Llueve sobre mojado

La sentencia sobre los recargos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) era esperada en los últimos meses por el Gobierno, como ahora aguarda la relativa a las contribuciones. Prueba de ello es que el Ministerio de Hacienda, en el borrador del proyecto de una nueva ley de Financiación de las Corporaciones Locales (véase EL PAÍS del domingo 4 de agosto), había ya eliminado esta posibilidad para los municipios.La decisión de suprimirlo se debió, por una parte, a los fundados temores de inconstitucionalidad, tras dos años de sostener contra viento y marea la perfecta adecuación del recargo a la Constitución, y por otra, al radical cambio en la orientación de la política municipal socialista. El PSOE preconizó desde la oposición e incluyó en su programa electoral de 1982 la necesidad de fortalecer las administraciones locales frente a las autonómicas y frente a la Administración central. Políticamente, fortalecer el poder de los Ayuntamientos era fortalecer el poder del PSOE, que era mayoritario en los mismos.

En función de esta política, el PSOE, en su primer año de gobierno, dictó una ley asumiendo las deudas acumuladas por los Ayuntamientos hasta finales de 1982 (cerca de 150.000 millones), aumentó de forma importante las dotaciones estatales a los municipios (de 1982 a 1985 las corporaciones locales han percibido cerca de dos billones de pesetas) y llevó adelante la polémica ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales, donde se concede a los municipios la capacidad, ahora invalidada por el Tribunal Constitucional, de imponer recargos sobre el IRPF y fijar los tipos de contribución.

Esta política, auspiciada por el ex secretario de Estado de Hacienda José Víctor Sevilla (partidario de que cada ciudadano sufragara los servicios que disfrutaba en su municipio) y apoyada por el equipo de Alfonso Guerra, ha ido cambiando paulatina y radicalmente tras su cese. Las transferencias del Estado a las corporaciones han ido decreciendo en sus incrementos anuales, hasta la práctica congelación para 1986, pese a que otras partidas, como los gastos militares, han crecido sensiblemente. Los Ayuntamientos ya no son prioritarios para el PSOE, aunque sean importantes, al poder ejercer su poder desde la Administración central.

Y es en esta situación de apretarse el cinturón por parte de los Ayuntamientos cuando se produce, para agravar más aún su penuria presupuestaria, la invalidación de los recargos por IRPF y la posible nulidad de los incrementos de contribución. La falta de presupuestos municipales para 1986, debido a que han tenido que esperar a la aprobación por las Cortes de los Presupuestos del Estado, evitará algunos problemas formales. Habrá que cambiar los proyectos, pero no habrá que modificar presupuestos ya aprobados.

En Santander, por ejemplo, según el primer teniente de alcalde y alcalde accidental, el aliancista Javier Arrarte, se había previsto imponer un recargo del 3% sobre el IRPF para la construcción de un nuevo estadio de fútbol en El Sardinero. Los problemas se plantearán con el nuevo recorte en las dotaciones del Estado a los municipios, como consecuencia de las devoluciones, en mayor medida que por la supresión del recargo. En Santander, según Arrarte, se han recaudado por recargos sobre las declaraciones de 1983 y 1984 unos 1.338,6 millones, lo que supone prácticamente un tercio de su presupuesto de inversiones de 1985.