La ley de policía supone una lectura conservadora de la Constitución, aseguran tres expertos

El proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, actualmente en trámite parlamentario, supone la lectura más conservadora de la Constitución, según expusieron ayer tres de los ponentes de las II Jornadas sobre el Modelo Policial en el Ateneo de Madrid. Las jornadas que se iniciaron ayer estudian la reforma policial y están organizadas por la coordinadora de sindicatos de policía.

Juan Antonio Belloch, magistrado del País Vasco, añadió por su parte que "no es totalmente cierto que el actual proyecto recoja los principios de la declaración de la policía del Consejo de Europa de 1976, tal como ha reiterado José Barrionuevo, ministro del Interior".Jaime Curbet, director de Planificación y Estudio de la Generalitat de Cataluña, señaló que el modelo policíal actual no es el que marca la Constitución. El actual proyecto de ley, a su juicio, está consolidando un modelo eminentemente centralizado, militarizado y autoritario. "El Gobierno socialista ha hecho la lectura más conservadora de la Constitución en el ámbito de la reforma policial", señaló Jaime Curbet.

El director de Planificación de la Generalitat alegó que el proyecto de ley configura una estructura policial que no está adecuada al estado de las autonomías y no recoge los derechos sindicales de los agentes de esa policía.

Rebatir a Barrionuevo

El magistrado Juan Alberto Belloch, por su parte, rebatió la tesis defendida por el ministro del Interior, José Barrionuevo, en la que se señala que el actual proyecto de ley policial emana de los principios de la declaración de la policía realizada por el Consejo de Europa en 1976. En opinión del magistrado Belloch, el actual proyecto no recoge la explícita mención a la abstención por parte de todo agente policial de cualquier acto de corrupción. Belloch dijo que "el actual proyecto no señala que estos agentes se opongan a toda orden que implique malos tratos sobre personas". Por último, tampoco el texto normativo recoge la abstención de los policías de obedecer cualquier orden que atente contra las ideas religiosas o políticas de los ciudadanos, según Belloch.Juan Alberto Belloch enumeró a continuación lo que él denomina diez razones para oponerse al actual proyecto de ley gubernamental. Entre estas razones destaca, en opinión del magistrado, que el actual proyecto da cobertura legal al espionaje político, y no regula con garantías jurídicas suficientes la figura del confidente policial.

Otro de los puntos en los que más insistió Juan Alberto Belloch fue el tema de la policía judicial. En opinión del magistrado, el actual proyecto de ley supone "un claro retroceso de la actual ley orgánica del poder judicial" ya que, entre otras cosas, el proyecto legislativo presentado al Congreso de los Diputados no desarrolla el régimen jurídico de los agentes adscritos a las unidades de policía judicial.

Derechos sindicales

Otras cuestiones que Juan Alberto Belloch trató en las jornadas sobre reforma policial se centraron en los derechos sindicales -que el actual proyecto "restringe"-, las policías locales y autonómicas. Respecto a la problemática de estas últimas, el magistrado señaló que el actual proyecto de ley puede infringir algún aspecto del estatuto de autonomía vasco.Por otra parte, Diego López Garrido, profesor de Derecho Administrativo y experto en temas de seguridad ciudadana, señaló que la Constitución separa "nítidamente" a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Las primeras son reguladas en el artículo 8 y las segundas en el 104. "De lo que se deduce la difícil posición de un cuerpo como el de la Guardia Civil, que tiene una estructura militar y desarrolla una labor policial", agregó López Garrido.

Modelo anglosajón

Por último, Rodolfo Martín Villa, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del Interior hizo una exposición de su visión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin entrar a discutir el actual proyecto de ley policial. Martín Villa se declaró partidario del modelo anglosajón que, en su opinión, supone la existencia de un único cuerpo de policía. No obstante admitió las razones históricas de determinadas comunidades autónomas -Euskadi y Cataluña- para tener sus propios cuerpos de seguridad.Sin embargo, consideró que la seguridad ciudadana es "competencia exclusiva del Estado", lo que no significa que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puedan depender de los órganos de las comunidades autónomas. Respecto a la Guardia Civil, el ex ministro señaló que tiene unas ordenanzas anacrónicas. Al acto, convocado por la Coordinadora de sindicatos de policía que agrupa a siete organizaciones policiales, no asistieron, contra lo previsto, Joaquín Ruiz-Giménez defensor del pueblo; Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, y José Antonio Martín Pallin, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos.