El cheque que nos da Europa

La Comunidad Económica Europea desarrolla sus políticas, ejecuta sus inversiones y proyectos con un presupuesto que rondará el próximo año en torno a los 4,62 billones de pesetas, cantidad todavía en el alero porque la propuesta restrictiva del Consejo de Ministros se ve contestada por el Parlamento y la Comisión Europea. Es, sin duda, una cifra modesta, que no alcanza el 3% de la suma de los presupuestos de los 12 países comunitarios. Dos tercios de estos recursos los absorbe la política agraria común (PAC), el gigante de las acciones sectoriales del Mercado Común.La Europa comunitaria ha asistido a un proceso en el que las diferencias entre regiones ricas y pobres no han cesado de ensancharse. Para corregir estos desequilibrios, el Tratado de Roma previó ya una serie de mecanismos que aportarían recursos especiales a las regiones más atrasadas. La crisis de los setenta demostró que las ayudas de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), del Fondo Social Europeo (FSE) y los préstamos ventajosos del Banco Europeo de Inversiones eran insuficientes. El proyecto de lograr la unión económica y monetaria, surgido de la cumbre de 1972, dio paso a una nueva generación de mecanismos de cooperación entre los que sobresale el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que en 1984 consumió el 7,8% del presupuesto comunitario. Aunque las ayudas estructurales de la CEE, que tienen un carácter complementario, se han multiplicado por siete en los últimos 10 años, representan todavía una cantidad modesta, pues la Comunidad destina escasamente un 20% del total de su dinero para poner fin a las desigualdades internas.

Más fondos

España ha elaborado para el próximo año un Presupuesto B, en el que se recogen las cuentas con la Comunidad. De los 214.058 millones de pesetas de gastos previstos, 53.100 millones corresponderían a los fondos estructurales de ayuda girados por Bruselas y 72,000 millones a las intervenciones para garantizar los precios agrícolas y pesqueros. Se trata de una, cifra conservadora y "ampliable". Por un lado, España tendrá que aportar bastante más de los 133.400 millones calculados inicialmente. Pero también el Gobierno, a pesar de la amenaza del déficit público, porque cada financiación comunitaria exige otro tanto de prestación del Estado, aspira a obtener más de 150.000 millones sólo de los fondos estructurales, como vía para lograr un equilibrio entre lo que España aportará al Mercado Común y lo que recibirá a cambio el próximo año. Sólo en el futuro, finalizado el período transitorio -de 7 o 10 años, según sectores-, España será beneficiaria neta, fundamentalmente por el saldo fuertemente positivo que recibirá la agricultura.

El pasado 15 de julio, agotando el plazo, el Gobierno presentó en Bruselas el Prowama de Desarrollo Regional en el que fundamenta su petición de regiones beneficiarias y los proyectos que han de ser subvencionados por el Feder. España se inscribe en el plan trienal 1985-1987, y por eso el director general de Planificación, Julio Viñuela, confía en obtener ayuda retroactiva para planes comenzados este año. Los proyectos públicos. de desarrollo presentados suman inversiones de 323.579 millones de pesetas, de las que 100.400 millones se realizarían en 1986 y 67.153 millones ya están en marcha.

Por la cuantía de las ayudas financieras, Andalucía y Castilla y León serán las comunidades más beneficiadas, mientras que transportes, carreteras, Renfe, Enagas y obras hidráulicas constituyen los sectores privilegiados. El problema planteado por las autonomías, que quieren presentar también proyectos propios, está pendiente de decisión política, porque el Estado tiene que aportar siempre un mínimo de 45 pesetas por cada 55 que pone la Comunidad.

El Feder proyecta ampliar su presupuesto en un 40% para atender a las necesidades de la ampliación, lo que significaría disponer de 415.000 millones de pesetas frente a los casi 300.000 millones que administra este año. España espera obtener entre 75.000 y 100.000 millones en 1986, en base a la cuota de participación prevista, que oscila entre un mínimo garantizado del 17,93% del total y un máximo del 23,93%, porcentajes que sólo superará Italia.

Empleo juvenil

Los proyectos para el Fondo Social Europeo serán presentados en enero, porque el Ministerio de Trabajo se ha mantenido firme en obtener una prórroga para ello. El secretario general de Empleo, Álvaro Espina, calcula conseguir entre 35.000 y 55.000 millones de pesetas para financiar en buena parte el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, iniciado en julio, y los diversos programas de empleo, con especial preferencia a los dirigidos a los menores de 25 años. El Fondo Social Europeo aspira a un presupuesto para 1986 de 325.000 millones de pesetas, aunque el Consejo de Ministros comunitario, por la austeridad presupuestaria, pretende recortarlo en más de 40.000 millones, algo menos de lo que se ha cuantificado el gasto que añadirán España y Portugal.

El secretario general del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRVDA), Conrado Herrero, estima obtener del FEOGA-Orientación hasta 40.000 millones del total de 130.000 mi Nones que manejará este organismo para cofinanciar la modernización de explotaciones familiares agrarias, facilitar el acceso a la propiedad de la explotación a agricultores jóvenes y para el plan de agricultura de montaña. A partir de enero se podrán presentar proyectos de comercialización e industrialización agroalimentaria.

Aparte están las ayudas para la siderurgia y la minería del carbón, los préstamos Euratom, las subvenciones para el sector energético, proyectos de investigación, mejora del medio ambiente y modernización de las vías de transporte. La Comunidad concede también préstamos en condiciones ventajosas, para los que no hay un límite preestablecido. Depende de las garantías del proyecto, pero siempre facilita las cosas la participación o el aval del Estado.

El Banco Europeo de Inversiones ha concedido ya a España 71.000 millones en concepto de créditos pre-adhesión. Esta cifra podrá multiplicarse, porque el único requisito es la viabilidad del proyecto y que el préstamo no supere el 50% de la inversión.