País Vasco, confrontación y diálogo

LA POLÉMICA originada entre el ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Xabier Arzallus y el líder de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés amenaza convertirse en un elemento de confusión que va a generar nuevos motivos de crispación y tensiones en las relaciones políticas del País Vasco.Lo que pudiera haber sido un debate de fuerzas políticas adversas que se enfrentan en la dialéctica normal de toda confrontación democrática se ha convertido en un rosario de graves acusaciones, cuya veracidad resulta prácticamente indemostrable y cuya utilidad para asentar la convivencia pacífica del País Vasco resulta cuando menos discutible. Probablemente, la única enseñanza que puede extraerse de estos hechos la constituye que mientras perdure la violencia todo diálogo político corre el riesgo de adquirir ribetes envilecedores y el debate está atenazado por la amenaza de quienes, en vez de argumentar, reparten muerte y destrucción. El descabalgamiento del terrorismo es condición necesaria para la libre confrontación política.

La tronante irrupción de Arzallus acusando de tibieza nacionalista a Bandrés Rama poderosamente la atención y parece confirmar la conocida tesis de exclusivismo que practican algunos importantes sectores del Partido Nacionalista Vasto. Resulta bastante complicado de entender en 1985 que con la biografía política y personal del diputado de Euskadiko Ezquerra se esté ante una personalidad de dudoso comportamiento nacionalista. A menos que ser nacionalista en Euskadi y ser miembro del PNV sean la misma cosa. Pero lo que ya movería a la risión, si no fuera por el fondo ideológico que lo sustenta, es la acusación dirigida al diputado vasco de que prefiere enviar a sus hijos al Liceo Francés en vez de a las aulas dé una ikastola. No es forzado convenir que este argumento no sólo Constituye una peligrosa manifestación de intolerancia, sino que sobre todo representa una solemne memez.

Pero, por su parte, Juan María Bandrés no se ha quedado a la zaga, y, palabra más o palabra menos, ha acusado a Arzallus de instigar a los polimilis para que rompieran la tregua de sus actividades terroristas establecida tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero y rota con el asesinato del capitán de Farmacia Martín Barrios. Con independencia de que el propio Arzallus y algunos testigos de aquella conversación han negado la veracidad de esta acusación, otros asistentes, sin embargo, han corroborado las manifestaciones del presidente de Euskadiko Ezquerra.

Verdaderamente, a estas alturas resulta casi imposible saber a ciencia cierta el alcance real de aquellas manifestaciones de Arzallus a los miembros de ETApm, y de ser cierto que -directa o indirectamente- indujo a los terroristas a continuar sus siniestras actividades, estaríamos ante un caso de notoria desvergüenza política y calculada ambigüedad. Pero, por otro lado, no parece -por muy loables esfuerzos que en los últimos años haya realizado para la erradicación de la violencia- que sea Juan María Bandrés la persona más adecuada para lanzar este tipo de acusaciones.

Pero, al margen del juicio que puedan merecer los hechos del pasado, la polémica entre Arzallus y Bandrés sirve poco para aportar clarificaciones de cara al futuro de la convivencia política del País Vasco. Destaca en toda esta discusión un intento de arrinconar y deslegitimizar una opción nacionalista como la de Euskadiko Ezquerra, que ha hecho de la erradicación de la violencia en el País Vasco y la reinsercción social de quienes dejan las armas un objetivo político de primer orden. Combatir al partido de Bandrés con acusaciones de tibieza nacionalista constituye una manifestación exclusivista de la representación política que es difícilmente conciliable con la composición de una sociedad compleja y plural como la vasca de hoy. Y además constituye un factor de retroalimentación para quienes siguen practicando el asesinato y la extorsión como métodos de actuación en la vida pública.

En ocasiones, las actitudes de algunos dirigentes del PNV se vuelven trampas para su propio partido y catalizan la espiral, terrorismo-represión, que imposibilita la salida política para asentar la convivencia democrática en el País Vasco. La relativización de la importancia histórica del Estatuto de Guernica, la actitud ante la Constitución de 1978 y la permanente trivialización del nivel de autogobierno alcanzado por la comunidad autónoma son argumentos que el PNV concede a los grupos radicales y a los partidarios de la violencia para continuar con sus tácticas. Basta con repasar los manuales de historia y contemplar el Estatuto de 1936 para comprobar la falsedad de estas argumentaciones. Encerrar la dinámica política del País Vasco en un permanente e imaginario agravio en su relación con el Estado puede constituir una provechosa táctica partidaria para el PNV, pero significa condenar la convivencia de la sociedad vasca a caminos de autodestrucción.