La nueva ley de Contabilidad y Auditoría se aprobará dentro de esta legislatura, con un solo texto legal
El Gobierno mantiene el propósito de tener listo en los próximos tres meses el proyecto de ley de Contabilidad y Auditoría con objeto de que tenga su entrada en las Cortes antes de que finalice el último trimestre del año. Ya se ha constituido la comisión encargada de la elaboración de ese proyecto, que mantuvo su primera reunión el pasado jueves y que seguirá reuniéndose a un ritmo de una o dos veces por semana. La comisión la integran miembros del Instituto de Planificación Contable, ministerios de Economía y Hacienda y Justicia y varios catedráticos, aunque no cuenta con participación del sector.
Si bien hasta hace unos meses existía el convencimiento de que se iban a regular por separado, en sendas leyes, tanto el ejercicio de la contabilidad como el de las auditorías, el Gobierno se ha decantado hacia una regulación en un único texto, con dos partes diferenciadas: en una de ellas se recogerán los aspectos contables, con la consiguiente adaptación de los mismos a la normativa imperante en la CEE, a la que tendrá que ceñirse nuestro país, mientras que en la otra se tipificarán todos los aspectos relacionados con el ejercicio y aplicación de las auditorías.Asimismo, en el momento en que quede ratificada esa ley, se aprobará casi inmediatamente el nuevo plan de contabilidad, cuyo borrador está prácticamente ultimado, al que se ha incorporado la contabilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y en el que tan sólo quedan por concretar aspectos como los estados de financiación en las cuentas anuales o los métodos contables para el impuesto de sociedades.
Precisamente la adaptación de ese nuevo plan de contabilidad a la legislación comunitaria -concretamente a la 4ª directriz- hará necesarias modificaciones en el código de comercio y en la ley de sociedades anónimas. Estas modificaciones, que fueron planteadas ya por anteriores Gobiernos y que nunca pasaron de la categoría de proyecto, deberán realizarse ahora, de forma perentoria, como consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE).
Doce miembros
La Comisión encargada de la elaboración del borrador del proyecto de ley de contabilidad y auditoría estará integrada, en principio, por un número de miembros que oscilará entre diez y doce personas: subdirectores de la Intervención General del Estado, de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria y de la Secretaría de Estado de Economía y Planificación; representantes del Instituto de Planificación Contable, cuyo director ejercerá la presidencia de esta comisión; uno o dos representantes del ministerio de Justicia -de la Comisión General de Codificación-, más varios catedráticos expertos en el tema: el profesor Rivero, de la Universidad Complutense; Leandro Cañibano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y el profesor Alberto Bercovitz, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que fue uno de los ponentes del anteproyecto de ley de sociedades anónimas que se elaboró hace unos años, y que sigue aún inédito.
En principio, no existe ningún representante del sector auditor entre los encargados de elaborar el anteproyecto de ley, por considerarse, según fuentes de esta comisión que los trabajos pueden desarrollarse más rápidamente sin ellos. Sin embargo, el propio secretario general de Economía y Planificación, Miguel Muñiz, declaró este verano que quedaba abierto un período de colaboración rápida con el sector para concretar el proyecto de ley que finalmente se envíe a las Cortes.
Consolidación de balances
Según los responsables del Gobierno, la nueva legislación sobre este aspecto será lo menos intervencionista posible, y aparte de recoger los principios legales básicos de necesario cumplimiento, incluirá por primera vez la obligación de que se consoliden los balances de los grupos de sociedades, una figura que actualmente no existe en la legislación española. Se deberán concretar igualmente cuáles han de ser las empresas que estarán obligadas a ser auditadas por auditores independientes.
Habrá que determinar asimismo aspectos de esencial importancia dentro de este terreno, como el de la incompatibilidad de los auditores y la reponsabilidad de las empresas de auditoría. Asimismo, es previsible que se tengan en cuenta algunos aspectos expuestos por el propio sector, y que parecen responder a un sentimiento generalizado del mismo, como es el de la implantación de un período transitorio de adaptación hasta que la nueva ley sea de obligado cumplimiento para todas las empresas a las que afecte.
