Hacienda proyecta reordenar las exenciones, deducciones y demás gastos fiscales, que suman un billón de pesetas

El conjunto de las exenciones, deducciones, desgravaciones, bonificaciones y demás gastos fiscales, que rondan el billón de pesetas al año, está siendo analizado por Hacienda con vistas a su reordenación. La reforma se iniciará de forma inmediata por las desgravaciones en el impuesto sobre la renta y por el sistema de minusvalías o pérdidas de patrimonio, que han permitido no pagar nada a "contribuyentes con más de 200 millones de pesetas de ingresos y patrimonio declarado próximo a los 4.000 millones de pesetas". Este dato fue revelado ayer en Santander por el secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, quien dijo que la presión fiscal, como consecuencia del fraude, es baja y deberá aumentar en los próximos años.

Un mes después de que algunos de los principales banqueros españoles pidieran en Santander mayores incentivos fiscales al ahorro y a la inversión, Hacienda tiene el propósito de reordenar los gastos fiscales. Se trata del dinero que deja de recaudar por todos los incentivos tributarios otorgados a empresas y particulares, cuyas últimas estimaciones se aproximan al billón de pesetas para 1985.La noticia ha trascendido con motivo de un curso sobre la presión fiscal iniciado ayer, también en Santander, por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Aunque sin confirmarlo oficialmente -afirmó que deberá decidir el Gobierno y que hay "límites de oportunidad política y de tramitación en las Cortes"-, Martín Seco señaló que con los incentivos fiscales "hay que ser tan críticos como con los gastos públicos". Subrayó además las "muchas dudas sobre la eficacia de los gastos fiscales", que son "de muy difícil control y crean vías de fraude".

Debido a la amplia maraña de leyes al respecto -desde las que regulan cada impuesto a las de presupuestos de cada año-, la tarea comenzará por sustituir los incentivos menos eficaces. Hacienda tiene técnicamente ultimada la anunciada reforma del impuesto sobre la renta, que recogerá un primer paso quizá con efectos desde 1986. Junto a las reducciones en la tarifa, habrá un nuevo trato fiscal a la familia, limitaciones en los gastos deducibles de profesionales, cambios en el sistema de transparencia fiscal que permite a las personas risicas deducir de sus irripuestos eventuales pérdidas en sus empresas, revisión de la estimación objetiva singular y modificaciones en las minusvalías.

Por este último mecanismo, para el que se barajan varias alternativas técnicas (desde el no considerarlas disminución de renta a aplicar actualizaciones o periodificaciones), los contribuyentes que declararon renta el pasado año se apuntaron 124.000 millones de pesetas de disminuciones patrimoniales en 1983, el triple que todas las plusvalías reveladas en España.

Cuotas cero

"Más de 500 declarantes, con ingresos superiores a 10 millones de pesetas, presentaron su declaración con cuota cero", dijo Martín Seco al criticar el sistema actual. "Asimismo, declaraciones con más de 200 millones de pesetas de ingresos y patrimonio declarado próximo a los 4.000 millones tienen una cuota líquida de cero pesetas por unas disminuciones patrimoniales de 240 millones. Familias enteras con un patrimonio conjunto de casi 10.000 millones no han contribuido nada en los cinco últimos ejercicios, pese a tener ingresos por más de 450 millones de pesetas al año".

En su opinión, el déficit publico, "principal problema de Hacienda", no puede ser reducido sólo por la vía de los gastos (posición que defienden los empresarios), sino también por el aumento de ingresos. Por ello, tras calificar de baja la presión fiscal española (Estado y Seguridad Social detraen y reparten 28,4 de cada 100 pesetas producidas al año como valor añadido, mientras la media europea está en 42,5 pesetas), aseguró que deberá subir en los próximos años y que podría hacerlo exclusivamente por la lucha contra el fraude, como ya ha ocurrido en 1984.

Los tres frentes de actuación serán: buscar contribuyentes que se mantienen al margen del fisco (economía sumergida y trabajadores autónomos, sobre todo), aflorar las rentas que empresarios o profesionales retienen a sus trabajadores y no pagan a Hacienda, y controlar los ingresos del capital, empresarios, agricultores y profesionales.

Antonio Zabalza, jefe del gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, presentó los últimos datos sobre presión fiscal, que mantienen a España en el penúltimo puesto de los países de la OCDE, sólo por encima de Turquía. Un contribuyente medio con dos hijos paga en España por renta y cuota propia a la Seguridad Social un 14% de su salario, nivel mínimo entre 19 países, aunque Canadá y Japón aparecen en este caso por debajo, con el 12,4% y el 8%. Encabezan la relación Dinamarca y Holanda, con más del 38%.

Del 33% de aumento en la presión fiscal derivada del impuesto sobre la renta durante los cinco últimos años sobre los que hay datos, Zabalza atribuyó la mayor parte a la incorporación de nuevos contribuyentes y a la inflación. Sólo el 7,8% habría procedido de mayores pagos de cada contribuyente.