La incomunicación del detenido favorece la tortura en España, según Amnistía Internacional

"La detención bajo incomunicación, incluso con garantías, propicia la tortura y los malos tratos", afirma Amnistía Internacional (AI), en relación con España, en su informe de 1985, que se presentará hoy en Madrid y Londres. El documento recoge la discrepancia del Gobierno español con las conclusiones de AI. Según el informe, aunque el Gobierno sólo admite "ocasionales infracciones de las normas", reconoce que durante sus dos primeros años de mandato se recibieron 111 denuncias de torturas o malos tratos contra 327 policías o guardias civiles.

El informe recoge la situación de los derechos humanos durante 1984 en todo el mundo, con datos relativos a 123 países, y destaca, respecto a España, que la tortura y los malos tratos infligidos a detenidos y presos siguieron centrando la atención de AI. El informe resalta que, a pesar de las garantías introducidas por las leyes de asistencia letrada al detenido y de hábeas corpus, "la incomunicación ha seguido aplicándose de manera generalizada y AI ha llegado a la conclusión de que ( ... ) dicha medida facilitó la tortura y los malos tratos".Al hace referencia al Memorando relativo a las denuncias de torturas y malos tratos en España remitido en mayo de 1984 al presidente del Gobierno, Felipe González, en el que se consignaban, a título de ejemplo, 11 denuncias concretas, relativas a hechos ocurridos en Madrid, Barcelona y el País Vasco, en todos los cuales el control judicial había sido insuficiente. Entre otras conclusiones del documento enviado a González destacaban la deficiente situación de los detenidos a los que se aplicaba la ley Antiterrorista y el hecho de que "la policía y la Guardia Civil hicieron caso omiso de las normas que sobre asistencia médica al detenido dictó el Ministerio del Interior en 1981" (etapa de Juan José Rosón).

El 31 de octubre de 1984, el secretario general de AI y otros dos miembros de la organización, se entrevistaron en Madrid, por separado, con Felipe González; el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el de Justicia, Fernando Ledesma. Tanto en estos encuentros -en los que el Gobierno manifestó la necesidad de protegerse del terrorismo dentro de un marco de garantías jurídicas-, como en la respuesta enviada a AI en diciembre de 1984 por el ministro del Interior, se rechazó la conclusión de AI sobre la relación directa de la detención incomunicada y las torturas. Sin embargo, el propio fiscal de la Audiencia Nacional, en la Memoria de 1984, opinaba en favor de la eliminación de la facultad de prorrogar la detención e incomunicación hasta 10 días.

111 denuncias

En la respuesta del ministro del Interior a Al se informó que, desde que el actual Gobierno entró en funciones, en diciembre de 1982, 327 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado resultaron afectados por un total de 111 denuncias de torturas o malos tratos, 88 de las cuales se encontraban en fase de diligecias previas. El volumen total de detenidos en aplicación de la ley Antiterrorista fue, según AI, de 691 en 1983 y 673 hasta el 13 de noviembre de 1984. El informe de AI destaca las actuaciones judiciales contra policías y guardias civiles en 1984.Los datos sobre España contrastan con los relativos a otros países europeos occidentales. Así, en cuanto a Francia, AI muestra su preocupación por el procesamiento y encarcelamiento de objetores de conciencia, inquietud compartida respecto a Italia, país del que el informe destaca la exce siva duración de las actuaciones judiciales en los procesos políticos. En cambio, en cuanto al Reino Unido, AI expresa su preocupación por las denuncias provenientes de Irlanda del Norte respecto a torturas y malos tratos infligidos durante los interrogatorios a personas sospechosas de delitos políticos, así como por las denuncias de malos tratos policiales a los mineros.