El director de prisiones rechaza la reforma del reglamento penitienciario

Andrés Márquez, director general de Instituciones Penitenciarias, opina que los últimos conflictos surgidos en algunas cárceles españolas no suponen la existencia en ellas de problemas de seguridad. Márquez rechaza la reforma del reglamento de prisiones, y dijo ayer que va a exigir el estricto cumplimiento del mismo, porque "garantiza absolutamente la seguridad en los centros penitenciarios".

El director general de Instituciones Penitenciarias reconoció que la seguridad en las prisiones es un asunto complejo. Agregó que el reglamento penitenciario no va a ser reformado, contra lo que han solicitado algunos sindicatos de funcionarios de prisiones, "ya que ello supondría una desviación de la política penitenciaria diseñada por el Ministerio de Justicia".En cuanto a la investigación sobre los sucesos acaecidos en Granada el pasado día 30, que acabaron con la vida de dos guardias civiles, presuntamente a manos del interno Antonio Maya, Andrés Márquez no quiso aventurar la decisión que adoptará con los responsables de la prisión, ya que el asunto continúa en estudio.

Sin embargo, el director general de Instituciones Penitenciarias, adelantó que la junta de régimen de la prisión granadina levantó a Antonio Maya, considerado como un interno peligroso, el régimen impuesto por el artículo 10 del reglamento. Este hecho permitió a Maya acogerse a un régimen de menor control.

Antonio Maya había llegado a Granada unos 10 días antes procedente de la prisión de Ocaña (I), para cumplimentar unas diligencias judiciales.

La decisión de suprimir el artículo reglamentario que le había sido aplicado anteriormente trajo consigo el que Antonio Maya -acusado de robo con homicidio- no regresara a la prisión de régimen cerrado de Ocaña (I), centro más adecuado para internos peligrosos, según el director general de Instituciones Penitenciarias.

La decisión de retirada del artículo 10 del reglamento de prisiones la toma la Junta de Régimen de Administración de la prisión, presidida por el director del centro, previo informe del equipo técnico (formada por un criminólogo y un psicólogo, entre otros) y con la autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria.

Según Andrés Márquez, la población reclusa española es actualmente de unos 23.550 internos, la más alta en los últimos 20 años. El número de funcionarios es de unos 7.500.