Dimisiones en el Tribunal Constitucional

LA RENOVACIÓN reglamentaria del Tribunal Constitucional, iniciada el pasado mes de octubre con el anuncio de la sustitución el próximo febrero de los cuatro magistrados designados en 1980 por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno de UCD, ha quedado perturbada por las dimisiones añadidas de Díez de Velasco y de García Pelayo, presidente del organismo. Dado que el alto órgano jurisdiccional -intérprete supremo de la Constitución- está compuesto por 12 magistrados, será necesario proceder ahora al nombramiento de la mitad de sus componentes, con las consecuencias negativas que podría implicar a corto plazo para el funcionamiento del tribunal la entrada de esos seis nuevos magistrados, preocupados primero y ante todo de familiarizarse con sus futuras tareas. Desde ese punto de vista, las dimisiones anunciadas, justificadas seguramente por razones respetables, merecen las críticas de quienes estiman que no han tomado en cuenta las exigencias de continuidad del alto tribunal.La aceptación libre y voluntaria del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional -una de las funciones más delicadas dentro de nuestro ordenamiento- debería llevar aparejado el compromiso de cumplir hasta el final, salvo caso de fuerza mayor, ese honroso mandato. Si el abandono de Díez de Velasco estuviese motivado -como oficiosamente se ha anunciado- por su deseo de ser juez en Luxemburgo, no resultaría fácil defender que los objetivos de una carrera profesional puedan sobreponerse a los perjuicios causados a las instituciones. La dimisión de García Pelayo (nacido en 1908) parece tener, por su parte, claves relacionadas con el fuerte desgaste al que se vio personalmente sometido con motivo de algunas controvertidas sentencias. El equilibrio de fuerzas dentro del tribunal a la hora de dictar resoluciones como las que resolvieron los recursos de inconstitucionalidad contra la expropiación de Rumasa y contra la ley de despenalización parcial del aborto dio a su voto de calidad, como presidente, la capacidad para resolver el empate, pero también el papel de rompeolas de las más furibundas críticas.

Dado que su Tandato improrrogable como presidente del tribunal -ejercido durante casi seis años con eficacia y dignidad- concluía en julio, García Pelayo ha preferido tal vez que la elección del nuevo presidente coincidiera con la designación de los nuevos magistrados. Con independencia de los motivos personales que avalen la adopción de esa medida, el juicio sobre su controvertida decisión de dimitir también como magistrado dependerá de que su sustitución se produzca antes o después de la votación de algunas importantes sentencias sobre litigios pendientes: entre otros, la cuestión judicial de inconstitucionalidad de Rumasa, el conflicto de atribuciones promovido por el anterior Consejo General del Poder Judicial y el recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica del Poder Judicial.

En cualquier caso, García Pelayo está obligado, por el prestigio del organismo que preside, y también por el suyo personal propio, a dar explicaciones públicas y amplias de su decisión, de una trascendencia indiscutible. Pero sólo gente cegada por el sectarismo podría negar a este maestro de los constitucionalistas españoles y original teórico del Estado su decisiva contribución al funcionamiento de la democracia como primer presidente del Tribunal Constitucional.