Tribunal de Cuentas incrementará su personal cualificado para reforzar sus responsabilidades fiscalizadoras de la gestión pública

El Tribunal de Cuentas incrementará la plantilla de su personal cualificado, con el fin de reforzar la función fiscalizadora en las empresas y organismos públicos sometidos a su jurisdición, según anunció ayer, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, su presidente, José María Fernández Pirla. Además, la Intervención del Estado ha invertido 1.100 millones de personas en un programa de informatización que, una vez puesto en funcionamiento, el próximo 1 de enero, permitirá agilizar y simplificar su labor.

Fernández Piria manifestó que el Tribunal de Cuentas, en la nueva etapa que este organismo inicia tras "tres años de rodaje desde su creación constitucional", tiene previsto "funcionar de una manera armonizada" con el control interno de las empresas y organismos susceptibles de su análisis. Asimismo, añadió que su objetivo es reforzar, incluso con una ampliación de medios -personal más cualificado-, el aspecto de fiscafización de la gestión en los entes inspeccionados.

"Creo que la función de analizar las empresas y organismos desde un punto de vista exclusivamente legal, o ver si su funcionamiento se acopla a las disposiciones legales, es hoy menos importante que el propio análisis de la gestión. Es decir, que la pri*ncipal responsabilidad del Tribunal de Cuentas debe ser ahora comprobar si los medios se ajustan a los fines, e informar a las Cortes si esta lógica coherencia no se produjera", manifestó Fernández Pirla, para quien "es objetivo del Tribunal acercar la gestión a la realidad actual y entrar en análisis de gestión concretos".

La rigidez del gasto público

Ricardo Bolufer, interventor general del Estado y coordinador del curso, enumeró, por su parte, las conclusiones más importantes del mismo y las cifró en los aspectos esclarecedores de "cómo se produce en España el gasto público, hasta el convencimiento de que éste es en España muy rígido".Estimó, además, que en España el sector público puede y debe ser tan eficaz como el sector privado y rechazó algunas interpretaciones periodísticas sobre la frase atribuida a un subdirector general del Ministerio de Hacienda de que los "ministros españoles son muy gastadóres". "Los ministros deben ser gastadores al máximo cuando el legislativo le ha dado una autorización presupuestaria para cumplir unos objetivos. Así funciona la democracia y sería una torpeza de los Ministerios no utilizar lo que tienen presupuestado", señaló.

Respecto a los aspectos de control del gasto público, el interventor general señaló que los 1.100 millones de pesetas invertidos en el plan de informatización de la intervención general, permitirán una economía y una mayor eficacia de la labor encomendada de control del gasto público, permitiendo un mayor caudal de información.