Dialogar con ETA

EL PROPÓSITO expuesto por Xabier Arzallus y Juan María Bandrés para dar por zanjada la polémica entre ellos que calentó el verano vasco es elogiable. Sin embargo, la opinión pública sigue interesada por el hecho, nada banal, de que el presidente del PNV -partido con responsabilidades estatales y de gobierno en la Comunidad Autónoma de Euskadi- reconozca ahora sus viajes a Francia, en 1981, para dialogar con dirigentes terroristas. ¿Quiénes conocían esos contactos? ¿Qué propósito tenían si no era el de una negociación? ¿No tienen derechos los electores peneuvistas y los ciudadanos españoles todos a conocer detalles sustanciales de ello? ¿No ha de abrir el Parlamento -el vasco y el español- un debate sobre el tema?El llamamiento del Gobierno de Vitoria para que las fuerzas democráticas vascas renuncien a utilizar el problema de la violencia como arma arrojadiza en sus disputas contrasta con el apasionado tono empleado en la polémica veraniega. Las declaraciones de Eugenio Ibarzábal, portavoz del Ejecutivo vasco, al reiterar el rechazo a una negociación con ETA militar propuesta por Herri Batasuna como mediadora, entran en contradicción con el relato de los contactos mantenidos por la comisión ejecutiva del PNV con ETApm en 1981 y con las posturas defendidas recientemente por Insausti, presidente del partido, y Xabier Arzallus. "Se me ha criticado -escribía éste el pasado domingo en Deia- y también a mi partido que hayamos tenido conversaciones con organizaciones armadas. Lo hemos hecho siempre que hemos podido. Y, en mi opinión, deberíamos seguir haciéndolo".

Es verdad que entre el verano de 1981 y el verano de 1985 han sucedido cosas demasiado importantes para ser despreciadas o ignoradas. El afianzamiento del Estado de las autonomías (con la sentencia de inconstitucionalidad de la LOAPA, las segundas elecciones parlamentarias en el País Vasco, la reanudación de las transferencias) y la consolidación del sistema democrático (el juicio de Campamento, la normalidad del triunfo electoral del PSOE, el ingreso, en la CEE) deben figurar como telón de fondo de cualquier análisis. Este período presenció también el crecimiento electoral del nacionalismo moderado, el estancamiento del nacionalismo radical, la crisis interna del PNV, la defenestración de Carlos Garaikoetxea como lendakari, la designación de José Antonio Ardanza para sustituirle y el pacto de legislatura entre el PNV y el PSOE. Y en el oscuro mundo de la violencia, estos años han sido el escenario de la disolución de ETApm, tras una incierta tregua, y de la política -iniciada por Rosón y dirigentes de Euskadiko Ezkerra- de ofrecer la reinserción social a antiguos terroristas dispuestos a renunciar a la violencia. Sin embargo, las persistentes acciones criminales de ETAm, de los octavos (grupo disidente de ETApm) y de los Comandos Autónomos muestran lo irreductible de los núcleos más endurecidos del terrorismo, que acumulan atentados y asesinatos en la vana esperanza de fortalecer su posición para imponer a las instituciones del Estado una imposible negociación de poder a poder.

Desde la victoria socialista, la colaboración de Francia ha permitido avances en la estrategia antiterrorista. A partir del pacto de legislatura y de la designación de Ardanza como lendakari, los llamamientos del Gobierno de Vitoria a una movilización de la sociedad vasca para conseguir el aislamiento del terrorismo han subido de intensidad. Es evidente que los cambios sustanciales producidos en el panorama vasco durante estos cuatro años colorean de cierto anacronismo la polémica Bandrés-Arzallus sobre las conversaciones de 1981. Pero, por otra parte, puede no ser así. Contactos con ETA, del Gobierno vasco y del Gobierno central, han sido probados repetidas veces. Y un proceso negociador que conduzca a una pacificación real de Euskadi debe ser apoyado por todo ciudadano con buena voluntad. Pero lo novedoso del caso que nos ocupa es conocer que el presidente del partido gobernante en Vitoria asistía a una especie de debates o discusiones políticas con un fin que no ha sido determinado.

Al ciudadano de a pie le puede causar asombro que dirigentes del PNV mantuviesen conversaciones con una organización armada, mientras hombres suyos gobernaban en Vitoria y ocupaban escaños en las Cortes Generales. Y hay quien puede sentir la tentación de suponer que la ambigüedad de la que se ha acusado al PNV en materias de terrorismo estuviera en realidad avalada por una situación más compleja: un diálogo, y hasta un trabajo político, a dos bandas. La "razón fundamental", esgrimida por Arzallus para su actitud, es que tales organizaciones tienen fuentes de información muy cerradas y muy parciales", y que resulta "conveniente que oigan otras voces, aunque sean hostiles a ellas". Se discrepe o no de esa opinión (y hay motivos para concluir que la situación de 1985 es cualitativamente distinta a la de 1981), hasta tanto no se desvelen todas las claves de la transición desde el autoritarismo a la democracia -y de la transición todavía en curso desde la violencia a la pacificación en el País Vasco-, resulta aventurado formular juicios condenatorios de nadie. Pero resulta urgente, en cambio, pedir que la representación política de los españoles en Cortes abra un debate al respecto. Sería un error, y una arrogancia, por parte de las fuerzas políticas vascas, suponer que éste es un tema que se sustancia nada más que en las polémicas entre sus líderes y en el marco cerrado de sus posiciones.

El pacto de legislatura firmado por Ardanza, lendakari del Gobierno vasco, y el PSE-PSOE anunció un importante viraje en la actitud del nacionalismo moderado respecto a la estrategia de pacificación de Euskadi. Pero el PNV y sus más connotados representantes deben hacer un esfuerzo añadido por desmarcarse totalmente de las coartadas ideológicas de los terroristas, renunciando a suministrar pretextos y coberturas políticas (desde la inaceptabilidad de la Constitución hasta el "Estatuto de mínimo?, pasando por el irredentismo de Navarra o la descalificación como antivascos de los vascos no nacionalistas) que alimentan la fantasía de los violentos. El Iendakari ha dado sobradas y valerosas muestras de que está dipuesto a hacer esto que decimos, pero el PNV no es sólo Juan Antonio Ardanza.

Desde el estancamiento electoral de Herri Batasuna, el abertzalismo radical modificó su estrategia para buscar en la base sana del PNV el respaldo indire cto que justificase su recurso a los procedimientos extraconstitucionales y su apología de ETA. Algunos dirigentes del nacionalismo moderado, preocupados por su pérdida de influencia sobre sectores juveniles y deseosos de batir en su propio terreno a Herri Batasuna, no siempre han sido conscientes de las implicaciones de sus ambigüedades. Que Insausti declarase hace poco que estaría "encantado" si la pacificación de Euskadi se abriese camino a través de "una negociación ETA-Ejército" no sólo contradice las posiciones del Gobierno Ardanza, sino que ejemplifica la infiltración de los valores del nacionalismo violento en el nacionalismo democrático. En cualquier caso, la polémica Bandrés-Arzallus debe servir para abrir un diálogo público y honesto, en el que participen el Gobierno y los restantes partidos respecto a la estrategia de contactos y negociación con ETA.