La línea de sombra en 1985

LA ASOCIACIÓN pro Derechos Humanos (APDH) ha publicado su informe sobre la situación de las libertades en España durante 1985. La APDH sabe que sus observaciones suelen suscitar la hostilidad de los gobernantes: "no podemos evitar la sensación de ser una voz no grata ni suficientemente comprendida por el entorno oficial al que van dirigidas nuestras críticas y sugerencias". Aunque la ceguera del poder para captar las líneas de sombra de su gestión se prolongue en la sordera para escuchar a quienes las denuncian, cabe esperar, al menos, que el Gobierno no intente convertir en mudos a sus críticos. El eventual recorte de las subvenciones presupuestarias asignada desde 1979 a la APDH sería la prueba mas contundente de que esa sospecha se halla justificada.El Informe anual registra la permanente ofensiva contra la libertad de expresión en nuestro país, derivada en gran medida de la "hipersensibilidad" de los poderes públicos y de su incapacidad para "aceptar las informaciones y la crítica legítima". A finales de 1985, cerca de 200 periodistas se hallaban procesados. La APDH denuncia la desviada utilización de la ley de Protección del Honor para defenderse de la crítica política, tal y como sucediera con las demandas de la Asociación Profesional de la Magistratura contra Pablo Castellano y de José Barrionuevo contra el director de EL PAÍS. Durante este año, la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de Justicia Militar ha elevado 22 mociones al Fiscal General del Estado para pedir el procesamiento de periodistas acusados de presuntas injurias a las Fuerzas Armadas.

El informe se ocupa con detalle de la incontrolada autonomía de los aparatos de seguridad. La APDH recuerda que los gobernantes, al respaldar el espionaje policial de los partidos políticos, transmiten a la sociedad el "mensaje decepcionante" de que "los derechos y libertades públicos no son la base sino la debilidad del sistema". La brecha existente entre los mandatos constitucionales, que encomiendan a los jueces la supervisión de las actuaciones policiales, y el funcionamiento real de la Administración, dominada por el esfuerzo del Ministerio del Interior para conseguir su independencia, no se ha reducido. Los intentos gubernamentales para subordinar al Poder Judicial emplean como vehículos habituales la unilateral selección de los delitos perseguibles, la ocultación de fuentes, la interesada filtración a la Prensa de los atestados, los traslados arbitrarios de los detenidos y la utilización de los mandamientos judiciales como cheques en blanco para los registros domiciliarios o las intervenciones telefónicas.

En idéntico sentido operan las injustificadas detenciones preventivas de ciudadanos que no pasan posteriormente a disposición judicial. Las garantías constitucionales del detenido llegan a ser consideradas por las autoridades gubernativas como simples obstáculos a la labor policial. Sucede así que el imperativo de la asistencia letrada suele ser burlado con diversas añagazas. La aplicación de la ley antiterrorista no hace sino reforzar esa "anormalidad del comportamiento policial" que ha terminado por transformarse "en preocupante y paradójica normalidad estadística". Para la APDH, las acciones terroristas no sólo son condenables "por su propia e intrínseca perversión" sino también porque "sirven de pretexto para desarrollar una política restrictiva de derechos y libertades".

El Informe anual subraya la contradicción existente entre las formulaciones programáticas del Gobierno contra la tortura y su renuencia a la hora de aplicar tales principios. Se tiene a veces incluso la sensación de que las autoridades encontrarían "algún tipo de justificación" para los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente autores de esas condenables prácticas. En esa perspectiva resulta altamente preocupante el reciente rechazo por el Grupo Parlamentario Socialista de una proposición de ley para endurecer las penas contra los responsables de delitos de tortura. Los datos en poder de la APDH tampoco permiten concluir que se hayan dado pasos decisivos encaminados a erradicar la tortura en dependencias gubernativas. Se siguen produciendo, además, "amplias resistencias" en medios oficiales para facilitar las investigaciones judiciales ante denuncias de torturas.

El Informe anual pasa también revista a otras líneas de sombra de la realidad española de 1985: el vaciamiento del habeas corpus en los delitos terroristas y en los delitos militares; la ausencia de una regulación precisa del uso de las armas de fuego por los cuerpos de seguridad y la frecuencia de muertes y lesiones graves producidas por esa causa; la deteriorada situación penitenciaria; los accidentes mortales en el servicio militar y los tratos vejatorios a los reclutas; los aspectos inconstitucionales de la ley de Extranjería y los agravios de los ceutíes y melillenses de origen marroquí; las carencias y los defectos de la ley de Objeción de Conciencia; los abusos contra los menores; el desempleo juvenil; la desviación de recursos productivos hacia gastos militares; la falta de control parlamentario de las exportaciones de armamento. Tal vez esa severa mirada sobre el año transcurrido irrite a quienes, desde la distancia del poder, crean que vivimos en el mejor de los mundos. Sin embargo, el informe puede leerse de una forma muy diferente: simplemente como un programa de las tareas pendientes de la democracia española.