El fantasma de la caza de brujas

La distribución del formulario MS1-O2, del Ministerio de Defensa, entre los trabajadores de empresas civiles del Instituto Nacional de Industria, según la respuesta del Gobierno al diputado comunista Pérez Royo, se ha hecho al amparo de la legislación sobre secretos oficiales (ley de 5 de junio de 1978 y ley de 5 de octubre de 1978), que "limita el conocimiento de las materias clasificadas a las personas debidamente facultadas para ello". Y lo único que pretende el cuestionario, según la citada respuesta, "es conocer con fehaciencia a las personas que manejan estos conocimientos protegidos legalmente, y de ahí que se requieran en ocasiones datos que afectan a su vida, pero que no están jamás obligados a cumplimentar".Estas explicaciones no son suficientes para tranquilizar a los trabajadores, según Comisiones Obreras, que teme que estos cuestionarios abran la puerta, bajo el pretexto de la seguridad nacional, a investigaciones anticonstitucionales sobre la vida privada y la ideología que condicionen las perspectivas de promoción y de estabilidad en el empleo de amplios colectivos de izquierdas. Esta preocupación enlaza con la creencia de que en determinadas empresas de multinacionales norteamericanas, como es el caso de la futura fábrica madrileña de semiconductores de AT&T, se va a imponer un sofisticado y prácticamente indemostrable veto a la contratación de comunistas o de personas que, al margen de lo ideológico, no se ajusten en su vida privada a los cánones de comportamiento mayoritarios. La reciente pregunta de un diputado aliancista al Gobierno sobre la presencia de militantes del Partido Comunista de Ignacio Gallego en un comité de empresa de una industria aeronáutica española y sobre qué medidas va a adoptar el Ejecutivo ante este hecho avala estos temores.

La compra de avanzados sistemas de armas a distintos países en los últimos años y la participación en programas de cofabricación, junto con la incorporación a la OTAN, ha dado pie para el establecimiento de complejos sistemas de seguridad en numerosas industrias españolas relacionadas con estas actividades. Muchos de estos planes de seguridad están calcados de los vigentes en Estados Unidos para la protección de instalaciones nucleares, y las exigencias de control de las tecnologías por parte del Ministerio de Defensa a las empresas españolas se han multiplicado en los últimos meses. Las presiones de Estados Unidos para que España se incorporara al COCOM (organismo internacional que contrala las exportaciones de tecnología a países del Este), como ha realizado recientemente, pese a los informes negativos que en un primer momento realizó Asuntos Exteriores (pérdida de soberanía, sometimiento a legislaciones extranjeras, entorpecimiento a las relaciones con Cuba y algunos países árabes), refuerzan esta tendencia.

Fuentes jurídicas estiman que la impugnación del polémico formulario puede hacerse de acuerdo con la Ley 62/1978, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, así como, en su caso, mediante recurso de amparo y a través del Defensor del Pueblo. Este último, consultado sobre estos hechos, ha manifestado "que no aprecia posibilidad de recurso de inconstitucionalidad en el momento actual, y que, en cuanto al procedimiento contencioso-administrativo, queda fuera de su competencia".