La Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios se plantea su capacidad de negociar con los poderes públicos

El inicio de las reuniones de la Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios, a las que asisten más de 200 representantes de 29 universidades españolas -con excepción de León y Alcalá de Henares-, estuvo marcado por las divergencias -a la hora de definir el papel de la coordinadora y su capacidad para negociar con los poderes públicos la problemática estudiantil. Las sesiones finalizarán hoy en la facultad de Ciencias Económicas de Valencia con la lectura de las conclusiones.

Tras una jornada destinada íntegramente a temas de procedimiento, la Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios acordó ayer centrar sus debates en cuatro comisiones dedicadas a la organización de la propia coordinadora, en los aspectos relativos a la financiación, al movimiento estudiantil y los métodos para ejercer presiones y convocar movilizaciones y a la relación entre Universidad y sociedad.En las primeras votaciones, los delegados de Galicia, Euskadi, Cataluña y Canarias vieron rechazado su intento de dejar sin contenido a la propia coordinadora, así como el de cambiar la composición de la mesa, que obedecía a criterios aprobados en el encuentro anterior, celebrado el pasado marzo en Sevilla. Los recelos en torno a un hipotético poder negociador de la coordinadora con la Administración y el supuesto acatamiento de los universitarios a las decisiones de ésta -posición en la que se alinearon las delegaciones de Extremadura, Politécnica de Madrid, UNED y alguna más- fueron constantes y marcaron el desarrollo de la sesión del viernes.

Para Vicente Martínez, representante estudiantil valenciano en el equipo rectoral de la universidad de Valencia y uno de los componentes de la mesa, "en la actitud de las delegaciones gallega, vasca o catalana subyace la cuestión nacional de las respectivas comunidades, que impide a menudo cualquier acuerdo vinculante". "Nosotros (refiriéndose a los valencianos) nos sentimos solidarios con su postura, pero en este caso se trata de lograr acuerdos eficaces para resolver la problemática que afecta actualmente a los estudiantes y a la Universidad", dijo.

La posición mayoritaria, a la vista de las primeras discusiones, respetará la autonomía de cada centro, si bien las actuaciones que !e lleven a cabo, ya sean de índole negociadora o a través de movilizaciones, se realizarán coordinadamente. Precisamente sobre esta cuestión se enmarcan las ponencias relativas a la problemática de tasas, becas, pagos fraccionados y númerus clausus y la referida al movimiento estudiantil y sus métodos de presión y movilización.

Problemas de alojamiento

En lo que se refiere a la infraestructura de las jornadas, todos los asistentes coinciden en "el paso adelante" que supone su estancia en Valencia. "Aquí, al menos, comemos todos", comentaba un delegado de Sevilla. Con un presupuesto de 350.000 pesetas -200.000 de las cuales han sido aportadas por la universidad de Valencia-, se reparten algo más de 200 comidas diarias, amén del alojamiento de un par de miembros por delegación. El resto corre a cargo de los fondos de cada universidad.Aun así, las diferencias entre unas y otras son notables. Este factor se hace especialmente relevante en el transporte. Mientras las delegaciones del Sur han permanecido más de 20 horas en ferrocarriles con parada en todas y cada una de las estaciones que salían al paso, la representación de Madrid acudió a la cita en avión. Otro caso ha sido la embajada de las tres universidades catalanas, la mayoría de cuyos miembros -casi 50- tuvo que pernoctar en la sede del partido nacionalista Unitat del Poble Valenciá. Con todo, casi un centenar de universitarios ha podido gozar de hotel o pensión, merced a las 150.000 pesetas negociadas ante la consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat valenciana, destindas inicialmente a alojamiento de alrededor de una treintena de estudiantes.

Por otra parte, la Coordinadora Estatal de Estudiantes Universitarios emitió ayer un comunicado en el que denuncia "la injerencia de la Generalitat valenciana en los estatutos de la universidad de Valencia", que interpreta como "una agresión política que ni siquiera ha respetado las reglas de juego marcadas por el propio partido en el gobierno del Estado".