Medio centenar de juristas solicita al poder judicial que convoque unas jornadas sobre las corruptelas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Antonio Hernández Gil, estudia, a propuesta de medio centenar de profesionales del derecho, la convocatoria de unas jornadas nacionales sobre el tema Las corruptelas en los tribunales y sus remedios, con participación de los sectores implicados. Entre los magistrados de la asociación Jueces para la Democracia promotores de esta iniciativa, Manuela Carmena resaltó a EL PAÍS la importancia de que "un poder del Estado, el judicial, asuma, estudie y trate de remediar los defectos existentes en su seno".
La iniciativa se gestó en una reunión a la que asistieron profesionales del derecho progresistas, en su mayoría jueces y secretarios de juzgados. Entre los presentes se encontraban dos vocales del órgano de gobierno del poder judicial: Francisco Huet y Manuel Peris. Este último, vicepresidente del Consejo, expresó la conveniencia de promover en la justicia una democracia participativa. "Del mismo modo que existen juntas anti-OTAN, es preciso un movimiento ciudadano contra la corrupción en la justicia", afirmó.El documento elaborado a partir de aquella reunión recuerda que la administración de justicia está configurada como un servicio público y que la actividad laboral de sus empleados merece "decorosa y apropiada retribución, pero a cargo de los presupuestos del Estado y no del patrimonio de los ciudadanos". También recuerda a quienes justifican las corruptelas económicas como método de agilización de la justicia, que "la idea, absolutamente rechazable, de que el desenvolvimiento regular de los juzgados depende de los estímulos pecuniarios aportados por los particulares a los empleados asistenciales, olvida que un organismo judicial no es una empresa mercantil con finalidad de lucro y que los funcionarios no son comisionistas de los pleitos".
Los firmantes del escrito hacen una descripción de la situación actual. "Mientras se espera el completo remedio de las anomalías indicadas, dentro del ámbito forense sucede", dicen, "que la rueda de la rutina, por una parte, y la apatía, por otra, generan trabas sin cuento en esta andadura transitoria". El diagnóstico es éste: "si el uso inveterado e irregular constituye muro de lenta demolición, la desgana supone inmejorable freno para detener un planteamiento de cambio".
Resistencias al cambio
Los primeros balbuceos para solucionar el problema, realizados durante la etapa del anterior CGPJ, y las resistencias que originaron, son objeto de análisis en otra parte del documento, en la que se asegura que "el confusionismo y la crispación de los ánimos complican todavía más el estado actual del problema".La descripción es pesimista: "Las Juntas de Jueces ofrecen acuerdos no debidamente respetados en la práctica por todos sus integrantes; un sector del secretariado aduce disconformidad con el tratamiento gubernativo otorgado al capítulo de las diligencias judiciales a desarrollar fuera de las sedes de los órganos jurisdiccionales; algunos abogados y procuradores expresan también su descontento al respecto; la mayoría del colectivo asistencial no acepta la filosofía de las premisas contenidas en las decisiones del Ministerio de Justicia y, asimismo, estima los reportajes periodísticos publicados como afrentosos y peyorativos para el grupo; y los justiciables están desconcertados".
Los firmantes del documento consideran que sería lamentable que el actual CGPJ no adoptara, durante su mandato, las medidas pertinentes para combatir las corruptelas. En este sentido, recuerdan que el presidente del anterior CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles, declaró al término de su mandato, que el Consejo no había podido erradicar las disfunciones pecuniarias de los tribunales y que éste era uno de los desaciertos del Consejo saliente.
Por último, justifican su propuesta de convocatoria de unas jornadas de trabajo en el hecho, que consideran obvio, de que "para eliminar estas anomalías se impone la conjunción de todas las fuerzas".
Consideran que las jornadas, con participación de magistrados, jueces, secretarios, abogados, procuradores, miembros de los sindicatos del funcionariado, médicos forenses, peritos, etcétera, constituirían "un magnífico punto de partída para conocer el presente estado del problema, su alcance y gravedad, así como para programar las respuestas". Ningún núembro de uno de los colectivos más directamente relacionado con las corruptelas, el de los procuradores, ha suscrito el documento.
