L os tributos de las autonomías

EL GOBIERNO catalán y los partidos que se le oponen coinciden en que -el actual sistema de financiación de las autonomías, en general, y el de la Generalitat de Cataluña, en particular, deben ser revisados. Los seis años de vigencia del sistema provisional que diseñó el Estatuto de Autonomía, y que luego desarrolló la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), evidencian unos defectos que sería necio no corregir, como la excesiva afectación de los fondos a su destino, una insuficiencia de las partidas destinadas a inversiones y la escasa o nula corresponsabilización fiscal de los Gobiernos autónomos.Estos defectos suponen en la práctica una limitación de la autonomía efectiva de los Gobiernos y los parlamentos de los territorios sujetos a la modalidad de régimen general. Sus márgenes de maniobra para llevar a cabo políticas mínimamente propias resultan muy estrechos. Y en Cataluña, el hecho de que el sistema de financiación comporte una escasa capacidad de inversión y poca libertad para desarrollar planteamientos específicos se considera como una desnaturalización de la esencia autonómica. La creación del tercer canal de televisión, por ejemplo, un instrumento imprescindible para acercar la situación del idioma catalán a la del castellano en los medios de comunicación de masas, sólo ha sido posible mediante el recurso a la deuda pública y al crédito.

Pero los años que han permitido comprobar las insuficiencias del sistema de financiación autonómica constituyen también un lapso de tiempo suficiente para juzgar la gestión de los fondos que sí han administrado los dos Gobiernos formados desde 1980 por el presidente Jordi Pujol, hayan sido pocos o muchos. El transcurso del tiempo era precisamente una condición necesaria para que se pasara de la prudencia de los primeros momentos a la hora de emitir juicios al examen concienzudo de la acción económica del Ejecutivo de la autonomía. Y este examen ofrece aspectos inquietantes con 27.000 millones de déficit contable reconocido en la administración de la sanidad y un trasvase al sector hospitalario concertado con la Seguridad Social de una deuda que oscila entre 30.000 y 50.000 millones de pesetas. En estos momentos, el endeudamiento global de la Generalitat y sus organismos autónomos asciende a 110.000 millones, según el Gobierno Pujol (160.000 millones de pesetas si se incluyen los impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, precisa la oposición).

Pero hay otros aspectos igualmente preocupantes. El resultado obtenido en la primera -y única- experiencia fiscal propia del Gobierno catalán, el impuesto del bingo, que se aplica desde diciembre de 1984, no es muy satisfactoria: el tributo se creó para conseguir 12.000 millones de pesetas en 1985, pero rendirá como máximo la mitad de lo previsto y presupuestado. Por otra parte, la gestión de los tributos cedidos por el Estado a la comunidad autónoma (patrimonio, lujo, transmisiones y sucesiones) tampoco ha constituido ningún éxito: únicamente el impuesto del lujo -que es de cobro prácticamente automático y que en 1986 desaparecerá asumido por el IVA- ha registrado niveles aceptables de cumplimiento sobre las previsiones presupuestadas. Y en algún caso, como en el de sucesiones, las cifras son abiertamente malas: en el primer semestre de 1985 se recaudó sólo el 56% de la previsión para ese período.

Aunque todas estas cifras deben relativizarse, porque el Gobierno catalán en muchos capítulos presupuestó -empujado por la Administración central- sus recaudaciones con mucho optimismo y porque, en definitiva, apenas ha rodado sus estructuras, la tendencia es preocupante. Y lo es también que el Gobierno de Barcelona utilice la existencia de un mal sistema general de financiación para esquivar la discusión de su propia gestión económica y tributaria. La respuesta dada por el Gobierno de CiU a las críticas ha sido poco racional: además de atribuir "ignorancia" a los críticos, se ha escudado en la inoportunidad de que se pronunciaran porque, a su juicio, añaden una nueva dificultad a la negociación que está en curso sobre la revisión del sistema de financiación. En todo caso sería lo contrario: una mejor gestión económica y tributaria facilitaría esa negociación y ayudaría a vencer las resistencias de la Administración central a ceder parcialmente la gestión del IRPF o del IVA al Gobierno autónomo. La escasez de recursos económicos no exime de su correcta gestión. Al revés, obliga a ser doblemente cuidadoso.