La Generalitat pagó un acto en Londres con la tarjeta de un 'conseller'

La Generalitat financió los costes del seminario Investment and bus¡ness in Catalonia, que se celebró el pasado día 21 de noviembre en Londres, con la tarjeta de crédito American Express del conseller Francesc Sanuy. Esta insólita situación arranca de la decisión de Gerardo de Burgos, director general de Transacciones Exteriores, de denegar el contravalor en libras de 3,5 millones de pesetas a la Generalitat, "dado que el seminario incide sobre el fomento de la inversión extranjera, al ser esta función competencia exclusiva de la Administración".El seminario fue un éxito de asistencia: más de 300 personas y gente en la calle, y asistencia del ministro de Estado para Comerc¡o, Paul Chanon, y del embajador José Joaquín Puig de la Bellacasa. La Generalitat estuvo representada por los titulares de Industria, Joan Hortalá, y Comercio y Turismo, Francesc Sanuy.

A pesar del tono oficial del acto y de su relevancia económica, el Gobierno no rectificó por escrito la denegación de divisas, a pesar de que Luis de Velasco, secretario de Estado para el Comercio, y Guillermo de la Dehesa, secretario general de Comercio, se mosiraron favorables a encontrar una solución para estos casos, que sirviera de pauta futura. Sin embargo, no llegó notificación escrita a la Generalitat de Cataluña sobre el tema.

Lo curioso del caso es que un experto en control de cambios, asistente al seminario desarrollado en el hotel Mayfair de Londres, realizó un dictamen para la institución autonómica en el que se analiza la normativa legal reguladora en materia de control de cambios, y en concreto la orden de 14 de septiembre de 1979 sobre liberalización exterior en materia de operaciones invisibles corrientes.

En el preámbulo expositivo de motivos de la citada orden, el legislador explica que el fin que persigue es establecer con carácter general una liberalización en materia de operaciones invisibles corrientes que sustituya la técnica de autorización administrativa previa por la simple verificación de la regularidad y autenticidad de las operaciones. Con ello se perseguía agilizar la burocracia administrativa y liberalizar el rígido sistema de control de cambios existente en España.