La comunidad recibirá mas de 17.000 millones de pesetas por el trasvase Tajo-Segura

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha recibirá mediante transferencias del Ministerio de Obras Públicas más de 17.000 millones de pesetas a lo largo de los tres próximos años en concepto de compensaciones por el trasvase Tajo-Segura. El acuerdo, calificado por el presidente del Gobierno regional, José Bono, de "histórico" fue firmado el pasado fin de semana.

Las transferencias agrupan inversiones tanto en materia de obras hidráulicas como de ingeniería sanitaria. En 1986, Castilla-La Mancha recibirá del MOPU un total de 5.532 millones de pesetas. De éstos, 2.800 millones serán gestionados directamente por la Consejería de Política Territorial del Ejecutivo autonómico. Otros 5.585 millones de pesetas se invertirán en la región a lo largo de 1987, mientras que para 1988 la cantidad asciende a 6.165 millones de pesetas.El acuerdo al que se ha llegado tras dos meses de negociaciones entre ambas Administraciones cierra prácticamente el capítulo de compensaciones en relación con las controvertidas obras de aprovechamiento conjunto de las cuencas de los ríos Tajo-Segura, regulado en las leyes de 19 de junio de 1971 y de 16 de octubre de 1980.

El ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, señaló en el transcurso de la firma del acuerdo que a lo largo de 14 años -en los que se han invertido en Castilla-La Mancha 8.854 millones de pesetas- se ha puesto en peligro el principio de la igualdad, por lo que las "mal llamadas compensaciones [el ministro prefiere hablar de inversiones] vienen a restituir esa injusticia".

Sobre el futuro desarrollo de la conocida como ley del trasvase, el ministro Sáenz Cosculluela puso de relieve en Toledo que aunque la futura ley de Aguas no recoge la derogación expresa de aquélla, los planes hidrológicos nacionales y la entrada en vigor de la ley de Aguas "modifican el panorama legislativo y la. actual situación del aprovechamiento de los recursos hidráulicos".

Sin embargo, José Bono fue más explícito y pidió un cambio en la legislación del trasvase, "que no beneficia a nadie", para que se cumpla el principio de solidaridad.

Aun cuando los primeros millones comenzarán a llegar a principios de 1986, las distintas provincias ya han reivindicado su parte. Alianza Popular de Guadalajara considera que la mayoría del dinero ha de ir para esta provincia, zona de detracción de las aguas que finalmente han de llegar al Levante español.

Por su parte, el Grupo Popular de las Cortes castellano-manchegas ha calificado el acuerdo de "triunfalista y electoralista", al mismo tiempo que han advertido que pedirán "intereses" al Gobierno central por no haberse recibido en 1984 un total de 5.040 millones de pesetas, cifra consignada en los presupuestos de la comunidad autonómica del ejercicio anterior, según los conservadores.