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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

La adecuacion de la industria española a la Comunidad Económica Europea

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, el primero de enero del próximo año, exigirá la normalización de calidades de los productos españoles. El Ministerio de Industria y Energía, a través de su Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, y por la trascendencia que, tienen los sistemas de normalización y certificación como instrumentos de política tecnológica, ha iniciado la reforma en profundidad del sistema de normalización y certificación existente en España.

El Ministerio de Industria y Energía va a aprovechar todos los medios y normas actualmente existentes para incorporarlos progresivamente al nuevo sistema, en el que participan fundamentalmente consumidores, usuarios y fabricantes, con el objetivo común de mejorar la calidad y competitividad de los productos y servicios españoles. Se completa así la serie de modificaciones que en materia de política tecnológica se había propuesto el departamento.Dada la importancia que la calidad de los productos españoles va a tener, ante la inminente entrada en la Comunidad Económica Europea, se ha aprobado en el pasado Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Industria y Energía, un real decreto por el que se ordenan las actividades de normalización y certificación, cuyo alcance y consecuencias para España desbordan el marco estricto que su título pudiera indicar.

El Ministerio de Industria y Energía apoya decididamente el nuevo sistema de normalización y certificación, en el marco de una política de calidad industrial que va a desarrollarse durante los próximos meses.

El contenido del citado real decreto establece la reforma en profundidad del actual sistema de aprobación de normas técnicas y de certificaciones de conformidad con las mismas para todos los productos o servicios que se realicen en España, acercándolo a las existentes hoy día en los países de la Comunidad Económica Europea. En el presente artículo se intentan explicar las razones de tal reforma y sus consecuencias para los consumidores y las empresas españolas, con un lenguaje lo menos técnico posible de manera que sea comprensible para personas no iniciadas en el tema.

La normalización es aquella actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, realizada con el acuerdo de distintos agentes sociales, principalmente consumidores y fabricantes. Un producto de consumo determinado tendrá unas características definidas en una norma técnica, aprobada por los agentes sociales antes mencionados.

La certificación es la actividad consistente en la emisión de documentos que atestigüen que un producto o servicio se ajusta a normas técnicas determinadas. Para el consumidor o usuario, repyesenta la garantía de calidad que reúne el producto o servicio que desea comprar.

Urgencia de la reforma

En España, la generación de normas técnicas UNE se viene realizando por el Instituto Español de Normalización (Iranor), organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha desarrollado una gran labor en condiciones dificiles y sin el suficiente apoyo de los sectores sociales y económicos implicados en la normalización.

Las normas son aprobadas, por tanto, por un organismo oficial, con participación de las empresas, a través de comisiones técnicas específicas.

En los países de la CEE, en cambio, existen instituciones privadas, sin ánimo de lucro, en las que participan consumidores, usuarios y empresas, con el control de la Administración, que elaboran y aprueban las normas técnicas que luego van a aplicar las empresas y van a ser requeridas en las distintas transacciones comerciales.Por otra parte, las certificaciones de conformidad con normas, que permiten asegurar que un producto ha sido fabricado de acuerdo con una norma técnica concreta, están muy poco desarrolladas en España. En los países de la CEE, por el contrarío, dichas certificaciones son ampliamente utílizadas para regular los intercambios, y son requeridas por usuarios y consumidores como garantía de la calidad de los productos. correspondientes.

Ambas actividades debían adecuarse a los modelos imperantes en Europa, y esto es lo que pretende el real decreto mencionado, al establecer un marco institucional de normalización y certificación similar a los de dichos modelos europeos.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de la CEE es la eliminación de trabas técnicas al comercio, y para ello ha definido un nuevo esquema contenido en el marco del Libro Blanco sobre la consecución del mercado interior comunitario, presentado por la comisión al Consejo Europeo celebrado en Milán los días 28 y 29 de junio pasado. Dicho nuevo esquema prevé la validación de las certificaciones de los países miembros para el conjunto de la Comunidad, y para ello es necesario contar con instituciones y sistemas similares, a fin de poder hablar un mismo lenguaje y avanzar conjuntamente en la aplicación de políticas comunes.

La economía española no puede asumir el riesgo que representaría desvincularse de un proceso tan importante, que va a permitir hacer de la CEE un auténtico mercado común con total libertad de circulación de mercancías, en beneficio del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad.

La puesta en práctica de las previsiones contenidas en el real decreto mencionado va a representar un compromiso y un reto importante para las empresas y, en general, para el conjunto de la sociedad española.

Mejorar la calidad

Las empresas deben entender que la única apuesta de futuro posible en el seno de la CEE es la mejora de la calidad de sus productos y servicios, y que para ello se deberán, vincular colectivamente al nuevo sistema de normalización y certificación. Debemos situarnos cuanto antes en igualdad de condiciones con los restantes países europeos, para, desde esta posición, plantear la batalla de la calidad tanto para la reconquista del mercado interior como para una mayor penetración en los mercados exteriores.

Las empresas, a través de sus asociaciones representativas, deben estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, acentuando su asociacionismo y desterrando, particularismos absurdos que podrían dificultar el proceso emprendido.

Por su parte, los consumidores españoles deberían reforzar su participación en asociaciones que defiendan sus intereses, y a través de ellas hacerse oír en todos los niveles del nuevo sistema de normalización y certificación. Asimismo, deberíamos eliminar cuanto antes nuestros ancestrales complejos que tienden a ensalzar todo aquello que llega de fuera. Hoy día, en España se producen bienes y servicios de gran calidad, aceptados y valorados en todos los mercados mundiales, con una relación calidad/precio altamente competitiva, y sería suicida despreciarlos en nuestro propio país.

Medidas concretas

En síntesis, el articulado del real decreto desarrolla los siguientes aspectos:

- Se aprovecha todo el patrimonio de normas UNE existentes en la actualidad, así como los mecanismos e instrumentos que funcionan en Irarior, incorporándose este organismo al Ministerio de Industria.

- Se traspasan progresivamente al nuevo sistema las distintas funciones de normalización sectorial, evitando cualquier vacío o falta de coordinación entre uno y otro sistema.

- El Iranor, ya integrado en el Ministerio de Industria y Energía, pasará a ejercer funciones de seguimiento y control del nuevo sistema.

- Se crea un Consejo Superior de Normalización, con funciones consultivas y asesoras, que integra a la Administración (central y autonómica) y a las distintas instancias sociales y económicas interesadas.

- Se asignan funciones específicas al Ministerio de Industria y Energía en materia de normalización y certificación, al situarse en su ámbito de competencias un porcentaje importante de las tareas de normalización.

- Finalmente, se establece la figura de la norma oficial, que se empleará obligatoriamente en los pliegos de prescripciones técnicas de las adquisiciones que se realicen con fondos públicos por la Administración del Estado.

En definitiva, con el nuevo sistema de normalización y certificación nos adaptamos a los modelos imperantes en Europa, cediendo el protagonismo a consumidores, usuarios y fabricantes españoles, con el control de la Administración.

Miguel Barceló Roca es ingeniero industrial y subdirector general de Seguridad Industrial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de agosto de 1985