El meollo de la cuestión
El modelo del Estado autonómico ideado por UCD y regulado en la Constitución está siendo puesto en cuestión en los últimos meses por su parte más delicada: la financiación. Durante años el denominado problema autonómico se ha planteado a los ojos de los españoles, casi exclusivamente, como un pulso dialéctico y político entre los distintos Gobiernos y las comunidades autónomas por retrasos en las transferencias, por una competencia más o menos, por declaraciones más o menos molestas de unos u otros. Hace un mes se ha llegado al meollo de la cuestión: la necesidad de un sistema estable de financiación de las autonomías.Hasta ahora las arcas de las comunidades han ido arreglándose mejor o peor con el dinero llegado de Hacienda en compensación de los servicios que el Estado ya no presta en las comunidades autónomas, y de la participación de aquéllas en los ingresos estatales.El conflicto real se produce cuando el Gobierno decide recortar o congelar las partidas del Presupuesto destinadas a las autonomías, como va a suceder este año. Las comunidades autónomas, que se habían elaborado sus programas de actuación a partir de cálculos inversores basados en las tasas actuales de financiación, han puesto el grito en el cielo. Difícilmente podrán afrontar los planes previstos si se congelan las ayudas. Han caído en la cuenta de que son prisioneros de la política económica del Gobierno. Han recordado aquella máxima de que sin dinero no hay autonomía y que sin capacidad de recaudación -como tienen vascos y navarros, gracias a su peculiar Concierto Económico- siempre serán dependientes y estarán a merced de los vaivenes de la economía española.
Parece que a las comunidades autónomas sólo les va a quedar una salida -que pretende forzar el propio Gobierno-: afrontar con valentía y sin miedo al desgaste electoral su capacidad de recaudar a través de impuestos. La ley les faculta para ello.
