El Gobierno recuperará en 1986 el 50% de la capacidad fiscal cedida en el último lustro a las autonomías

El Gobierno central recuperará a partir del 1 de enero de 1986 casi el 50% de la capacidad fiscal cedida a las comunidades autónomas en los últimos cinco años. Ello se producirá debido a la desaparición de varios impuestos transferidos y su sustitución por el impuesto del valor añadido (IVA). El Gobierno central aún no tiene definidos los criterios básicos para articular un nuevo sistema de financiación de las autonomías, y la confusión del actual Gabinete en este problema hace muy improbable que se pueda llegar a un acuerdo definitivo sobre la financiación autonómica antes del 31 de diciembre.

Una muestra clara del clima de confusión que existe actualmente en la Administración central la constituyen las declaraciones últimas del nuevo ministro de Administración Territorial, que reabren temas polémicos (posible cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas a las autonomías) que en su día fueron declarados como innegociables por el entonces ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer. Y también la clara contraposición entre las tesis de Economía y Hacienda y Administración Territorial en cuanto a repercusiones sobre el ejercicio presupuestario de 1986 del hipotético acuerdo de financiación que pueda conseguirse.

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Todavía no se ha decidido, y es previo para elaborar una fórmula de financiación concreta sobre la que negociar con las autonomías, si el futuro sistema debe instrurnentarse en una de estas dos opciones: una mayor participación porcentual de las comunidades autónomas en impuestos estatales (dinero que remite la Administración central a las autonómicas, como sucede actualmente en la mayoría de las comunidades); o cesión de la gestión y recaudación de los tributos a los Gobiernos regionales en sus propios territorios (las comunidades, en este caso, remiten al Estado central su porcentaje en las recaudaciones obtenidas, como ocurre ahora exclusivamente con el País Vasco y Navarra).La diferencia entre una y otra opción no es baladí: hay en juego razones contrapuestas de soberanía (quién financia a quién, el Estado central a las autonomías o éstas a aquél), de eficacia recaudatoria (necesidad de un flujo continuo de información actualizada sobre los contribuyentes entre las distintas comunidades y entre cada una de ellas y la Administración central); de coste económico (dos administraciones de Hacienda o nuevas transferencias de miles de funcionarios desde la Administración central a las autonómicas), y de coste político (quién sube los impuestos al contribuyente).

Al margen de esto, la Administración tampoco conoce en estos momentos la repercusión real que van a tener los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), que concede la CEE, en la financiación de las autonomías. Tampoco hay criterios claros sobre el futuro del actual Fondo de Compensación Interterritorial: la Administración no ha decidido todavía reformarlo. La confusión es aún mayor en torno a la articulación o no de convenios bilaterales entre el Estado y las comunidades, que suponen dotaciones adicionales de financiación para determinados Gobiernos regionales.

El compromiso público adquirido por Felipe González, en su reciente entrevista con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de ultimar antes de final de año una fórmula definitiva de financiación de las autonomías, contrasta fuertemente con la situación descrita. Cataluña y Galicia, las comunidades más enfrentadas con el Gobierno (son las dos únicas que no han aceptado las dotaciones presupuestarias que se les han asignado para 1986) llevaban conversando desde principios de año con la Administración central sobre la introducción de la fórmula definitiva de financiación prevista en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en sus estatutos. José Víctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda, que asesoró en este tema a ambos Gobiernos autonómicos, les advirtió en marzo pasado que no había ya tiempo suficiente, si no se quería hacer una chapuza, para elaborar dentro de 1985 el sistema definitivo de financiación, y ahora se pretende dar con la fórmula en dos meses y medio.

El compromiso de Felipe González ante Jordi Pujol ha servido para atenuar momentáneamente el fuerte enfrentamiento público suscitado entre la Administración central y los Gobiernos regionales por la congelación de sus dotaciones presupuestarias para 1986, pero no ha convencido a las comunidades autónomas. El propio conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Cullell, declaraba esta misma semana que ese "compromiso suscita perplejidad y es muy difícil sustraerse a un cierto escepticismo". El conseller argumentó que en lo que resta para finalizar el año, "y después de un largo silencio de la Administración central", es "muy precipitado plantear una modificación verdaderamente sustancial al actual sistema de financiación".

A estos argumentos, basados en dudas razonables sobre la escasez del plazo temporal y en la complejidad del problema, hay que añadir otros que no aparecieron en la conferencia de Cullell. Al Gobierno le vendría muy bien, con vistas a las elecciones de 1986, haber obtenido un consenso con las autonomías sobre el sistema de financiación definitivo, que podría capitalizar y que le evitaría las razonables acusaciones públicas de incumplimiento de leyes orgánicas y de estatutos de autonomía.

Sin embargo, los Gobiernos regionales, y muy especialmente la Administración de Pujol, tienen poco que ganar y algo que perder -los votos que pueden arrebatar al PSOE en las legislativas por su comportamiento con las autonomías- en la concreción de un acuerdo de financiación que difícilmente va a influir ya sobre los presupuestos de la Generalitat para 1986. Sólo unas condiciones excepcionales para Cataluña, lo que repercutiría en un mayor coste para el Estado o un tratamiento privilegiado con respecto a otras comunidades, aumentarían la predisposición de Pujol a facilitarle a González el cumplimiento de su compromiso.