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Dos nuevos muertos en Suráfrica tras ampliarse el estado de sitio

La policía mató a otros dos manifestantes negros durante un mitin antiapartheid realizado en Ciudad del Cabo horas después de que el régimen surafricano extendiese a esta localidad y a otros siete distritos cercanos el estado de sitio que regía ya en 30 distritos del país. El principal grupo de oposición política al régimen segregacionista de Pretoria, el Frente Democrático. Unido (UDF), dijo que "el estado de sitio no ha funcionado en ningún lugar de Suráfrica y no hay razón para esperar que aquí funcione". Dieciséis dirigentes del UDF comenzaron a ser juzgados por traición.

Las organizaciones que luchan contra el régimen segregacionista de Suráfrica dijeron que la extensión del estado de sitio representa la muestra visible delv pánico del Gobierno y su incapacidad para controlar el país sin recurrir al control militar. Mas de 250 personas han muerto en Suráfrica desde que se impuso el estado de sitio en julio, y 500 más murieron en los 17 meses anteriores.

La situación en El Cabo, la tercera ciudad en importancia en Suráfrica, fue descrita por los periodistas cómo "muy tensa", pero la policía no pareció reforzarse respecto a las semanas anteriores, marcadas por enfrentamientos cotidianos entre los manifestantes negros y las fuerzas de choque del régimen.

Los líderes del UDF, cuyo juicio se celebra en Johanesburgo esta semana, podrían ser condenados a muerte. Albertina Sisulu, de 67 años, y Archie Gumede, de 70, se declararon inocentes de las acusaciones de "conspirar para derrocar el Gobierno mediante la revolución", como los restantes 14 implicados. El fiscal Nick Gey van Pittius espera convocar a 150 testigos y señaló que el juicio puede durar hasta 1987.

En el extenso sumario se acusa a los 16 procesados de organizar una, revuelta racial en la que perdieron la vida 770 personas, de las que, dos terceras partes murieron por disparos de la policía. Al iniciarse el juicio, el fiscal van Pittius acusó a los líderes del UDF de "ser utilizados conscientemente por una alianza revolucionaria para derrocar al Gobierno por métodos violentos".

Ismail Mohamed, el principal abogado defensor, dijo que todos los acusados admitieron que han criticado el apartheid, pero rechazaron los cargos de conspirar para derribar al Gobierno.

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