La Xunta de Galicia rompe las negociaciones con el Gobierno sobre financiación autonómica

Los representantes de la Xunta de Galicia se unieron ayer a los de la Generalitat de Cataluña en el rechazo global de la propuesta del Gobierno central en cuanto a participación en los ingresos del Estado para 1986. Tras una última entrevista celebrada ayer en Madrid con el ministro de Administración Territorial, la representación de la Xunta, encabezada por su vicepresidente, José Luis Barreiro, rompió la negociación con el Gobierno. Por el contrario, los representantes de la Comunidad Valenciana acabaron aceptando la oferta gubernamental, que les aportará algo más de 46.600 millones de pesetas para el próximo año.

El rechazo por parte de la Xunta gallega de la oferta de participación de la comunidad autónoma en los ingresos del Estado para 1986 supondrá que Galicia deberá acogerse a la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado el año próximo, cuyo proyecto de ley se discute esta mañana en Consejo de Ministros y podría quedar aprobado hoy mismo. El figurar en esta sección, donde también se encuentra Cataluña, supone que será el Estado quien valore los gastos de transferencia, lo cual representará para Galicia una pérdida de 4.000 millones de pesetas.En su oferta, el Gobierno central ofrecía a la Xunta una particípación de 70.222 millones de pesetas en los ingresos de los PGE, mientras que, por la vía de la sección 32, la Xunta recibirá poco más de 66.000 millones.

Ángel Mario Carreño, consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta gallega, rechazó adelantar si ésta presentará recurso de inconstitucionalidad tras la negativa del Gobierno socialista a establecer los porcentajes definitivos de financiación de las autonomías, tal y como se prevé en la ley orgánica de Financiación de las Comunicades Autónomas (LOFCA).

Pérdidas imprecisas

Utilizando un lenguaje deliberadamente moderadó, lejano al que se emplea en la precampaña gallega, Carreño se mostró impreciso en la valoración de las pérdidas que supondrá para la Xunta la opción de pasar al figurar en la sección 32 de los Presuestos Generales del Estado; tan sólo señaló que "nuestros números no coinciden con los de la Administración central".

Por su parte, Félix Pons, ministro de Administración Territorial, visiblemente contrariado, recalcó que su departamento ha hecho un importante esfuerzo negociador, "en el curso del cual se han barajado diversas propuestas, intentando llevar las posibilidades hasta el último confín".

El Gobierno central llegó ayer a ofrecer 1.274 millones más a los representantes de la Xunta, pero éstos acabaron rechazando toda solución de compromiso, en lo que un dirigente del PSOE gallego calificó como "práctica electoralista".

Pons concluyó ayer su maratón negociador con las autonomías en torno a la participación de éstas en los ingresos del Estado para 1986 entrevistándose con los representantes de la Generalitat valenciana, que habían expresado reparos iniciales al porcentaje de 1,04% que les había sido asignado, pero que ayer acabaron aceptando.

El porcentaje de participación ofrecido por el Gobierno central a Galicia era ligeramente superior al 1,31%, mientras que los representantes de la Xunta solicitaban, como mínimo, el 1,45%.

El comité ejecutivo de Alianza Popular criticó ayer duramente en una nota los recortes gubernamentales a la financiación de las autonomías: "No existe voluntad de negociar ni de aplicar la financiación definitiva exigida legalmente por la LOFCA", señalaba la nota de AP.

Alianza Popular respalda así la postura de la mayoría de los Gobiernos autónomos que han considerado intolerable el recorte propuesto por el Gobierno y han amenazado, en algunos casos, con devolver algunas transferencias.