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El movimiento de objetores inicia una campaña de desobediencia

Anabel Díez

El Movimiento de Objeción de Conciencia ha decidido promover, a partir de hoy, una campaña de desobediencia civil a la ley de Objeción de Conciencia y al reglamento que la regula. Los objetores se niegan a que el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia sea el órgano encargado de "comprobar la veracidad de los motivos alegados por el objetor y la congruencia con su vida privada".

El reglamento que desarrolla la ley no recoge las principales aspiraciones de los objetores, aunque resuelve parcialmente algunas de ellas, cual es la posibilidad de reducir el tiempo de la prestación social a 18 meses, aunque oficialmente el tiempo obligatorio es de dos años.

Situación de reserva

La duración de la prestación sustitutoria de los objetores de conciencia se fijará en 24 meses, aunque, transcurridos 18 de ellos, el objetor, si voluntariamente lo solicita, podrá pasar a la situación de reserva, salvo que en su expediente personal conste sanción por infracción grave.El Gobierno podrá llamar a la incorporación a filas para realizar una actividad de carácter civil, en caso de movilización o catástrofe nacional, a aquellos que se hubieran acogido en su día a la objeción de conciencia.

Éstos son algunos de los extremos que recoge el real decreto, promulgado recientemente por el que se aprueba el reglamento de la prestación social de los objetores de conciencia, conforme obligaba la ley reguladora de la objeción de conciencia, de fecha 26 de diciembre de 1984.

El Movimiento de Objeción de Conciencia, reunido en asamblea en Madrid el pasado sábado, acordó iniciar una campaña de desobediencia civil a la ley que regula la situación de los objetores, por entender que el reglamento aprobado por el Ministerio de la Presidencia dista mucho de satisfacer lo que consideran sus derechos.

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En primer lugar, los objetores rechazan la función del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia, dado que no creen a nadie con derecho a juzgar y decidir si las razones para acogerse a la objeción de conciencia son o no pertinentes.

Los objetores no han conseguido que el reglamento les permita manifestarse como tales en cualquier momento, incluso cuando ya estén incorporados a los cuarteles. Por el contrario, los objetores deben someterse a unos plazos que también rechazan.

Así, el pasado viernes cumplía la fecha para que los antiguos objetores en situación de incorporación a filas aplazada presentaran sus declaraciones.

"La objeción de conciencia no puede ser limitada a unos plazos, máxime cuando en la Administración no ha existido ninguna información acerca de la existencia de esta fecha tope", afirma un portavoz de los objetores.

Al margen de las armas

La prestación social sustitutoria se realizará en entidades dependientes de las administraciones públicas, aunque se admitirá el apoyo de entidades colaboradoras no públicas siempre que no tengan fines lucrativos y no favorezcan ninguna opción ideológica o religiosa concreta.La prestación sustitutoria del servicio militar consistirá en actividades llamadas de utilidad pública que no requieran el empleo de armas ni supongan dependencia orgánica de instituciones militares.

El régimen de la prestación de los objetores comprende las situaciones de disponibilidad, actividad y reserva. Estarán disponibles todos los objetores hasta tanto no cumplan 34 años, momento en que obtendrán la licencia absoluta.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, podrá adoptar medidas excepcionales -que afectarán a los que hubieran sido excluidos temporalmente, a los exentos y a los objetores en situación de reserva, para su asignación a tareas de protección civil- en supuestos de grave riesgo o catástrofe nacional.

La exclusión total de la prestación social sustitutoria sólo se circunscribe a quienes padezcan enfermedad o incapacidad contenida en el cuadro médico de exclusiones de este reglamento.

Prórrogas

El reglamento recoge diversas clases de aplazamientos para incorporarse al servicio social sustitutorio, similares a las prórrogas de la mili, como son razones de estudios y sostenimiento económico de la familia.La inspección de la labor del objetor corresponde a gobiernos civiles y delegaciones del Gobierno, en colaboración con la Oficina para la Prestación Social de los Objetores, que es el órgano encargado de la gestión y control de la prestación.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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