Ambiente conciliador en la entrevista de Pons y Guevara sobre las transferencias a Euskadi

La reunión celebrada ayer por la mañana en Madrid entre el ministro de Administración Territorial, Félix Pons, y el consejero de Presidencia del Gobierno Vasco, Juan Ramón Guevara, ha confirmado el clima de "sinceridad y relaciones fluidas" entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. Juan Ramón Guevara manifestó a este periódico que el propósito de su Gobierno es agotar las vías de solución política a las discrepancias sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía vasco.

El ministro de Administración Territorial manifestó en una conferencia de prensa al término de la entrevista que "se está elaborando un listado, no de competencias a transferir, no una tabla reivindicativa, por decirlo en terminología sindical, sino de temas sobre los que hay que sentarse a hablar para fijar cuáles corresponden a cuestiones transferibles por el Estado, o en qué grado, y cuáles no". Dicho listado, que pudo ser ya revisado en la reunión de ayer, centrará la conversación, que con mayor profundidad volverán a mantener el ministro de Administración Territorial y el consejero de la Presidencia vasco, el próximo día 10 de octubre en Madrid. En la segunda quincena de ese mismo mes se reunirá, casi con toda seguridad, la comisión mixta de transferencias para formalizar el traspaso de los servicios sobre los que menos discrepancia hay a la comunidad vasca.Tanto Félix Pons como Juan Ramón Guevara coincidieron ayer en señalar que las próximas conversaciones, que se intensificarán en un futuro inmediato -Guevara insinuó a los periodistas que no será necesario que acudan a esperarle a la salida del ministerio cada vez que venga a Madrid porque será bastante a menudo-, servirán para clarificar el desarrollo todavía pendiente del estatuto de autonomía vasco y, por consiguiente, el alcance del autogobierno.

El consejero de Presidencia del Ejecutivo vasco subrayó a este diario el empeño en confiar en la negociación política para "resolver un asunto fundamentalmente político, más que jurídico, como es el desarrollo y concreción del estatuto de autonomía". "Mi Gobierno", manifestó, "prefiere solucionar políticamente las discrepancias sobre el desarrollo estatutario a confiar en sentencias del Tribunal Constitucional, que pueden ser utilizadas como arma arrojadiza. Habrá cuestiones concretas sobre las que hará falta una sentencia, dadas las diferentes interpretaciones jurídicas, y, de hecho, hace poco hemos recurrido contra la ley del Patrimonio, pero lo deseable es que una cuestión tan política como la de la policía autonómica, que pertenece a la entraña del propio estatuto, sea afrontada por los políticos y resuelta por la vía política. Insisto: aunque, si hace falta, al final se vaya al Tribunal Constitucional".