Ofensiva ultraconservadora contra el Tribunal Supremo de Estados Unidos

Los sectores más conservadores de la Administración del presidente norteamericano Ronald Reagan, apoyándose en el Ministerio de Justicia, van a tratar de utilizar el Tribunal Supremo para traducir su ideología en cambios legislativos concretos en temas sociales, religiosos y de derechos civiles. La batalla se centrará, sobre todo, en el intento de revocar la legalización del aborto y en reducir la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado

Los ultraconservadores se muestran crecientemente insatisfechos por la realidad de la presidencia Reagan, la más ideológica de las últimas décadas, pero que hasta ahora, no ha concretado los objetivos que se marcaron los grupos más derechistas cuando apoyaron la elección del actual jefe de Estado. Reagan se está mostrando mucho más pragmático de lo esperado, y partidario del compromiso por encima de la defensa de los principios ideológicos del conservadurismo, lo que irrita crecientemente a los ultraconservadores, que se sien ten traicionados. El Tribunal Supremo, cuyo período de sesiones comenzó el pasado día 7, define la constitucionalidad de las leyes en Estados Unidos y, con sus precedentes, crea legislación. Deberá enfrentarse en los próximos meses a cuestiones ideológicamente muy conflictivas y con gran carga política, empujadas por una actitud del Ministerio de Justicia más agresiva que en el pasado. El alto tribunal deberá definirse ante dos casos en apelación referentes a las leyes que regulan el aborto en Pensilvania e Illinois. La Administración ya ha solicitado que, revoque la legalización del aborto como un derecho constitucional de las mujeres, como algo arbitrario e impracticable. El Ministerio de Justicia afirma que el Supremo debe dejar libertad a los Estados para regular o prohibir el aborto, como ocurría hasta 1973. La derecha norteamericana está realizando una campaña nacional contra el aborto, que de momento sólo ha logrado el apoyo verbal del presidente Reagan.La separación de la Iglesia y el Estado, claramente, establecida por la Primera Enmienda de la Constitución, es otra piedra de toque en la batalla que está dispuesta a dar la Administración Reagan y su electorado desean ver reestablecida la plegaria voluntaria organizada en las escuelas norteamericanas, algo que el Tribunal Supremo continúa declarando inconstitucional. Ahora deberá pronunciarse sobre varios casos en que se discute la constitucionalidad de una ley del Congreso, votada el pasado verano, que pide a los colegios que permitan a los grupos que estudian religión a realizar discusiones religiosas y a rezar, fuera de las horas de clase, utilizando los locales de las escuelas, en condiciones de igualdad con otros grupos o clubes estudiantiles.

Equilibrio racial

En materia de derechos civiles, existe expectación por ver la actitud que tomará el Supremo sobre los programas de Acción Afirmativa, que actualmente garantizan empleos y prioridades en el trabajo a las minorías, para conseguir un equilibrio racial. El ministro de Justicia, Edwin Meese, se ha manifestado contrario a la Acción Afirmativa, alegando que su aplicación supone una discriminación contra los trabajadores blancos, especialmente los que tienen más antigüedad. Edwin Meese -un ex fiscal californiano de 53 años, acérrimo conservador, íntimo amigo de Reagan y su brazo derecho durante su primer mandato- es la gran esperanza blanca de los conservadores y ha criticado recientemente al Tribunal Supremo. Por ejemplo, calificó la posición de éste de defender la estricta separación de la Iglesia y el Estado y la obligada neutralidad del Gobierno en el tema como algo "grotesco". También utilizó el adjetivo "infame" para referirse a la ampliación de los derechos de los acusados en causas criminales en algunos fallos del Supremo. Meese ha denunciado también al tribunal por algunas de sus decisiones en materia de derechos civiles.La derecha reaganista tenía en su programa electoral el objetivo de reducir el activismo del Tribunal Supremo. Su acusación es que no se limita a cumplir su función específica -juzgar e interpretar la constitucionalidad de las leyes- y actúa de hecho como otro poder legislativo. Hace unos días William J. Brennan, el más liberal de los nueve miembros del Supremo, calificó la visión reaganista de la Constitución como de "arrogancia disfrazada de humildad". En una crítica directa de Meese, Brennan, de 79 años, defendió el activismo judicial del tribunal. Las esperanzas conservadoras se basan en la elevada edad de sus jueces -cinco de ellos tienen más de 76 años- y en el hecho de que Reagan, a quien compete su designación con carácter vitalicio, puede realizar nuevos nombramientos en lo que le queda de presidencia, afectando fundamentalmente la, composición ideológica del alto tribunal. "El país se enfrenta a un tribunal", afirma Laurence Tribe, profesor de Derecho de la universidad de Harvard, "cada día más maduro para ser llenado por el presidente en una escala extraordinaria. Esto transformará nuestras vidas y las de nuestros hijos hasta bien entrado el siglo XXI". A pesar de estos antecedentes, y si Reagan no efectúa nuevos nombramientos, los expertos no creen que el Supremo dé un giro de su actitud en el período de sesiones, de dos años, que acaba de comenzar.

Los conservadores, muy decepcionados por los escasos resultados obtenidos en el Supremo, no esperan victorias decisivas, mientras que los sectores liberales se contentarían con no perder terreno.