La magistratura italiana amenaza con cerrar los canales privados de televisión

La guerra entre los propietarios de la televisión privada y la magistratura italiana ha estallado por segunda vez tras la amenaza de un juez de Turín, Giuseppe Casalbore, de cerrar todos los canales privados de televisión que transmiten a escala nacional. Se trata de los tres canales de Silvio Berlusconi (Canale 5, Retequattro e Italia 1) y de Antena 3 y Euro TV. En la polémica ha intervenido la Presidencia del Gobierno, que ha recordado a los jueces que no pueden suplantar al Parlamento y decidir cómo debe regularse la televisión.

Es ésta ya la segunda vez que la Magistratura amenaza el futuro de las televisiones privadas. La primera se produjo el 16 de octubre de 1984, apoyándose en un artículo que concede a la RAI el monopolio a nivel nacional y que recorta la actuación de las televisiones privadas sólo al ámbito regional.

Sublevación nacional

En aquella ocasión hubo casi una sublevación nacional de la gente contra los tres jueces que en Turín, Lacio y Abruzos decidieron conjuntamente cerrar los canales privados de televisión. En realidad, según la Constitución, bastaría la decisión de un solo juez para tomar en este campo una decisión a nivel nacional.En aquella ocasión fue el mismo presidente del Gobierno, Bettino Craxi, quien resolvió el asunto en 48 horas, promulgando un decreto-ley que concedia por un año el permiso a las televisiones privadas para que pudieran seguir transmitiendo, en espera de una ley definitiva del Parlamento.

Aquella concesión fue al cabo del año prorrogada por otros seis meses, es decir, hasta el 31 de diciembre pasado. Acabado el plazo, el Parlamento, sin embargo, no se ha puesto aún de acuerdo para la aprobación de una ley, que regule definitivamente la compleja materia de la televisión privada de este país, donde existen ya cientos de cadenas.

La dificultad en aprobar la ley ha dependido también del hecho de que algunas fuerzas políticas no vieron de buen grado la prisa que había tenido el presidente socialista Bettino Craxi en favorecer a las televisiones privadas de Berlusconi, considerado amigo suyo personal y en cuya televisión trabaja una hija del presidente. Ahora que la fecha del decreto ministerial ha prescrito, el juez de Turín ha vuelto a las suyas, anunciando que, si en un espacio de días razonable el Gobierno no resuelve el caso, volverá a firmar el decreto de cierre.

La presidencia del Gobierno ha respondido con una nota en la que se afirma que la Magistratura no puede sustituir al poder legislativo dando normas sobre cómo debe regularse la televisión privada, cosa que compete sólo al Gobierno y Parlamento. El juez Casalbore ha respondido afirmando que él no ha sustituido a nadie, que lo único que ha hecho ha sido aplicar la ley y que no se pueden imputar a la Magistratura las deficiencias y los retrasos del mundo político. La lucha continúa.