La Generalitat atribuye la dificultad de un pacto a discrepancias en el seno de la Administración

Las dos posiciones que existen en la Administración central sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas y las divergencias entre sus defensores, han obligado al Gobierno a posponer hasta 1987 la negociación con la Generalitat para fijar un modelo definitivo de financiación, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el Estatut. Así lo aseguró ayer el conseller de Economía de la Generalitat, Josep María Cullell, al comparecer ante el Parlamento de Cataluña.

Cullell efectuó esta afirmación en una sesión informativa de la Comisión de Economía de la Cámara legislativa catalana, dedicada a exponer la situación de la negociación económica con el Gobierno. Explicó que un sector de la Administración central, que no identificó, "pretende que sea el Gobierno quien defina qué se destina a gasto corriente y qué a gasto de capital en la financiación de las autonomías"."Si esta posición se impone se habrá acabado la autonomía", aseguró Cullell, "y lo que entonces tendríamos que defender no serían ya criterios hacendísticos, sino el Título VIII de la Constitución". El conseller señaló que las Comunidades Autónomas de régimen común "carecen de autonomía para determinar los ingresos, y lo que ahora se pretende eliminar, si triunfan estas tesis en el Gobierno, es la ya limitada autonomía en el gasto. Nos quedaríamos simplemente sin autonomía".

Cullell recordó que el pasado mes de julio se había llegado a un principio de acuerdo con el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, y el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, acerca de la revisión del sistema de financiación, para cumplir los plazos fijados por el Estatuto de Automomía y la LOFCA. Añadió que a pesar de que no consideraba óptimas las propuestas efectuadas entonces por Borrell, era positivo que iniciaran la sustitución del sistema de coste efectivo, que en un momento de su intervención califica de "diabólico".

El responsable de Economía del Gobierno catalán insistió en que la oferta del Gobierno central para 1986 supone para la Generalitat una insuficiencia presupuestaria de unos 45.000 millones de pesetas, de las que 20.500 millones corresponden a inversiones ya comprometidas, de acuerdo con la Administración Central, y destinadas mediante convenio principalmente a viviendas, ferrocarriles y universidades.

Cullell se declaró partidario de continuar la vía negociadora, y aseguró que el Gobierno catalán hará todo lo que sea necesario para "conservar la unidad de todas las fuerzas parlamentarias catalanas en la Comisión Mixta de Valoraciones".

Acuerdo de Aragón y Madrid

El conseller pasó por alto las advertencias del portavoz del grupo parlamentario socialista, Lluís Armet, acerca de la contradicción que supone esta defensa de la unidad de acción del arco parlamentario catalán y las "campañas de gesticulación" emprendidas por Convergència i Unió (CiU) acerca de la financiación autonómica. Tampoco se pronunció sobre la petición de un pacto institucional propuesto por el grupo comunista.Por otra parte, los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón y Madrid llegaron ayer a un acuerdo en las reuniones de sus respectivas Comisiones de Trasferencías sobre el porcentaje de participación en los ingresos del Estado, que representa 5.609 millones de pesetas en el caso de Aragón y 25.887 millones de pesetas en el caso de Madrid. El consejero de la Presidencia del Gobierno aragonés calificó el acuerdo de "bueno para la Comunidad, justo y razonable".

La delegación del País Valenciano decidió, de acuerdo con el ministro de Administración Territorial, proseguir el próximo lunes la reunión de la Comisión de Trasferencias. El vicepresidente de la comisión, el valenciano Felipe Guardiola, advirtió que estaban politicamente de acuerdo con la metodología para fijar el porcentaje de participación, pero en descuerdo con el ajuste de las cifras.