El anteproyecto de ley del menor mantiene la edad penal en 16 años

La Dirección General de Protección Jurídica del Menor, del Ministerio de Justicia, comenzará en enero la redacción definitiva del anteproyecto de ley penal del menor. En síntesis, las líneas maestras del anteproyecto provisional mantienen la edad penal en los 16 años -frente a los intentos de elevarla a 18-, crean los juzgados de menores, establecen un proceso con la participación de fiscal y defensor, ahora imposible, y plantean un equipo asesor que propondrá un tratamiento para el menor. También incluyen la posibilidad del perdón judicial y de la famifia sustitutiva. La futura ley modificará las actuales normas, que datan de 1948.

El borrador de la futura ley del menor ha sido elaborado por un equipo de especialistas formado por Claudio Movilla y Luis Calvo, jueces de menores de La Coruña y Palma de Mallorca, respectivamente; Luis Prieto, profesor de Filosofía del Derecho; Perfecto Andrés, magistrado, vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; Juan Manzano, del servicio psicopedagógico de Ginebra, y Asunción Miura, jefa del servicio de inspección del consejo bajo la presidencia de Enrique Miret Magdalena como titular del Consejo Superior dé Protección de Menores.Uno de los miembros del equipo, Perfecto Andrés, se muestra muy crítico con el resultado final del anteproyecto: lo acusa de ser "un montaje" al no respetarse los términos en los que se concibió. Este magistrado lamenta sobre todo que no se haya fijado la edad penal en los 18 años como él y otros miembros del equipo proponían, y cree que en el fondo la motivación es política.

"El Gobierno", afirma, "piensa que esta sociedad, atemorizada y con gran demanda de control social, no va a asumir que los jóvenes de 16 a 18 años vayan a una jurisdicción de menores, sin entender que lo que nosotros hemos propuesto ha sido una respuesta penal a actos concretos".

Perfecto Andrés centra el objetivo en "la necesidad de reconducir las respuestas institucionales al ámbito judicial en las cuestiones estrictamente penales": "Existen dos niveles que actualmente se mezclan y crean una situación de inseguridad jurídica y psicológica al menor, cuando parece claro que lo que no es penal se llama educación, y con un menor de 13 años la única intervención válida es la de asistencia y ayuda". El magistrado insiste en la necesidad de elaborar unos criterios claros que limiten al máximo las posibilidades de intervención judicial.

-En este sentido, el anteproyecto regula la existencia de un equipo asesor, constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social -"otra batalla que libramos"-, cuya función, después de valorar la situación, será proponer una respuesta, y exigirá un razonamiento del juez en caso de discrepar con el informe.

Libertad vigilada

Libertad vigilada y perdón judicial son otras dos novedades del anteproyecto. La primera de ellas es para Andrés "una libertad asistida que se desarrollaría con la creación de unos servicios municipalizados que permitiesen una acción localizada en el medio del menor, a través no de burócratas, como los actuales delegados, sino de educadores de calle y servicios de asistencia social".Entiende además como positiva la creación de estos juzgados de menores "por las características especiales del trabajo" y advierte que no se sustrae al menor al juez natural. El texto incluye también la revocación de la sentencia superado un período de prueba determinado.

Se plantea asismisino la figura de la familia sustitutiva para el menor, como ocurre en otros países, "porque hay que perder el respeto al vínculo de paternidad biológica", afirma el magistrado, "y no queríamos escatimar esta posibilidad". El anteproyecto concede al menor, transcurridos dos años, la decisión de continuar o no con esa familia. En cuanto al modelo de proceso, es, en su opinión, "muy sencillo, y por ese afán de hacer desaparecer al juez como figura sacerdotal y evitar juzgar la personalidad del menor, está planteado para resolverse con una simple presencia ante el juez, donde se analizaría el hecho delictivo concreto".

También muestra sus reservas al texto del anteproyecto Pilar Luna, abogada de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Jóvenes y Menores, quien afirína que a vecesSe encuentra con niños de Dickens", y entiende que el borrador supone "un auténtico proceso al menor, que le considerará culpable por los delitos que cometa y a quien se castigará con penas privativas de libertad".

Pilar Luna critica la libertad vigilada y el perdón judicial al negarse éste para el menor que reincide, sin poner en cuestión la línea educatíva de las instituciones en las que están los menores". Entiende como anticonstitucionales y contrarias a los principios penales algunas de las, medidas, entre ellas ,que "en el derecho español el menor es inimputable (carece de responsabilidad) y en el anteproyecto esto es la excepción".

Pilar Luna considera el anteproyecto como represivo, al castigar los comportamientos infantiles con penas; y entiende que prima el respeto a la propiedad privada sobre los criterios educativos: "Permite a un particular que resulte dañado por la acción de un menor exigirle responsabilidades civiles ante tribunales ordinarios". Luna cree que es "una ley hecha para el menor sin contar con el menor".

Adolfo Barreda, abogado tambíén de la coordinadora, opina al respecto: "Aunque en el anteproyecto se afirma una voluntad pedagógica, en el desarrollo de la ley se prima el aspecto punitivo cuando además hoy no se cuenta con medios y estamos viendo todos los días cómo los menores huyen de los centros o se convierten en delincuentes".

El director general de Protección Jurídica del Menor, Enrique Miret Magdalena, es el único que defiende el contenido del anteproyecto. En su opinión, afronta la edad penal "desde un punto de vista realista", y opina que "momentáneamente no se debe elevar la edad penal a los 18 años, aunque se podría rectificar después".

Postura nociva

Miret enmarca el anteproyecto en "los actos sociales negativos que cometen los menores y que no se califican como delitos, porque lo que nunca se debe hacer es juzgar su culpabilidad, sino afrontar la postura nociva para el muchacho y para la sociedad y plantear la recuperación educativa".También opina que la política de la dirección general ha sido la de "mantener al menor en su propia familia". "Y, si esto no era factible -defendemos la familia, pero no el mito de la familia biológica- fomentamos el acogimiento familiar y una posible adopción", afirma. "La última posibilidad es el internamiento, siempre y cuando estos centros se construyan subdivididos en pequeños hogares, ya que el comienzo de las actítudes antisociales viene siempre por carencias familiares".