España puede ser líder del sector pesquero

El análisis de la actual política pesquera comunitaria muestra claramente el lento proceso de creación de dicha política y su reciente estructuración, hecho que supondrá un plazo de una década para su reformulación y que condiciona en algunos aspectos los períodos transitorios introducidos en el acta de adhesión en el capítulo de pesca.En apretada síntesis, cabría calificar la política pesquera de la CEE como muy desarrollada en materia de gestión y control de los recursos pesqueros en las aguas comunitarias y con un fuerte apoyo financiero para la mejora de las estructuras pesqueras comunitarias, entendidas en un sentido amplio que abarca desde la pura actividad extractiva hasta los procesos de transformación y comercialización. En contraposición, frente a estas dos facetas, existe una línea de proteccionismo notable para los aspectos mercantiles que se traduce en una asistencia importante a las defensas de las cotizaciones en los mercados en beneficio del productor pesquero, instrumentada tanto en los niveles de precios en la primera venta como en la barrera arancelaria y de nivel introducidos en fronteras.

Por lo que respecta a la política de relaciones pesqueras internacionales en la Comunidad Europea, hay que destacar su escaso desarrollo, resaltando la falta de acuerdos pesqueros firmados con terceros países y la proliferación, en cambio, de acuerdos meramente preferenciales sin contrapartida de actividad pesquera para los buques comunitarios. Da la impresión que esta política significa, en gran parte, una especie de abandono de un intento coordinado de desarrollar las flotas pesqueras comunitarias y la actividad extractiva de las mismas en aguas de terceros países, tema que con toda seguridad exigirá un replanteamiento a medio plazo con la entrada de España y Portugal en la CEE.

En cuanto al proceso de adhesión a la política pesquera de la CEE, se puede considerar que el esfuerzo negociador más importante se ha producido en el aspecto de las pesquerías en aguas comunitarias. Los resultados son, obviamente, notables, ya que la continuidad en condiciones favorables de rentabilidad de la flota española que tradicionalmente faena en estas aguas parece asegurada hasta la fecha de la posible reformulación de la política pesquera comunitaria en la década de los noventa. La configuración del esquema de acuerdo para la flota española de arrastre y palangre que faena en aguas comunitarias, en base a un censo de 300 buques y una presencia simultánea de 150 buques en los caladeros comunitarios, significa en términos prácticos doblar el nivel actual de licencias de pesca, hecho que se corresponde con la asignación de un cupo de capturas congruente con este incremento de actividad. En un segundo plano del esfuerzo negociador se sitúa el aspecto de integración de los mercados pesqueros. Llama la atención comprobar que sólo existen dos elementos de transitoriedad en un esquema tan amplio de relaciones económicas: estos elementos corresponden a la sardina y al boquerón o anchoa. El resto de los aspectos de integración de los mercados pesqueros comunitario y español conduce prácticamente a una estructura de integración inmediata, desde la fecha de adhesión.

La aceptación global por parte de España de la política de estructuras comunitaria ha de interpretarse como una valoración positiva de los esquemas de ayuda financiera y objetivos que comporta esta política común para España.

Nuestra valoración, recogida con mayor amplitud en un artículo publicado en el número 25 de Papeles de Economía Española, es optimista, a medio plazo, respecto del acuerdo de integración en materia pesquera, si bien dependerá del esfuerzo político que en el tratanúento de estos temas se haga por parte del Gobierno español en los próximos años. Asirriísmo, con un toque realista relativo al proceso inmediato a la adhesión, se resaltan los problemas que en principio se pueden plantear por la aplicación del IVA y por la desaparición de algunas ayudas al sector pesquero consideradas incompatibles por la Comunidad. En conjunto, la pesca española se ha integrado en condiciones favorables dentro de la Comunidad, y España tiene respecto a la política común en el sector pesquero una posibilidad, a medio plazo, de liderazgo en Europa.

Miguel Oliver es secretario general de Pesca Marítima.