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Editorial:

Los otros arrepentidos

EL CASO de Francisco Javier Albarrán, el joven heroinómano que se entregó voluntariamente a la policía en Madrid el pasado mes de febrero y que ha librado una singular batalla hasta que hace muy pocos días obtuvo la libertad provisional, ilustra a la perfección la endeblez y obsolescencia de sectores enteros de nuestra sociedad, tan presta a presumir de organización, grado de civismo y respeto a lo que se llaman derechos humanos. Policía, justicia y sanidad pública se han visto inmersas en una selva de imposible salida, en un laberinto del que sólo se han liberado con una chapuza legal, que si ha solucionado, al menos en primera instancia, el caso particular de Albarrán, ha dejado en el mismo baldío resolutivo la posición a tomar ante posibles casos futuros.Que el mundo de la droga es un vivero de delincuencia es un hecho claro y admitido. La discusión sobre las drogas admitidas por la sociedad -de las que el Estado se beneficia con recaudaciones fiscales sustanciosas- y las que persigue, el hecho de que los precios de una dosis de heroína se multipliquen hasta cifras astronómicas porque así lo ha decidido la sociedad -prohibiendo su venta- y otras cuestiones de no menor importancia exigen el contraste de opiniones y los artículos de ataque o defensa se prodigan con frecuencia, incluso en las páginas de EL PAIS. Pero en la rueda de la droga, si el comienzo puede ser nebuloso, no lo es el final. En este caso, Albarrán se entregó en la comisaría madrileña de Tetuán porque estaba acusado de dos atracos. Porque los fajos de billetes necesarios para el chute no llegan a los bolsillos del consumidor por arte de magia. Los cientos de miles de pesetas que se necesitan al año, hay que sacarlos de aIgún sitio, y pocos tienen fortuna personal o una profesión que les engorde mensualmente la cuenta corriente.

Francisco Javier Albarrán decidió un día acabar con su dependencia y arrostró el peligro de ser el primero en entregarse voluntariamente a la justicia para así acabar con esa rueda de atraco-pinchazo. La respuesta fueron seis meses de cárcel y nada parecido a un tratamiento médico. El juez, además, exigió para su fianza la cantidad de 400.000 pesetas, por dos atracos realizados con una pistola simulada y que sumaron entre ambos unas 116.000 pesetas; fianza que contrasta con las libertades provisionales que se han dado recientemente a cambio de unas cantidades casi ridículas en comparación con los millones presuntamente evadidos, libertad que ha aprovechado alguno de los beneficiados para buscar un paradero desconocido. Que se sepa, Francisco Javier Palazón no se había entregado voluntariamente a la justicia, ni cooperó con la policía para el esclarecimiento de los hechos, ni actuó bajo síndrome alguno de abstinencia.

Es ese proceso final, donde se ha situado el caso Albarrán, el que exige soluciones inmediatas. Bienvenidas sean las discusiones teóricas, las campañas de prevención, los spots televisivos -aunque su eficacia siempre sea dudosa-, las elaboraciones de planes conjuntos ministeriales o lo que un Estado medianamente constituido siempre empieza en estos casos. Pero esa labor a largo plazo debe combinarse con medidas efectivas en el proceso final. Porque el número de heroinómanos ya obliga al Estado a tomarse el asunto con seriedad. La sensibilidad media de la sociedad, que hace poco adujo el presidente del Gobierno, es en este caso manifiesta hacia el tema de la droga. Y con Albarrán se han dado de bruces todas las autoridades relacionadas con el mundo de la droga.

Porque si se admite que la heroína había llevado a este joven a cometer los atracos, nada parece más sensato que tratarle de ese mal para así evitar la repetición de esos hechos. La situación, en su gravedad, tiene un punto de paradoja. Hay un sector duro -en la derecha y en la izquierda, y hay que ser conscientes de ello- que aboga por el palo sin cuento al drogadicto, porque considera que todo consumidor de droga es un delincuente, activo o en potencia. Dejando aparte la duda ética que se plantea ante un caso de esta naturaleza, incluso un puro sentido de la efectividad aconsejaría como más indicado tratar clínicamente a ese drogadicto para cortar su inclinación al hecho delictivo. Meter en la cárcel al drogadicto es sólo una solución temporal, porque hasta los más cavernícolas estarán de acuerdo en que algún día habrán de ver la luz. El comerciante al que le han atracado, navaja en mano, para obtener el dinero de una papelina lo que debe pedir a gritos es que esos adolescentes dejen la droga para que así no necesiten volver a robarle. Porque las cárceles, como todo el mundo sabe, nada curan, y menos la drogadicción. Ni los sistemas de control más rígidos han impedido la circulación de drogas, alcohol o armas cortantes en las prisiones.

Pero, entonces, ¿qué hacer con ellos? Lo primero, evidentemente, es la exigencia de que haya centros específicos para estos casos. Organizaciones privadas, religiosas o seudorreligiosas, han acaparado mayoritaríamente este singular mercado de curaciones, con una dejación escandalosa por parte del Estado, que se ve en la necesidad de dotar de ayudas y presupuestos a estas entidades para que cubran ese hueco dejado por la Administración.

Pero hay, además, otra iniciativa que debería tomarse en, cuenta, y es el carácter de arrepentido que comportaba el caso Albarrán. Con toda la cautela propia de generalizar casos particulares y con el obligado cuidado que ha de tener el Estado para evitar coladeros, es claro que ahí se abre una vía para la reinserción social del drogadicto. No parece justo que Interior y Justicia trabajen denodadamente para el caso de los arrepentidos políticos pero no para estos otros casos de arrepentimiento social.

Hay hechos recientes que vienen a abonar esta particularización de los casos que la justicia tiene entre sus manos. Los perdones por delitos han llegado últimamente a las páginas de los periódicos porque los jueces han admitido circunstancias especiales y han admitido las circunstancias límite en que se desarrollaron algunos comportamientos que entraban formalmente en el terreno delictivo. Es posible que esas decisiones judiciales sean discutibles, pero el derecho y la administración de justicia han de estar al servicio de la sociedad. Por eso esta nueva cuestión de los arrepentidos de la droga abre un serio problema a los tribunales, que no pueden ampararse sólo en la rigidez de las normas y la mecánica aplicación del derecho positivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de agosto de 1985