30.000 médicos deberán solucionar antes de final de año su pluriempleo en la sanidad pública

Los médicos españoles se enfrentan, divididos, a una situación que va a suponer una de las mayores sacudidas profesionales de su historia: la aplicación de la ley de Incompatibilidades. El pasado día 1 se abrió el plazo de declaración, y antes del próximo 31 de diciembre la mayor parte de los médicos de la sanidad pública deberán elegir por escrito un solo puesto de trabajo, o dos, si son compatibles. La medida afectará profundamente no sólo al bolsillo de unos 30.000 facultativos, que se supone implicados en el tema de las incompatibilidades, sino también a su propio trabajo profesional. A nadie se le ocultan tampoco las repercusiones que pueden derivarse de la aplicación de esta ley en el terreno de la asistencia sanitaria pública.

La ley permite a los médicos el mantenimiento sólo de dos puestos de trabajo públicos en unas condiciones específicas (dedicación a tiempo parcial o menos de 30 horas semanales). Si tienen más de dos puestos deben abandonar de inmediato los que superen esa cifra antes de solicitar la compatibilidad o ejercer la opción entre dos de ellos. Además de estas situaciones generales existen otras de carácter especial así como de carácter transitorio que hacen de esta normativa una de las más complejas y difíciles en cuanto a su aplicación técnica.Una vez más los colectivos médicos organizados, no se ponen de acuerdo a la hora de entender y admitir una reforma que les afecta esencialmente. Por una parte, la Organización Médica Colegial (OMC) ha estudiad ola posibilidad de pedir a los médicos colegiados que no opten por ninguno de los puestos de trabajo cuando rellenen los impresos de elección.

En otro ámbito, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha aconsejado que se rellenen por entero los formularios aunque con una salvedad de reserva de derecho (la declaración no implica estar de acuerdo con la ley de Incompatibilidades). Estos sindicatos promovieron un recurso de inconstitucionalidad que presentó Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional.

Este sindicato cree que si se aplican estrictamente las incompatibilidades a partir del próximo día 1 de enero se producirá un caos en la sanidad española y por ello es necesaria una aplicación escalonada de estas incompatibilidades a los médicos.

Frente a los vaticinios apocalípticos, la Federación. de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que agrupa a 6.000 médicos de toda España, ha mostrado una posición claramente de apoyo a la ley de Incompatibilidades y ha pedido que todos los médicos declaren a su tiempo, entre otras razones "porque la aplicación de la ley significa el único mecanismo viable en la actualidad para hacer disminuir el paro profesional que ahora afecta a unos 20.000 médicos".

Estiman portavoces de la FADSP que la ley de incompatibilidades debe aplicarse de forma inmediata, y no escalonadamente, "porque existen profesionales suficientes y con preparación suficiente para atender las necesidades sanitarias". También consideran que no debe haber excepciones de ningún tipo a la aplicación de la ley, ni siquiera con los altos puestos del Instituto Nacional de la Salud (Insalud).

Estas posiciones no clarificadas han encontrado un caldo adecuado de cultivo en la actitud de la Administración que, a pesar de haber contado con un año de tiempo y medios suficientes para saber a cuantos funcionarios podría afectar la ley de Incompatibilidades, ha pospuesto la información sobre el número de funcionarios incompatibles hasta el próximo año.

Aplicación escalonada

Sólo en los últimos días parece haber tomado la iniciativa. Los ministerios de Presidencia y Sanidad han editado conjuntamente 200.000 folletos y varios cientos de carteles en los que se explica de qué manera pueden afectar las incompatibilidades a los médicos.

Por otra parte, el director general del Insalud, Fernando Magro, ha dado a entender que la aplicación de esta ley se hará de forma escalonada "porque vamos a dar más importancia al hecho asistencial", dijo, "que al hecho administrativo". El director del Insalud afirmó, sin embargo, que la ley se aplicará con todo rigor para aquellos que no declaren como deben, "ya que para ello la Administración va a contar con los medios adecuados para conocer la situación concreta de cada médico".

La aplicación de la ley de Incompatibilidades se encuentra con otras dificultades añadidas derivadas de las transferencias en materia sanitaria que ya se han realizado a determinadas comunidades autónomas.

Uno de los problemas en perspectiva es el posible contencioso que puede existir si se aprueba un borrador de ley de incompatibilidades médicas que tiene prevista la Generalidad de Cataluña y que en su redacción primitiva entraba en colisión con la ley de ámbito estatal.