Un inspector de policía extorsionó a un empresario al que servía de guardaespaldas

Eduardo Fernández Robieda, de 31 años, inspector de primera del Cuerpo Superior de Policía destinado en la comisaría de Chamartín, de Madrid, fue detenido el miércoles pasado por la Brigada de Policía Judicial como, presunto autor de un intento de extorsión a un empresario, al que prestaba protección de forma ilegal. El policía está acusado de exigir al empresario en nombre de una organización independentista canaria un impuesto revolucionario de 15 millones de pesetas, según informó ayer la Delegación del Gobierno.

El inspector, de forma antirreglamentaria, trabajaba como guardaespaldas del propio empresario, al que amenazó en nombre de ACAL, una supuesta organización independentista canaria. El detenido envió dos cartas a su víctima en las que le exigía la entrega de15 millones de pesetas.La primera información sobre la detención del inspector la proporcionó la Jefatura Superior de Policía de Madrid el pasado lunes. La nota oficial mencionaba que el presunto autor de la extorsión no tenía antecedentes, pero no hablaba de su condición de inspector.

La Delegación del Gobierno en Madrid hizo pública ayer otra nota, mucho más extensa y detallada, en la que se menciona la identidad del detenido y su condición de policía. Según esta segunda información, el inspector Eduardo Fernández Robleda "prestaba servicio de protección al propietario de unos grandes almacenes, al margen de su actividad como inspector de policía. Debido a ello, conocía datos suficientes sobre las actividades del empresario y su familia".

Un portavoz del delegado del Gobierno explicó que la Jefatura de Policía tiene orden de no faclitar los nombres completos de los detenidos, sino sólo las miciales, para evitar posibles problemas por coincidencias de nombres, y que el no mencionar su condición de inspector se debió a una rutina "sin malicia". Sin embargo, añadió el portavoz, "el delegado advirtió que este extremo era un dato informativo importante, y por eso ordenó la aclaración.

En nombre de una supuesta organización terrorista denominada ACAL, cuyos objetivos serían la independencia de Canarias, el inspector envió dos cartas diferentes al empresario, cuya identidad no ha sido revelada, en las que le amenazaba con atentar contra la seguridad de su esposa e hijas, así como contra sus intereses comerciales, si no entregaba una cantidad de 15 millones de pesetas.

El industrial no entregó cantidad de dinero alguna y después de recibir la segunda carta presentó una denuncia por estos hechos a principios de la semana pasada. El caso fue investigado por inspectores de la Brigada de Policía Judicial, quienes en el plazo de unos días consiguieron identificar al presunto chantajista, destinado en la comisaría de Chamartín, y efectuar su detención. Tras ser puesto a disposición judicial, el inspector ha quedado recluido en las dependencias de la comisaría de Entrevías, por orden judicial.

"Lo hemos pasado muy mal"

El propietario de los grandes almacenes, que ha preferido conservar el anonimato, declaró ayer a Efe que "a la primera carta no le hicimos caso, pero a la seguida sí, y lo hemos pasado, muy mal estos días".Según el empresario, el inspector Fernández "hacía servicios de vigilancia para evitar que me siguieran, a causa de los tiempos que corren.

El empresario negó que el trabajo que para él desempeñaba el inspector detenido pueda calificarse como de guardaespaldas. Los citados servicios de protección los llevaba desempeñando desde hacía año y medio, aproximadamente, "aunque no continuados; trabajaba un mes sí, después dos no, algo así", explicó el industrial.