Pinochet, contra todos

TRES ACONTECIMIENTOS importantes han tenido lugar en las dos últimas semanas en Chile, que no son simplemente la repetición de las movilizaciones que se vienen sucediendo en los últimos años. Se trata de hechos con una significación política de largo alcance y que indican con toda probabilidad cierto viraje en la evolución del país. El primero es la manifestación gigantesca que tuvo lugar en Santiago el 21 de noviembre, con la participación de más de medio millón de personas; un acto cívico sin precedentes, que permitió plasmar la unidad de las fuerzas democráticas, de derecha y de izquierda, en tomo al objetivo del restablecimiento de la democracia. Después de ese acto no puede caber duda sobre los sentimientos profundos de la ciudadanía chilena. Desde esa manifestación se puede decir que las fuerzas de la oposición, con el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, firmado en agosto pasado, constituyen en cierto modo el polo del futuro poder. Ese acuerdo fue en gran parte preparado gracias al apoyo de la Iglesia. Sus firmantes son las fuerzas políticas de derecha y del centro -en particular la Democracia Cristiana- con un sector socialista; pero la izquierda, agrupada en torno al Partido Comunista en el Movimiento Democrático Popular, si bien propugna una táctica distinta, apoya de hecho el acuerdo y participó plenamente en la manifestación del 21 de noviembre.Esta consolidación de la oposición ha tenido consecuencias sustanciales en el terreno de las relaciones exteriores. Los embajadores de los países de la Comunidad Económica Europea han empezado a mantener relaciones públicas con los líderes de la oposición. En este orden, el hecho más importante es la decisión de Washington de relevar a su embajador en Santiago, James Theherge, un ideólogo ultraderechista con una simpatía manifiesta por la dictadura pinochetista, sustituyéndolo por un diplomático profesional, Harry Barnes, cuyas primeras gestiones han causado cierta sensación, ya que se ha entrevistado con dirigentes conocidos de la oposición moderada. Estados Unidos empieza a sentir la necesidad de tener en cuenta tanto una realidad latinoamericana marcada por el avance de la democracia como los síntomas de cambio en la propia realidad chilena.

El segundo hecho notable ha sido la declaración del general Fernando Matthei, jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de Gobierno, en la que se pronuncia a favor de aceptar las conversaciones con los partidos de la oposición. Es cierto que en el seno de la Aviación se han producido en varias ocasiones actitudes de discrepancia con Pinochet, lo que dio lugar a medidas de destitución. El caso más conocido fue el del general Leigh, en 1978, que era miembro de la Junta de Gobierno en nombre de la Aviación. Sin embargo, detrás de la última declaración del general Matthei hay una toma de posición mucho más elaborada que en otras ocasiones; cuando se hizo público el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, los mandos de Aviación encargaron a un grupo de juristas de su confianza un estudio sobre la virtualidad de esa propuesta. El dictamen fue favorable, y el general Matthei ha expresado una opinión no personal, sino discutida y aprobada con otros jefes. En el Ejército y la Marina la situación no es la misma, y si Pinochet se mantiene, es sobre todo gracias a los sectores militares que le siguen apoyando. Pero se abren grietas. El caso más serio es el del general Benavides, que representaba al Ejército en la Junta de Gobierno, y que ha sido destituido recientemente porque era partidario asimismo de abrir negociaciones con la oposición sobre la transición a la democracia.

En este marco se ha producido el tercer acontecimiento que conviene subrayar: las declaraciones de Pinochet anunciando que está decidido a mantenerse en el poder después de 1989, fecha que él mismo había fijado, en la Constitución preparada a su medida y sometida a referéndum, para iniciar un proceso hacia elecciones democráticas. Sus declaraciones dan la sensación de un hombre cortado de la realidad, encerrado en una especie de demencia de poder y que confía en un aparato de represión cruel e implacable para seguir gobernando a su antojo. Es evidente que esas manifestaciones van dirigidas primordialmente a los miembros de su propio sistema gobernante, militares y civiles, que empiezan a desmarcarse y a pensar en soluciones negociadas con las fuerzas democráticas. Muchos consideraban que la fecha de 1989 era demasiado lejana, que sería imposible resistir tanto tiempo la presión de un país que ya no soporta la barbarie dictatorial. Ahora Pinochet hace saltar esa fecha y lo que ofrece es su poder indefinido. Ello radicalizará, lógicamente, las actitudes de la oposición, al tiempo que los sectores de derecha partidarios de negociar con Pinochet se quedan ahora sin argumento. Incluso en círculos próximos al dictador puede empezar a cundir la convicción de que, descartada una transición gestionada por el propio Pinochet, es imprescindible buscar otras salidas.