Espiral de violencia

EL ASESINATO en Pamplona de Juan Atarés Peña -general de brigada de la Guardia Civil en la reserva- es un siniestro recordatorio navideño enviado por ETA Militar al Gobierno socialista, a las instituciones autonómicas del País Vasco y de Navarra, a las Fuerzas Armadas y a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tras las emociones suscitadas en amplios sectores de la población por el hallazgo del cadáver de Mikel Zabalza y por la energuménica comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, los terroristas tratarán seguramente de presentar su crimen como una represalia política o como una venganza justiciera. Sin embargo, sólo los miserables que acepten la vergonzosa doctrina según la cual resultaría moralmente lícito discriminar, en función de la ideología de los verdugos y de las víctimas, entre las personas muertas en ese tipo de atentados podrían admitir esa coartada.Como ya indicamos en un comentario anterior (véase EL PAÍS del 19 de diciembre), los resultados de la autopsia del joven navarro no desmintieron la versión oficial dada por el Ministerio del Interior. Aunque no quepa establecer como un hecho indiscutible que Zabalza murió accidentalmente en su intento de cruzar el Bidasoa a nado, y aunque la circunstancia de que el fallecido tuviese las manos esposadas siembra considerables dudas sobre esa hipótesis, sólo la instrucción de las diligencias sumariales y el eventual pronunciamiento de los tribunales podrían invertir de signo la actual presunción de inocencia que protege a sus guardianes. Sosiéguense el ministro del Interior y aquellos de sus colegas de Gobierno que muestran ahora una hipócrita indignación ante el hecho de que otros ciudadanos sigan manejando todavía las hipótesis que les impidieron conciliar el sueño durante más de dos semanas. El Defensor del Pueblo, que levantó acta de las irregularidades cometidas en el cuartel de Intxaurrondo al aplicársele la ley antiterrorista al desventurado Zabalza, y el fiscal general del Estado, que se mostró muy cauto al pronunciarse sobre el caso, no son amigos de los asesinos, torturadores y extorsionistas de las bandas terroristas, aunque así lo insinúe el ministro Barrionuevo.

El frío asesinato del general Atarés indica la voluntad de ETA de regresar a los viejos planteamientos de provocación criminal y de manipulación de sentimientos que alimentaron su estrategia durante la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Se trata, en última instancia, de utilizar los errores del Gobierno democrático para relanzar una ofensiva de terror que ponga de nuevo en marcha la espiral de la violencia, organice movilizaciones sociales de adhesión o de protesta, frene la reinserción social de presos y exiliados, enfrente al PNV y al Gobierno de Vitoria con el PSOE y con el Gobierno de Madrid y aumente el distanciamiento entre la sociedad vasca y las instituciones democráticas. Que los terroristas respondan a la muerte de origen incierto de Mikel Zabalza con el asesinato del general Atarés muestra la profundidad de su degradación política y moral, pero no autoriza a los medios oficiales a preparar las condiciones psicológicas para linchar a quienes discrepen de sus planteamientos sobre la lucha antiterrorista.

El Estado de Derecho no debe nunca utilizar ese infame lenguaje. Recordemos, por otro lado, que los atentados de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra dirigentes, militantes o simpatizantes de ETA con residencia en Francia no han hecho sino contribuir a esa envilecida táctica de enfrentar cádaveres frente a cadáveres. Las sangrientas aplicaciones de la ley del Talión no sólo resultan incompatibles con los supuestos eticopolíticos sobre los que descansa una sociedad civilizada, sino que, además, actúan como balones de oxígeno para las debilitadas estructuras del terrorismo. La amenazada unidad política y organizativa de los violentos y la socavada solidaridad emocional para su causa de significativos sectores de la comunidad nacionalista, dos hechos indiscutibles hasta la muerte de Zabalza, recibirían una ayuda inestimable de sucesos externos que pusieran en duda el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Porque la tolerancia gubernativa hacia las torturas, la práctica de represalias generalizadas a cargo de incontrolados (como ocurrió el pasado domingo en Pamplona) o declaraciones como las realizadas últimamente por el torpísimo Barrionuevo trabajan en favor del terrorismo.

Era una opinión generalizada que ETA pasaba por sus horas más bajas. La colaboración de las autoridades francesas había dispersado el grupo dirigente de la banda terrorista, reducido en grado notable la impunidad con que sus miembros se movían en el santuario transpirenaico y mermado su capacidad operativa para la destrucción y la muerte. La reinserción social de la plana mayor de ETA Político-militar y de algunas personalidades de ETA Militar, tan prestigiosas como Yoyes, había desactivado parcialmente la eficacia emotiva del principio de solidaridad con los presos y los exiliados, ganando seguidores para la democracia y dividiendo a los violentos. La menor potencialidad desestabilizadora de los atentados terroristas y el arraigo de las instituciones vascas de autogobierno limitaba considerablemente el margen de maniobra de ETA y aumentaba su aislamiento social.

Cabe temer que la muerte de Zabalza, las paranoicas reacciones del Gobierno socialista ante el descubrimiento de su cadáver y el asesinato del general Atarés detengan o incluso inviertan esa tendencia. Al Gobierno se le ha ido de las manos, y en el espacio de un mes, todo el proceso político del País Vasco.