, y en la misma se encontró aceite que contenía tóxicos. Ambas empresas mantuvieron relaciones con otras, como Lípidos Ibéricos, a las que trataron grasas importadas subrepticiamente.Juan Moreno, químico y socio de ITH de Sevilla y gerente de la empresa hasta febrero de 1981, fecha en que pasó a Raelca. ITH realizó los tratamientos químicos de algunos aceites que después resultaron tóxicos. Sans era gerente de Codosa y socio de ITH. Juan Rubio era gerente de Aceites Toledo, relacionada con Codosa, Raelca y Danesa Bau, y vendió aceites adulterados y probablemente determinantes del envenenamiento.

Ramón Surra, gerente de Comintex, de Barcelona, medió en la operación entre el procesado Enrique Salomó y Aceites Valencia, de la que conocía sus irregularidades. También intervino en el suministro, el 11 de mayo de 1981, por Salomó a Giresa de 40.348 kilos de aceite tampoco apto para el consumo. Junto con Antonio Gallego llegó al acuerdo de ocultar a los que investigaban sobre los canales del envenenamiento por aceite de colza la realidad de aquel suministro y de falsear la correspondiente documentación, lo que efectivamente llevaron a cabo.

Gallego era gerente de Girasol Refinado SA (Giresa), cuyo objeto era, la refinación de aceites comestibles, con factorías en Torreblanca y Dos Hermanas. Giresa traté, en mayo de 1981, 24.210 kilos de aceite por encargo de Prograsa, que envió a Oleícola Toledana con sustancias tóxicas.

Aceite tóxico

Manuel Guillén, abogado, era el máximo ejecutivo de Prograsa, con sede en Sevilla, que fue la autora de la venta. Andrés Eloy Muro era consejero delegado de Oleícola Toledana, radicada en Cebolla, fabricante de aceite de oliva y comercializadora de aceites vegetales comestibles. Esta empresa distribuyó los 24.210 kilos de aceites con sustancias tóxicas y adquirió 9.741 kilos de Trioleínas, entre otras grasas, procedentes de Moba, filial o consentidamente suplantadora de Lípidos Ibéricos. Existe la constancia de que productos comercializados por Oleícola Toledana han podido originar el envenenamiento de algunas personas.Manuel Franco Pellicer, titular del Centro de Gestión Comercial (Cegeco), de Tarragona, terció en suministros de grasas para el consumo, ocultando a una de las partes la identidad de la otra y disimulando la real naturaleza de la grasa. Esta mercancía era tratada por Aceites Bau, de Tortosa.

Entre esos suministros figuran los realizados a varios procesados, como José Lafuente, Adela Jarauta, Ramón Alabart, Salvador Ala- 1 mar, Luis Beamonte y otros. En julio de 1981, la policía halló en Zaragoza un camión con 24.762 kilos de mezcla de colza con grasa animal, que Franco tenía allí destinado a la venta.

Juicio oral

El fiscal en el escrito citado pide la apertura del juicio oral para los procesados Ramón y Elías Ferrero López, Cándido Hernández Galán, Juan Miguel y Fernando Bengoechea Calvo, Enrique Salomó Caparo, Ramón Alabart Perramón, Jorge Pich Garriga, Agustín y Tomás Baviera Muñoz, Florencio Feijoo Sánchez, Juan Antonio Pastor Ruiz, Juan Antonio y Mariano Pastor Muñoz, Miguel Par Balcells, Alfonso Molina García, Salvador Alamar Benlloch, José María Abascal Romero, Emilio Gil Vidaurreta, Adela Jarauta Martínez, Juan Santacana Vallés, Luis Beamonte Magaña, Ramón Navarro Ponz, Víctor García García, Ramón Carreras Clotet, José Lafuente Gil y Francisco Alfonso Pujades. Los dos huidos para los que pide la confirmación de la declaración de rebeldía son Ignacio Baixeras Obrador y Francisco Tárrega Ribes.La Audiencia Nacional dará esta semana traslado de la causa a las acusaciones particulares, por un plazo de 10 días, para que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral y sobre el mantenimiento de la acusación o sobreseimiento para algunos de los procesados.