Democracia con vigías

( ... ) Entre los elementos dinamizadores más necesarios para la vitalidad de los valores democráticos, la Constitución española destaca a los partidos políticos como cauce de participación de los ciudadanos en la conformación de la voluntad política emanada de la soberanía popular.El control legítimo que las instituciones del Estado pueden realizar sobre las actividades de los individuos y grupos -partidos y asociaciones- debe centrarse en los comportamientos o acuerdos que vulneran la legalidad o pueden constituir un peligro real, presente o remoto, para la estabilidad y pervivencia del sistema democrático.

Por el contrario, la normalidad democrática no puede ni debe ser objeto de fiscalización, prevención o represión. Parte integrante y sustancial de esa normalidad son las actividades de cualquier partido político, ocupe o no escaños en el Parlamento. Su organización, estrategia, decisiones internas y formas de actuación tienen como objetivo legítimo instalarse en el Poder, ofertando a los electores un programa diferente al de sus opositores y competidores políticos. ( ... )

Si el partido en el Gobierno utiliza las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus propios intereses y pretende inclinar la balanza de la igualdad y el pluralismo valiéndose de informaciones obtenidas ilegal y fraudulentamente, se deteriora de manera insensible pero inexorable la esencia de la vida democrática. Las convicciones se quiebran y, lo que es peor, desaparece la credibilidad de los ciudadanos en los valores éticos y políticos que diferencian los sistemas democráticos de los regímenes autoritarios o totalitarios.

El aparato de la seguridad del Estado, cuya dirección y funcionamiento dependen directamente del Gobierno de turno, debe centrar su actuación en aquellas actividades que atentan frontalmente contra las instituciones públicas y pretenden destruir el orden democrático. Si los actos y comportamientos políticos de una determinada, asociación entrañan un grave riesgo para la pervivencia de la estructura democrática del Estado, la vía de la persecución penal es la única admisible.

No existe ninguna otra razón que justifique las intromisiones policiales en el seno de las organizaciones políticas con estructura y funcionamiento democráticos. Invocar una etérea y suprema razon de Estado es reiterar coartadas y argumentos ya esgrimidos por toda clase de regímenes políticos en épocas anteriores y presentes. Otras explicaciones, más operativas, presentan estas actividades de vigilancia y espionaje como una tarea profesional encaminada a proporcionar al Estado toda la información necesaria para desempeñar su papel de tutela institucional. De esta manera se convierte al Estado en un instrumento de dominación por encima de los individuos y de los partidos políticos, reduciendo el papel de estos últimos a una especie de masa coral, secundaria y pasiva, que acompaña a los protagonistas en sus evoluciones por las bambalinas del poder. El Estado, vaciado de derechos y libertades, se convierte en una entelequia carente de valor democrático.

En el terreno de la dialéctica política, resulta evidente que los beneficios de la información recibida se rentabilizan por el partido o partidos que disponen de la capacidad de ordenar la infiltración y el espionaje. Apurando la justificación de estas conductas se ha llegado a decir que la vigilancia se extiende a las actividades del propio partido en el poder; tal alegación, además de no ser creíble, agrava todavía más la situación.

Con estos comportamientos, el poder transmite un mensaje decepcionante: los derechos y libertades públicas no son la base, sino la debilidad del sistema; sólo la vigilancia, basada en la confianza en todo lo que es ajeno al poder, puede salvaguardar los intereses colectivos que el Gobierno interpreta y administra.

La existencia, públicamente admitida, de una brigada policial del Ministerio del Interior encargada de vigilar el funcionamiento inter no de los partidos políticos y asociaciones que realizan sus actividades a la luz de la legalidad y dentro del marco constitucional produce en la práctica una antidemocrática y peligrosa concentración de poder en manos de la mayoría gobernante. ( ... )

No es una resolución judicial apreciando o desestimando la existencia de conductas en los miembros de la seguridad del Estado que han realizado las tareas de espionaje lo que pone fin al conflicto y restituye la credibilidad en los comportamientos del poder. Al final, la credibilidad del Estado democrático queda en entredicho y son muchos los sectores que dejan de creer en los valores del sistema.

A los que, haciendo profusión de pragmatismo, encuentran justi ficadas y normales estas prácticas abusivas, podríamos recordarles, con el profesor López Aranguren, que "el fundamento de la demo cracia es la democracia como moral".

1985