El control de las diputaciones dificulta las negociaciones para elegir al presidente de la Xunta

Las resistencias de algunos presidentes de diputaciones gallegas a aceptar la pérdida de independencia en el gobierno de las corporaciones provinciales, exigida por Coalición Galega para apoyar la elección de Gerardo Fernández Albor como presidente de la Xunta, puede bloquear la reelección del candidato de Coalición Popular. El acuerdo de principio entre el PSOE y el PSG-Esquerda Galega para promover un gobierno de progreso, junto con la crisis interna de Coalición Popular, provocan incertidumbre sobre la sesión de investidura que tendrá lugar mañana y en la cual el presidente del Parlamento gallego, Antonio Rosón, propondrá la candidatura de Fernández Albor.

A lo largo del día de ayer, los dirigentes populares negociaron con los presidentes de las diputaciones provinciales -auténticos reinos de taifas dentro de la Coalición- el apoyo y la firma de las exigencias puestas por Coalición Galega para votar a favor de la investidura de Fernández Albor como presidente de la Xunta. El resultado se sabrá hoy, cuando Coalición Popular y Coalición Galega mantengan una nueva reunión.A pesar de haber manifestado su intención de no entrar en pactos de Gobierno, Antonio Díaz Fuentes, presidente de Coalición Galega, manifestó a EL PAÍS: "Tal vez tengamos que reconsiderar nuestra actitud si mañana [por hoy] no nos satisface la respuesta de la Coalición Popular a los seis puntos". "Galicia", agregó, "no puede estar sin Gobierno y, para ello, habrá que hacer algo". Díaz Fuentes se muestra escéptico sobre las garantías que los conservadores puedan dar a las seis medidas solicitadas, "dada la falta de autoridad interna que revelan los procesos congresuales de Alianza Popular en las provincias".

La Coalición Popular tiene ante sí un empeño muy difícil porque las seis medidas solicitadas por los reformistas gallegos vienen a recortar sensiblemente el poder de las diputaciones, sobre el que asientan su influencia algunos de los jefes políticos de la derecha gallega, como Francisco Cacharro Pardo y Victorino Núñez. El primero, presidente de la Diputación de Lugo, ha declarado que se niega al recorte de la autonomía provincial. Y el segundo, presidente de la Diputación de Orense y de uno de los partidos que integran la Coalición Popular, ha sido más contundente al descalificar, en unas declaraciones publicadas en la Prensa gallega, las negociaciones políticas con Coalición Galega, cuyas condiciones consideró que no deben ser asumidas en ningún caso" y tachó de improcedentes.

Gobierno de progreso

Mientras tanto, socialistas y nacionalistas intentan atraer a Coalición Galega a la formación del llamado gobierno de progreso. Los 11 escaños de los reformistas son imprescindibles para superar, junto con los 22 del PSOE y los tres del PSG-EG, los 34 de Coalición Popular.Después de los comicios autonómicos, todo indicaba que iba a ser Fernández Albor el seguro presidente del Gobierno gallego. Para ello necesitaba la abstención de un grupo parlamentario o dos votos afirmativos en la sesión de investidura.

Los profundos enfrentamientos internos, con puñetazos e insultos incluidos -como en la frustrada asamblea de Alianza Popular en Lugo-, unido a cierto distanciamiento entre Gerardo Fernández Albor,y José Luis Barreiro Rivas, secretario regional de AP y ex vicepresidente de la Xunta, impidieron tomar la iniciativa de las negociaciones a la Coalición Popular. Fueron los restantes partidos los que las iniciaron.