La Comunidad de Madrid paraliza las obras de 26 chalés propiedad del alcalde de Colmenar de Oreja

La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid denunció el pasado 2 de agosto ante la Fiscalía de la Audiencia Territorial al alcalde de Colmenar de Oreja, Antonio García Fernández, de Coalición Popular, por un presunto delito de falsedad en documento público. Asimismo, ¡a Consejería ha ordenado la paralización de las obras de 26 chalés, propiedad del alcalde, para los que el Ayuntamiento que él mismo preside concedió licencias de obra de forma ilegal.

El presunto delito de falsedad en documento público se refiere a una certificación, firmada por el alcalde, Antonio García Fernández, el 1 de abril de 1985, que dice: "Certifico que la parcela propiedad de este Ayuntamiento, con una extensión de 35.420 metros cuadrados, está destinada a la construcción de un polígono para la explotación de ganado vacuno, disponiendo de los servicios de agua, luz y alcantarillado, por lo que no existe inconveniente en cuanto urbanización".Fuentes de la Consejería declararon que la citada parcela está enclavada en un paraje en el que no existe cobertura legal para ningún tipo de urbanización.

La denuncia, presentada por el consejero, Eduardo Mangada, el pasado 5 de agosto ante la Fiscalía de la Audiencia Territorial, explica que la certificación firmada por el alcalde contiene "falsas aseveraciones" que pueden causar perjuicios a terceros y "no se ajustan a la realidad jurídica y urbanística de Colmenar de Oreja".

La denuncia indica que las afirmaciones de la certificación, al proceder "de la máxima autoridad local pueden tener implicaciones de orden penal al poder constituir figura de delito'". El fiscal de la Audiencia remitió la información el 14 de agosto al Juzgado de Instrucción de Aranjuez, "para la incoación del correspondiente proceso penal".

La Consejería ha ordenado también la paralización de obras de 35 chalés para los que el Ayuntamiento concedió licencia de construcción sin que lo permita la normativa urbanística legal. De esos 35 chalés, 26 son propiedad del alcalde. El Ayuntamiento aprobó las licencias el 18 de octubre de 1984, en 24 casos, y el 20 de diciembre del mismo año en los dos casos restantes. Catorce de los chalés se encuentran en fase de ejecución.

Plan de ordenación

La presunta ilegalidad de los chalés y licencias concedidas estriba, según la Comunidad autónoma, en que no existe plan parcial de ordenación que las ampare, plan de ordenación que, en caso de que fuera tramitado, debería ser aprobado por la Comunidad. La orden de paralización de las obras se extendió el 9 de septiembre. El plazo legal de 10 días para cumplirla expira el próximo día 19. "Si entonces no están paralizadas", afirmó un portavoz, "irán nuestros técnicos a precintarlas". El portavoz añadió que "en algunos de los chalés que no scin propiedad del alcalde, se ha comprobado que éste ejecuta las obras como contratista".

La suma de irregularidades detectadas por la Consejería en el término de Colmenar de Oreja se completa con la licencia de obras de infraestructura que el Ayuntamiento concedió a una urbanización, Balcón del Tajo, incluida en el catálogo de urbanizaciones ilegales.

En septiembre del año pasado el consejero de Ordenación Territorial, Eduardo Mangada, advirtió que se había observado que algunos alcaldes de la región mantenían una postura ambigua, cuando no de connivencia pura y simple, con el fenómeno de las urbanizaciones ilegales. Aunque no se citaron nombres, la máxima autoridad municipal de Colmenar de Oreja, entre otros, figuraba en la relación.

En Colmenar de Oreja existen seis urbanizaciones ilegales, lo que le convierte en uno de los más permisos de la región madrileña. Una de estas urbanizaciones, El Balcón del Tajo, se ha visto favorecida recientemente por la decisión municipal de concederle licencia para obras de infraestructura. La decisión se basa en que la urbanización tenía aprobada, desde el 9 de mayo de 1978, un plan parcial de ordenación. La consejería puntualiza, sin embargo, que dicho plan parcial sólo estaba aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, y fue denegado y, por tanto, invalidado, por las autoridades regionales.

El acuerdo municipal de conceder licencia de obras a El Balcón del Tajo se tomó en un pleno celebrado el 20 de febrero de 1984. La notificación a la Consejería no se remitió hasta el 12 de agosto de 1985.

Para Antonio García Fernández, las acusaciones de la Comunidad reflejan "una persecución partidista de unos señores que estarían muy bien trabajando en sus partidos, pero no en el Gobierno". El alcalde de Colmenar afirmó que las licencias concedidas a chalés de su propiedad -"ya no son míos, los vendí", dice- no fueron licencias de nueva construcción, sino de legalización. "Aquellos chalés se construyeron hace cinco o seis años, y lo que hemos hecho ahora no ha sido más que legalizarlos. No recuerdo si eran 26 o 14. Si la Consejería lo dice, serán 26".

Respecto a la acusación de presunta falsificación, Antonio García afirmó: "No se trata de eso. El Ayuntamiento compró los terrenos para crear un polígono ganadero. Es verdad que tienen luz y agua a pie de parcela, aunque no existan otros elementos". La Consejería, sin embargo, se refiere al hecho de que en aquella zona no existe ninguna cobertura legal que pudiera permitir obras de urbanización. La certificación firmada por el alcalde señala que "no existe inconveniente en cuanto su urbanización".

Sobre la autorización de obras de infraestructura en la uranización El Balcón del Tajo, el alcalde acusó a la consejería de no cumplir sus promesas. Según García Fernández, la Consejería se comprometió a legalizar lo construido, "y no lo ha hecho", dijo.