Sobre las exequías eclesiásticas

En la reciente oposición de las fuerzas de orden público para que se celebrara una misa exequial por el etarra Juan María Otegui, muerto recientemente por los GAL, lo que más llama la atención es el manifiesto de los dos sacerdotes del pueblo natal del presunto terrorista, Itsasondo.Estos dos sacerdotes hacen una protesta por el impedimento que se les ha puesto para celebrar la misa córpore insepulto, misa que, sin duda alguna, sería pública y de alguna manera un acto apologético; al menos por el interés que tenían estos clérigos en celebrar el acto litúrgico, es fácil suponer que la homilía sería apologética, si no para el terrorismo, sí para el etarra.

Acusan ésta como ínconstitucional y un acto contra la libertad religiosa, etcétera, pero lo que de muestran es la más supina ignorancia hacía las normas eclesiásticas vigentes, y más precisamente contra el nuevo Derecho Canónico, que es el conjunto de leyes por el que se rige la Iglesia, vale decir su Constitución. En el párrafo -32 del canon 1.184 del nuevo Código de DC, dice, expresa y literalmente: "Se han de negar exequias eclesiásticas, a no ser que antes de su muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento, a los peca dores manifiestos, a quienes no pueden concederse exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles".

Y el canon siguiente, o sea el 1.185, insiste agregando: "A quien ha sido excluido de las exequias eclesiásticas se le negará también cualquier misa exequial". El texto del canon no deja la menor duda.

Juan María Otegui, miembro de ETA, está acusado de varios asesinatos, y parece evidente que no hay mayor pecado que quitar la vida a un hombre sin otra razón que sus ideas; un crimen gratuito es una de las mayores atrocidades que puede cometer un ser humano, y, por lo que parece, es público y notorio que Juan María Otegui ha cometido más de un asesinato. Si la Iglesia le hace un funeral público, el escándalo de los fieles al que alude el canon sería muy grande. Pese a lo que digan los curas de Itsasondo, la Guardia Civil, al impedir el funeral, no sólo ha hecho un acto constitucional, sino, aunque parezca irónico, ha obligado al cumplimiento de la Constitución de la Iglesia.-