TRIBUNALES

Procesado por delito ecológico e imprudencia el director de la central térmica de Cercs

El Juzgado de Instrucción de Berga (Berguedà) ha dictado auto de procesamiento contra Ernesto Domingo Ibars, responsable de la central térmica de Cercs, por un supuesto delito ecológico y por imprudencia, provocados por la lluvia ácida caída desde 1976 sobre cerca de 30.000 hectáreas de bosque y campo.El auto de procesamiento, que ha sido recurrido, decreta la libertad provisional del inculpado y fija una fianza de 80 millones de pesetas para Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA (FECSA), propietaria de la central, para asegurar, así las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la acción, y apercibe a la empresa con el cierre temporal de la térmica si en cinco meses no instala medidores de contaminación o aparatos de desulfurización.

La acción judicial contra la térmica de Ceres se inició en 1981, cuando José Serrano Rodríguez y José Freixa Altarriba, dos ganaderos de la cercana localidad de Vallcebre, de 400 habitantes reclamaron a la empresa FECSA una indemnización por la muerte de 13 vacas, supuestamente provocada por los efectos contaminantes de los gases de la central.

Alternativa Verda, partido ecologista de Cataluña, apoyó la acción judicial de estos dos campesinos y en 1984 compareció en la causa, ejerciendo la acción popular, después de prestar una fianza de 20.000 pesetas.

Posteriormente, otros ocho ganaderos y campesinos de la zona contaminada se sumaron a la reclamación.

El juez Mateo Lorenzo Ramón Homar asegura en el auto de procesamiento que los humos de la central térmica, ricos en cenizas y azufres al quemar lignitos de baja calidad, han provocado desde 1979 daños sobre el ganado valorados en 3.345.000 pesetas.

Recalca también los efectos destructivos causados en las plantas y paisajes, centrados especialmente en la zona denominada de El Portet, donde se encuentran 700 hectáreas de bosque prácticamente muerto que presenta el aspecto "de un incendio forestal".

En 1979, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) valoró estos daños en unos 29 millones de pesetas y calculó que las pérdidas se acrecentarían anualmente en unos tres millones.

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