El Banco de España estudia actuar contra algunos consejos de las cajas rurales por supuestas irregularidades

La intervención de la Caja Rural Provicial de Madrid por parte del Banco de España, tras haberse detectado la apropiación indebida de fondos por valor de 471 millones de pesetas de la cuenta de tesorería que esa entidad tenía en el Banco de Brasil, y el reciente informe que el presidente del Banco de Crédito Agrícola presentó al consejo de administración señalan las deficiencias del plan de saneamiento diseñado en 1983, y puesto en práctica en 1984, y problemas derivados de la inspección y control de los órganos de gestión de las cajas rurales.

José Barca, presidente de la entidad, quiere con su informe un aumento de los fondos destinados al seneamiento de las cajas rurales en crisis, y el Banco de España estudia la posibilidad de actuar legalmente contra varios responsables de estas instituciones.Las cajas rurales, que suponen el 10% de los depósitos del sistema financiero, atravesaron en 1983 por una profunda crisis, derivada, en unos casos, de mala gestión interna, y en otros, de las repercusiones que la práctica quiebra de la Uteco de Jaén y la Caja Rural Provincial de Jaén provocaron en otras instituciones que habían realizado parte de su negocio con esas sociedades. La Caja Rural de Madrid fue una de las que entró en saneamiento por sus vinculaciones con la de Jaén, y por ello la mayor parte de las ayudas que recibió en su momento procedían del consorcio de las cajas rurales y no del fondo de garantía creado en aquel momento.

La apropiación indebida de fondos de la Caja Rural de Madrid, independientemente de cuál sea la entidad que tenga que hacer frente a las pérdidas producidas por este hecho, ha vuelto a colocar sobre la mesa el problema de unas instituciones financieras en las que apenas sí se han producido cambios. En el Banco de España se estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra algunos consejos de cajas rurales, que podrían concretarse en la suspensión temporal de los consejeros.

El saneamiento de las cajas rurales, que ha supuesto ayudas por valor de más de 70.000 millones de pesetas, se ha enfrentado a dificultades en cuanto a la salida que debía darse a las cajas rurales y en cuanto a la forma en que debía llevarse a cabo. En un primer momento el Banco de España se mostró partidario de que las cajas rurales con problemas acabaran desapareciendo mediante su integración en las cajas de ahorro, siguiendo el ejemplo de lo hecho con los bancos en crisis. Otra idea opuesta era la nacionalización de estas instituciones, integrándolas completamente en el Banco de Crédito Agrícola.

Ayudas públicas

Ninguna de las dos posiciones fue la adoptada y se acabó poniendo en marcha un mecanismo híbrido cuyos resultados globales dejan bastante que desear. El Gobierno decidió proporcionar ayudas públicas por valor de 70.000 millones de pesetas a cambio de que se ejerciera un cierto control sobre las instituciones en crisis a través del acuerdo de asociación voluntario con el BCA, donde se colocaría una parte de los fondos, y que cumpliría labores de inspección sobre la marcha de las cajas rurales. Estas labores de inspección son las que han llevado a la intervención de la Caja Rural de Madrid.A cambio, el BCA daba entrada en su consejo de administración a tres representantes de las cajas rurales asociadas, lo que en algunos sectores de la Administración se entendió como una concesión innecesaria a las cajas rurales, y renunciaba en la práctica a tratar de remover de sus cargos a los hasta entonces máximos responsables de las cajas rurales en crisis. De hecho, apenas sí ha habido sustituciones de personas, a pesar de varias opiniones en contra.

El Banco de España, que tardó más tiempo del que se considera necesario en enviar inspectores para que el BCA pudiera ejercer sus nuevas funciones, expresó en repetidos informes al anterior ministro de Economía, Miguel Boyer, sus temores ante la forma en que se iba a desarrollar el saneamiento. Para los expertos del Banco de España, hacer el saneamiento sólo con ayudas, sin nuevas aportaciones de capital, y sin sustituir a los anteriores gestores, ponía demasiados interrogantes en el desarrollo del plan.

José Barea, por su parte, señala algunas deficiencias en la instrumentación de las ayudas, que, a su juicio, han dificultado mejores resultados. En primer lugar, el retraso en la aplicación del plan ha hecho aumentar las pérdidas en algunas ocasiones y, sobre todo, ha significado menores ingresos en el tiempo transcurrido. Por ello solicita la ampliación en un año de la vigencia del plan. Los problemas en otras cajas rurales hace que se soliciten nuevos apoyos para su reflotamiento.

Para Barea, la baja en los tipos de interés registrada en los dos últimos años es una de las causas más importantes de los retrasos que se han producido en los planes de saneamientos, que globalmente funcionan dentro de las previsiones, aunque hay desviaciones significativas en el caso de algunas cajas rurales. Otro de los aspectos que apenas se señalan es que el plan de ayudas se disefió en función de las pérdidas declaradas por los anteriores gestores, que en su mayoría siguen siendo los mismos, sin que hubiera un análisis externo que reflejara la verdadera situación patrimonial de las cajas.