El Gobierno quiere lograr un convenio político con los presidentes autonómicos ante el ingreso en la CEE

El Gobierno ofrecerá a los presidentes de todas las comunidades autónomas, antes de que termine este año, un acuerdo político para fijar de la forma "más participativa y acordada" la posición española ante la Comunidad Económica Europea (CEE) en cuestiones que, por la construcción del Estado de las autonomías, han pasado a ser competencia de las administraciones regionales. El presidente del Gobierno, Felipe González, aludirá probablemente a esta propuesta en su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre el estado de la nación, que comenzará el próximo martes, pero la oferta no será expuesta y debatida con los presidentes autonómicos hasta que el convenio esté precisado en todos sus detalles.

El acuerdo que prepara el presidente del Gobierno será formulado como un pacto político y no como una iniciativa legislativa gubernamental, "ya que, si se redactase un texto de contenido normativo, estaría sometido al riesgo de una ley interpretativa", según expresión de fuentes socialistas. En la República Federal de Alemania, la fórmula empleada para proponer el pacto de la Administración central con los länder fue una declaración del canciller remitida a los consejeros presidentes y que dio pie a un canje de cartas sobre los términos, del acuerdo.El Gobierno español optó por la iniciativa de un pacto político con los máximos responsables autonómicos tras desechar la posibilidad de "no hacer nada" -y, por tanto, resolver unilateralmente cada litigio- y ante la conclusión de que la elaboración de una ley era una "mala alternativa". Los gobernantes españoles contaban, en cualquier caso, desde el año pasado, con la necesidad de establecer antes del 1 de enero de 1986 un mecanismo de consulta y decisión, ya que, al contrario de lo que sucedería con la aplicación de las normas comunitarias -sobre las que las autonomías pueden recurrir a un tribunal en los litigios de competencias con el Estado-, nuestro país carecía de procedimientos para fijar la posición unitaria, española ante la CEE en algunos asuntos.

Las reglas del juego

Aunque la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea detraerá más competencias del Estado que de las comunidades autónomas -en una proporción de 80% a 20%, según fuentes gubernamentales-, las autoridades españolas llevan varios meses de estudio de unas reglas del juego con los Gobiernos regionales. Los informes de los diplomáticos españoles en países de la CEE, a la vista de la experiencia de otros procesos de adhesión, no dejaban duda de "los problemas de funcionamiento que se van a plantear en las autonomías y el propio Estado en la aplicación y desarrollo de las directivas comunitarias y en torno a la posible participación de los Gobiernos regionales en la fijación de la posición española en materias transferidas a las administraciones regionales", según medios oficiales."Las comunidades autónomas saben que materias de su competencia han sido transferidas a Bruselas, no a Madrid, y que en las decisiones que allí se toman, España participará, pero con una sola posición, no con 17 posiciones", argumentan los socialistas. "Por eso se va cada vez más hacia fórmulas de coordinación y cooperación fluida entre la Administración del Estado y las administraciones regionales".

De acuerdo con el sistema establecido en la RFA -que junto con el de Italia, ha servido de modelo para el borrador de convenio español-, cuando las comunidades autónomas no alcancen un consenso sobre la postura a defender por el Gobierno, será éste el que determine la actitud española.

Los acuerdos de los Gobiernos regionales tendrán carácter de recomendaciones no vinculantes, y los presidentes autonómicos podrán mantener contactos informativos directos con las autoridades comunitarias, pero no podrán sellar acuerdos, según las informaciones obtenidas por este diario.

El Gobierno negociará con los presidentes regionales en contactos bilaterales, según los criterios predominantes hasta ahora en medios gubernamentales, que, por una parte, dudan de que algunos presidentes accedan a desdibujar su personalidad en un órgano colegiado, y por otra, no registran unanimidad sobre la conveniencia de que exista una institución de estas características.

El borrador sobre el convenio con las comunidades autónomas -para el que se utilizan informes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda y Administración Territorial- se encuentra todavía pendiente de algunas precisiones, entre ellas la duración del acuerdo, que puede fijarse por tiempo limitado o bien por un período indefinido, con cláusulas concretas para su denuncia.