Neutralizar los vertidos industriales

Los informes previos realizados como soporte de la redacción del PCARI señalan que en Madrid se producen anualmente alrededor de 500.000 toneladas de residuos industriales. De ellas, unas 340.000 toneladas corresponden a lo que se denominan residuos industriales inertes -vidrios, escombros, escorias, etcétera- y otras 89.000 a residuos asimilables a los urbanos. En ambos casos, su impacto contaminante es menor y a menudo puramente visual. No representan graves peligros sanitarios y, por lo general, admiten un tratamiento similar al de los residuos urbanos y pueden ser depositados en vertederos corrientes aunque sujetos a algunas medidas de control.Los verdaderamente peligrosos son los residuos que forman el paquete de las 64.200 toneladas. De dicho total, 17.100 toneladas corresponden a productos susceptibles de incineración (sólidos o fangos con grasas, cianuros sólidos o restos de tenerías); otras 4.900 toneladas son aceites diversos y emulsiones aceitosas; 35.100 toneladas de residuos necesitarán inevitablemente ser neutralizadas en una planta físico-química (fundamentalmente subproductos como ácido clorhídrico, sulfúrico o nítrico, baños alcalinos o con sales metálicas). Por último, se han contabilizado otras 7.100 toneladas de residuos susceptibles de ser depositados en un complejo especial, denominado depósito de seguridad, que albergaría fangos impregandos de metales, grasas no incinerables, asbestos y amiantos, entre otros.

Los técnicos de la comunidad y de los Ayuntamientos más afectados por la contaminación industrial, que coinciden con los grandes núcleos del Área Metropolitana, Móstoles, Getafe, Leganés, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, por citar algunos, han rastreado empresa por empresa, a menudo venciendo las resistencias de sus responsables, para conocer con la mayor exactitud los productos generados, por cada una, su grado de toxicidad y el tratamiento empleado para su neutralización. Las. conclusiones generales han sido muy pesimistas. Son muy pocas las empresas que se han preocupado por instalar sus propios sistemas de depuración que, por otra parte, con cierta frecuencia no funcionan a pleno rendimiento.

Rodolfo García-Pablos, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, afirmó que la falta de una legislación clara, incluso en su aspecto represivo, y la política empresarial de no destinar fondos a gastos improductivos, ha propiciado que la mayor parte de las industrias optaran simplemente por arrojar sus desechos a vertederos incontrolados o directamente a los ríos de la región.

Técnicos de las administraciones autónoma y municipal han detectado numerosas empresas que, por su volumen de residuos y la peligrosidad de los mismos, requieren una atención especial. Son los casos de Uralita, en Getafe; de Cervezas El Águila, en San Sebastián de los Reyes; de Uribarri, en Arganda del Rey, de la papelera La Paquita, en Villanueva de la Cañada, por citar algunas. Al margen de estos casos individuales, es particularmente grave la contaminación registrada en la vega del Jaraina, el corredor Madrid-Guadalajara y la zona industrial del sur del Area Metropolitana.

La empresa Uribarri se dedica al reciclaje de aceites pesados, y genera un subproducto de unas 1.000 toneladas anuales, que arroja a una parcela situada en el término municipal de Arganda del Rey, en un terreno rico en agua, surcado por vetas fluviales y lagunas, muy vulnerables a las filtraciones tóxicas. Agustín Orellana, concejal de Sanidad de Arganda del Rey, afirmó que hace cerca de tres años se obligó a la empresa a la construcción de una pequeña depuradora, que ha reducido en parte la contaminación. El concejal añadió que las relaciones con la empresa han sido siempre muy tensas y frías.

En unas declaraciones a Radio El País, un portavoz de la empresa aseguró que no había ningún peligro de contaminación, y puso como ejemplo el hecho de que no se hubieran detectado problemas entre los trabajadores empleados.

