El régimen filipino, inseguro ante las presiones de EE UU en favor de reformas internas

El régimen filipino parece inseguro sobre cómo negociar con Estados Unidos, ante el aumento de la presión que durante los últimos meses ha estado ejerciendo la Administración norteamericana para conseguir que el Gobierno del presidente Ferdinand Marcos adopte las reformas que su mejor aliado considera necesarias para combatir la ola de insurgencia comunista que afecta a todo el archipiélago.

El presidente de Estados Unidos amigo personal del presidente filipino (cuando Ronald Reagan todavía era gobernador de California recibió un tratamiento especial durante su visita a Manila por parte del matrimonio Marcos), ha ejercido últimamente presiones de diferente tipo, unas veces a través de filtraciones a la Prensa en norteamericana y otras transmitidas personalmente por altos funcionarios de la Administración Reagan.

Transición ordenada

Después de años de un sistema autoritario en Filipinas, que concentró el poder en las manos de un pequeño grupo que, apoyó activamente la declaración de la ley marcial en 1972, Washington quiere ahora que el régimen de Marcos prepare la salida con una transición ordenada hacia un Gobierno más o menos democrático.Los norteamericanos esperan la llegada a Filipinas de un Gobierno más popular, que prevenga la toma de poder en el país por las fuerzas comunistas locales que, bajo la dictadura de Ferdinand Marcos, se dice que encuentran su razón de ser en los problemas sociales y económicos.

La preocupación básica de la política estadounidense con respecto a Filipinas está claramente dirigida a garantizar la permanencia de las bases militares de Clark y Subic, situadas en territorio filipino y que tienen una enorme importancia por su posición estratégica para la red de seguridad norteamericana en el Pacífico. Ante esta situación, la caída de Filipinas en manos de los comunistas -considerando como tales a todos los que utilizan las armas o favorecen el levantamiento armado contra el Gobierno, según la línea del pensamiento político norteamericano- constituiría un nuevo golpe para los intereses norteamericanos después de las experiencias negativas de Vietnam, Irán o Nicaragua.

En repetidas ocasiones, portavoces del Departamento de Defensa estadounidense expresaron sus dudas sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas filipinas para contener la ofensiva de los rebeldes comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), la nueva rama militar armada del Partido Comunista filipino. Para ello creen necesario una profesionalización del Ejército y ganar la confianza de las masas rurales, actualmente muy politizadas a causa de las repetidas. violaciones de los dere.chos humanos.

Como respuesta a las presiones norteamericanas, el partido gobernante, Kilusan Bagong Lipunan o Movimiento de la Nueva Sociedad, pidió una "renegociación". del tratado que estipula las operaciones de las bases militares, e incluso la "derogación" de éste. Observadores políticos en la capital filipina señalan que la amenaza del partido en el poder en Manila sobre el arrendamiento de las bases parece ser una señal definitiva de Marcos a Washington.

La primera reacción del Parlamento filipino se produjo como respuesta a la proposición del legislativo estadounidense de limitar la ayuda militar y económica a Filipinas -que el Gobierno de Manila considera como compensación por el uso de las bases- y reconvertir la mayor parte de la ayuda militar en ayuda económica.

La postura del Congreso estadounidense parecía estar dirigida a demostrar al presidente Marcos la insatisfacción por su actual política. Posteriormente, el partido en el poder, que controla los dos tercios de la Asamblea legislativa, se opuso a una ley del norteamericana que intentaba proteger la industria textil de Estados Unidos reduciendo las importaciones, que generalmente provienen de los países del Tercer Mundo, entre ellos Filipinas.

Sin embargo, las repetidas declaraciones de diversos funcionarios del Gobierno de Marcos sobre las bases hacen que la opinión pública filipina se pregunte si realmente el Gobierno está decidido a hacer frente al problema.

Pocos días después de que informaciones procedentes de Washington revelasen los planes del Pentágono de trasladar las bases a otros lugares del Pacífico, el presidente del Ejecutivo filipino afirmaba que el comandante de las fuerzas norteamericanas en esta, región le había asegurado la continuidad de las mismas. Por otra parte, el Pentágono pedía al Congreso 1.300 millones de dólares (más.de 200.000 millones de pesetas) para mantenimiento y nuevas construcciones en la base aérea de Clark y en la naval de Subic.

La 'carta soviética'

Relacionado con el problema de las bases está lo que en Manila se denomina la carta soviética, que el presidente Marcos, inteligentemente, jugó hace dos años, cuando el Congreso norteamericano intentó bloquear la ayuda compensatoria a Filipinas, de unos 900 millones de dólares, por el uso de las bases durante un período de cinco años, acuerdo que expira en 1992. En aquella ocasión, el presidente filipino declaró a un grupo de miembros de la Cámara de Representantes de EE UU que consideraría la posibilidad de negociar con la URSS si Washington persistía en oponerse a conceder ayuda a Filipinas.En medio dé la turbia relación de Marcos con EE UU debido a la presión norteamericana, Marcos aceptaba recientemente una medalla concedida por los soviéticos por sus méritos en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, la poderosa e mfluyente, mujer del presidente, Imelda Marcos, después de dirigirse a la Asamblea General de la ONU como responsable de la delegación filipina, salió con dirección a la URSS con una carta personal de su marido para el líder soviético, Mijail Gorbachov.

Sin embargo, al margen de la propaganda desplegada a alto nivel a propósito de la conexión rusa, la credibi lidad de un eventual acercamiento a la Unión Soviética carece de fundamento. Los militares de Manila, aun cuando condenan la injerencia norteamericana en los asuntos filipinos, permanecen fieles a la alianza con Estados Unidos.

Recientemente el responsable de la cartera de Asuntos Exteriores, Pacífico Castro, aseguraba en un discurso ante las Naciones Unidas: "Todo lo que pedimos es el respeto escrupuloso de las resoluciones de la ONU y de las declaraciones de no intervención en los asuntos internos de los demás Estados, por lo que nuestro pueblo podrá de nuevo ejercitar sus derechos de autodeterminación".

Con las dos instalaciones militares más importantes de que dispone EEUU en el extranjero, Clark y Subic, amenazadas por la insurgencia comunista y la,posibilidad de que el presidente Marcos muera antes de los comícios presidenciales de 1987 o sea reemplazado por fuerzas antinorteamericanas, EE UU está acentuando su preocupación por el futuro de su mejor aliado en Asia, que un día utilizara como escaparate de la democracia norteamericana en el Pacífico.

Los analistas políticos comparten esta opinión, mientras que el jefe interino del Estado Mayor, el general Fidel Ramos, también demuestra de forma abierta su preocupación sobre el auge de la rebelión armada, anunciando que el número de guerrilleros del Nuevo Ejército del Pueblo ha aumentado hasta unos 12.500 y que casi 4.500 filipinos han muerto en el curso de enfrentamientos armados en lo que va de año.

Control rebelde

Los militares reconocen que los rebeldes controlan o ejercen influencia en 1.885 aldeas, aunque señalan que tienen escasas posibilidades de derrocar a Marcos.El pasado mes de julio los guerrilleros anunciaban un 95% de éxitos en el curso de 526 enfrentamientos con el Ejército durante el último año, y aseguraban que habían causado la muerte a 1.200 soldados y se habían apoderado de 2.192 armas de fuego. Sin embargo, hasta ahora los norteamericanos no parecen estar seguros de que Marcos lleve a cabo las reformas políticas, militares y económicas que Washington desearía. Recientemerite, el senador Bill Bradley señalaba que EE UU "tendrá que elegir entre apoyar a Marcos o apoyar el proceso democrático".