La difícil vuelta a Canarias de los que emigraron a Venezuela

El retorno a Canarias de los que emigraron a Venezuela plantea reiteradamente problemas de nacionalidad de compleja solución. La política de austeridad económica que vive dicho país americano, considerado en el archipiélago como una prolongación del suelo canario, y la aplicación a partir de febrero del próximo año de la ley de Extranjería en territorio español agravan aún más el conflicto legal que afecta a miles de personas que ahora inician el regreso.

El delegado del Gobierno central en la islas, Eligio Hernández, confía en la inmediata aprobación de un decreto que resolvería los problemas de readaptación del emigrante. Por su parte, el cónsul de Venezuela en las islas lamenta algunas "desconsideraciones" de las autoridades españolas hacia los isleños nacionalizados venezolanos y falta de "reciprocidad" en esta materia del Gobierno español con el de su país.Una de las causas del malestar reside en que la legislación española no regula exhaustivamente el caso peculiar de la emigración canaria a Venezuela. La disparidad de criterios de los dos países en materia de nacionalidad provoca que la mayoría de los cerca de 400.000 emigrantes de los que existen (dos generaciones) que constituyen la colonia canaria en el país de Simón Bolívar experimenta a su regreso la sensación de sentirse extranjero en su propia tierra. El hecho de que estas relaciones con Venezuela iniciadas el pasado siglo en condiciones precarias haya configurado unos fuertes vínculos humanos y familiares entre canarios y venezolanos no está previsto en la normativa hispana sobre emigración.

En Tenerife, emigrantes regresados han creado una sociedad (la Casa de Venezuela) que tiene el mismo número de socios, 6.000, que habitantes tiene la isla del Hierro. Cuando el isleño, como se denomina en Venezuela al natural del archipiélago, supera los dos años de residente solicita, por regla general, la nacionalidad venezolana porque se siente verdaderamente asimilado, o para acogerse a los beneficios de que gozan los nacidos allí. Como Venezuela no reconoce la doble nacionalidad, el emigrante pierde la española. De esta forma, podrá gozar en territorio hispano de la doble nacionalidad, que sí reconoce su país de origen, pero que entra en contradicción con la normativa jurídica venezolana.

Contratiempos con el retorno

Los contratiempos comienzan para el canario naturalizado venezolano cuando realiza el retorno. Si hace uso del pasaporte americano será considerado como extranjero y sólo podrá permanecer 90 días, prorrogables a dos meses más. Si se acogiera a su condición de español estaría infringiendo la ley venezolana, que sólo admite la nacionalidad única. Esta irregularidad se acentúa al regresar a Venezuela, porque las autoridades españolas se opondrán a sellar un pasaporte extranjero ya expirado.Como el emigrante no desea perder su ciudadanía venezolana porque su familia está asentada en las dos orillas del Atlántico, se verá inmerso continuamente en este laberinto legal. El cónsul general de Venezuela en Canarias, Jesús Márquez Moreno, opina que el problema es jurídico y humano. Señala, además, que la Administración española no ha correspondido a la de su país en el comportamiento con los emigrantes retornados con pasaporte venezolano.

El delegado del Gobierno en las islas considera que la solución del tema está pendiente de la publicación del decreto que desarrollará el reglamento de la nueva ley de extranjería, de la que es uno de sus principales inspiradores. El representante de la Administración central, magistrado de profesión, había anunciado hace un año como gobernador civil de Tenerife que encontraría la respuesta legal a las numerosas reclamaciones de emigrantes. Un borrador de decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece para los que se acojan a la nacionalidad venezolana un año de permanencia como transeúnte, en territorio español, y en caso de solicitar la residencia, el estatuto de nación más favorecida. Para el supuesto de que se opte por la nacionalidad española se prevé que, en atención a la buena armonía internacional con la legislación venezolana, se vise a la entrada y salida de Canarias el pasaporte venezolano.