Fernando Garcés, director del centro municipal de salud de Alcalá de Henares, expuso que la situación en todo el municipio ha mejorado bastante desde que el Ayuntamiento puso en marcha el Plan de Saneamiento Integral. En Alcalá se habían detectado empresas como la americana Merck SD, que genera residuos potencialmente cancerígenos que ni siquiera pueden ser conducidos a una depuradora corriente, o la industria Química Sintética, particularmente peligrosa por estar situada en el casco urbano, con lo que sus aguas residuales son arrojadas al alcantarillado urbano. La construcción del colectores específicamente para canalizar los residuos industriales ha permitido la recuperación de un tramo de 35 kilómetros del río Henares, completamente contaminado hasta hace dos años, y donde ahora se celebran campeonatos de pesca. Aun así, los colectores, aunque más abajo, siguen vertiendo los residuos tóxicos al río. Es el caso de la ya citada papelera La Paquita, que vierte directamente a un tramo del río Guadarrama utilizado hasta hace poco como lugar de baños y asueto por los vecinos de Villanueva de la Cañada y los pueblos cercanos.

Aire y agua

García-Pablos insiste en que los residuos industriales tóxicos no pueden estar en contacto con el aire ni con el agua, y menciona el caso de Uralita, una de las grandes empresas de Getafe, que durante años ha depositado y deposita al aire libre, en su propia parcela, toneladas de residuos de fibras de cementos en los que se han detectado asbestos, material potencialmente cancerígeno, que forman verdaderas montañas visibles desde el exterior. Fuentes municipales de Getafe confirmaron que, aunque no se tienen datos concretos sobre el nivel de contaminación o qué empresas en concreto contaminan, la situación en general es preocupante, desde el momento que las industrias no están sometidas a control. Las metalúrgicas, de recubrimientos metálicos, las químicas, las alimentarias y las de papel y artes gráficas son las ramas industriales con mayor potencial contaminante.

La Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente ha planeado, a través del PCARI, tres grandes proyectos dirigidos a neutralizar los vertidos industriales incontrolados: el depósito de seguridad, la planta físico-química y la planta de incineración, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. El depósito de seguridad, el primero de los tres puntales del programa, está teniendo serios problemas por la oposición del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y otros de la comarca, así como de organizaciones ecologistas y entidades ciudadanas que se niegan a que se instale en el término municipal.

Celdas subterráneas

La planta físico-química se construirá en el complejo de la depuradora de Veldebebas y requerirá una inversión de casi 240 millones de pesetas. Los productos serán neutralizados y saldrán de allí, o bien en forma líquida, para seguir el proceso normal de depuración de los residuos urbanos, o en forma de pasta, para ser ubicados en el depósito de seguridad. Este último requiere una inversión de 632 millones de pesetas y, como explicó García-Pablos, no consiste simplemente en enterrar los residuos y olvidarse de ellos. El depósito, según el croquis de las instalaciones, constará de varias celdas subterráneas, absolutamente aisladas del terreno circundante mediante capas de arcilla especialmente adecuadas por su impermeabilidad y planchas de polietileno de alta densidad, dispuestas en franjas sucesivas. Las celdas están situadas en galerías que permiten la visita de los técnicos de seguridad.

La planta de incineración significará una inversión de 650 millones de pesetas, pero aún no está determinada ni siquiera su ubicación exacta. Al margen de los residuos destinados a cada uno de los tres centros, queda pendiente el problema de los productos no admisibles en el depósito. Entre ellos se encuentran los residuos radiactivos, de los que se hará cargo una empresa nacional que centraliza la recogida de los producidos en toda España.

En resumen, el PCARI, que incluye también el sellado de vertederos incontrolados y sistemas piloto de recuperación de residuos, supone una inversión de casi 2.000 millones de pesetas, que serán costeados por organismos públicos.

Las organizaciones ecologistas, sin embargo, insisten en que el tratamiento de los residuos no puede llevarse a cabo desde una óptica administrativa y economicista, sino que es imprescindible la sensibilización y vigilancia de la población y la adopción de medidas de control a todos los niveles. Citan, como ejemplos claros, que mezclados con los residuos urbanos normales, diariamente se vierten en vertederos situados en descampados o a lo largo de las carreteras comarcales desechos de baja radiactividad procedentes de empresas farmacéuticas u hospitales, líquidos tóxicos de talleres y empresas medianas o residuos sólidos contaminantes.