La desaparición de las cámaras agrarias locales es el principal problema del proyecto de ley

El proyecto de ley de cámaras agrarias, presentado ayer por el director general del Instituto de Relaciones Agrarias a las organizaciones profesionales, no satisface a las partes, aunque el apoyo de las organizaciones de izquierda al proyecto es patente, mientras que el resto muestra su desacuerdo total al texto. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA-FTT) y la Coordinadora de Organizationes de Agricultores y Ganaderos (COAG) han anunciado que intentarán endurecer el proyecto de ley, pidiendo que en el texto aparezca explícitamente la desaparición de las cámaras agrarias locales.

La Administración dio a conocer ayer el proyecto de ley de cámaras agrarias, retrasado de forma inexplicable a juicio de altos funcionarios del sector público durante varios años, en el que se establece que la Administración potenciará las cámaras provinciales, que tendrán funciones de asesoramiento y consulta y servirán para medir el grado de representatividad de las organizaciones agrarias. El "impuesto cameral", el 2,5% de la contribución rústica, seguirá en vigor y servirá para que las cámaras tengan algunos recursos independientes de los presupuestos del Estado y. los servicios que hasta ahora prestaban las cámaras serán asumidos por los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.La representatividad de las organizaciones agrarias se fijará en función de los resultados de las elecciones a vocales de las cámaras agrarias provinciales y se exigirá obtener el 10% de los votos válidos emitidos en el proceso electoral, en el caso de representatividad estatal, o del 20% para los casos de ámbitos territoriales inferiores a los del Estado. El porcentaje exigido por el proyecto de ley ha sido calificado de forma distinta por las diferentes organizaciones agranas que, en cualquier caso, no han mostrado una discrepancia total a este respecto.

Es el enfoque general de la ley el que provoca mayores enfréntamientos entre la Administración y las diversas organizaciones profesionales agrarias y, sobre todo, la decisión de que el Estado no propiciará el mantenimiento de las cámaras locales agrarias al entender que su funcionamiento no aporta nada esencial a la marcha de la agricultura y representa una rémora en la democratización de la agricultura por el sistema obligatorio de afiliación que se enfrenta a los preceptos constitucionales.

En este sentido las organizaciones de izquierda -COAG y UPA-FTT- consideran necesario que la ley que apruebe el parlamento disuelva taxativamente las cámaras locales, la COAG considera que debería desaparecer la estructura de cámaras agrarias en su totalidad y que la representatividad del campo se establezca mediante los votos conseguidos por las organizaciones en las elecciones a los consejos agrarios ya existentes en algunas comunidades autónomas. La UPA-FTT señala que, en cualquier caso, al ser estas organizaciones de carácter empresarial, la representatividad se les supone "como a la CEOE", y que no habría por qué someterlas a la criba de unas elecciones de representantes, aunque aceptan la postura del Gobierno de convocarlas para las cámaras provinciales.

Las organizaciones de derechas -Jóvenes Agricultores y su asociada, la Unión de Federaciones de Agricultores de España, así como la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos- se oponen al texto del proyecto de ley por entender que la desaparición de las cámaras locales representa un intento de la Administración por desarbolar algunas organizaciones agrarias en favor de otras. Para estas organizaciones, la asunción por parte de los ayuntamientos de los servicios que realizan las cámaras va a ir en detrimento de los agricultores.