AP considera que la Junta de Andalucía debio protestar ante el recorte a su asignación
El portavoz de Alianza Popular en el Parlamento de Andalucía, José Ramón del Río, puso ayer la reacción de Cataluña y Galicia como ejemplo de la actitud que la Junta de Andalucía debía haber tomado para protestar contra el recorte financiero a las autonomías propuesto por el Gobierno central. Del Río hizo este comentario en el debate sobre la financiación autonómica celebrado ayer en la Cámara regional, en el curso del cual todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar duramente al Gobierno autónomo.Entre otras cosas, todos los portavoces de la oposición coincidieron, en mayor o menor medida, en acusar a los socialistas en general de traicionar al Estado de las autonomías y potenciar el centralismo, en tanto que, en opinión del portavoz aliancista, la Administración central no recorta sus gastos. El consejero de la Presidencia, Ángel López, replicó acusando al portavoz de AP de utilizar un lenguaje "casi abertzale" mientras en el programa de su partido se mantiene la propuesta de reforma de la Constitución en lo que respecta a las autonomías.
Por su parte, el portavoz centrista, Luis Marín, calificó de "chalaneo pactado" la negociación entre las Administración central y la Junta andaluza que condujo a: un acuerdo sobre la financiación. El comunista Felipe Alcaraz, tras sumarse a la calificación de chalaneo, llegó a afirmar repetidamente que "estamos asistiendo a un golpe de Estado incruento y a cámara lenta". Para el andalucista Luis Uruñuela no se puede pedir, para atajar el déficit, que Andalucía se solidarice con las comunidades ricas.
El consejero de Hacienda, César Estrada, explicó que el acuerdo alcanzado tras la primera propuesta de recorte supone que el Gobierno central acepta que en los Presupuestos del Estado de 1986 se incluyan partidas extras para cubrir unos 6.800 millones de pesetas de gastos de la comunidad andaluza derivados de decisiones del Gobierno central. Con ello y una recaudación antes no prevista de unos 2.000 millones por el impuesto de lujo, más el ahorro que supondrá no asumir el año próximo las competencias sobre universidades, que conllevarán déficit, la Junta espera realizar un presupuesto suficiente.
Los portavoces rechazaron unánimente los cálculos de los consejeros, añadiendo que no era tanto cuestión de números como de voluntad autonómica, mientras el vicepresidente de la Junta, José Miguel Salinas, manifestó que la oposición se precipitó al pedir un debate sobre el recorte y ahora, cuando se han cubierto las necesidades, no quieren hablar de cifras.
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