El imparable tobogán de Sainz de Varanda

El alcalde de Zaragoza ha protagonizado dos polémicos episodios antes de partir de vacaciones. Amparándose en un decreto de alcaldía, ha distribuido 40 millones de pesetas entre 22 altos funcionarios y no se ha presentado a una citación que le reclamaba para prestar declaración en un juzgado de Jaca. Anécdotas como éstas jalonan la gestión municipal sobre la quinta ciudad española de Ramón Sainz de Varanda. Una gestión que si bien es calificada como brillante, es ejercida -según la oposición y miembros destacados del partido socialista- con arbitrariedad y autoritarismo.

Ramón Sainz de Varanda y Jiménez de la Iglesia, 60 años, casado y con un hijo, abogado de profesión, es el alcalde de Zaragoza desde el 3 de abril de 1979. Días antes ingresó en el PSOE y asegura que fue convencido y propuesto para el cargo por Alfonso Guerra. Su fuerte personalidad, alterada por altibajos en su salud, las tensiones internas del grupo municipal -reflejo de la correlación de fuerzas dentro del partido-, han desencadenado una serie de actuaciones en Sainz de Varanda que le han convertido en la figura política más controvertida y destacada de Aragón. La oposición, que ha pedido públicamente su dimisión, le acusa de autoritario, dictatorial y de ansias de megalomanía. La autodenominada Asamblea de Ciudadanos Hartos ha declarado, con fino sentido del humor, al despacho de la alcaldía como "zona catastrófica".Un ministro comentó en privado que el presidente del Gobierno, Felipe González, "vio mal" a Sainz de Varanda, durante una reunión en el palacio de la Moncloa a la que acudió en calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. La fuente no supo precisar si el presidente "vio mal" la salud de Sainz de Varanda o su actuación al frente de la alcaldía. Ambas cuestiones preocupan a los socialistas y han sido tratadas a altos niveles del partido. Formalmente, el PSOE no se ha planteado el relevo del alcalde de' Zaragoza, según algunas opiniones, entre otras razones, porque el propio interesado "no iba a aceptar tal solución". El próximo otoño dejará la presidencia de la Federación de Municipios y sería el momento en .el que el PSOE podría plantearse el cambio.

Los socialistas son conscientes de que, aunque la gestión realizada en el Ayuntamiento de Zaragoza haya sido buena, los problemas internos y las actuaciones puntuales del alcalde han creado una mala imagen ante la opinión pública. Estudios realizados por el partido revelan una pérdida de votos de cara a las próximas elecciones. La ciudad de Zaragoza, con más de 600.000 habitantes, es la clave para ganar los comicios en Aragón.

El inicio del curso político reavivará la polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza. El alcalde, antes de irse de vacaciones a Sallent de Gáfiego (Huesca) y unos días después de que el grupo munícipal se reuniera con Enrique Múgica en un intento de solucionar la crisis, firmó un decreto en el más absoluto de los sigilos, por el que se repartieron 40 millones de pesetas entre 22 altos funcionarios. Los trabajadores municipales han anunciado movilizaciones de protesta al regreso de las vacaciones. El citado decreto motivó, en su día, una huelga y protestas del grupo socialista, lo cual obligó al alcalde a paralizar el pago.

Como niños de colegio

Además, Sainz de Varanda tiene pendiente una querella presentada contra él por el PCE en Aragón por supuestas injurias y calumnias. El alcalde dijo en un pleno que los comunistas resolvían sus diferencias internas "con un tiro en la nuca", y declaró a un medio informativo que las licencias se tramitaban, cuando los comunistas tenían la Concejalía de Urbanismo, en la sede del partido. El PCE exige a Sainz de Varanda una indemnización de dos millones de pesetas por el daño causado a la imagen del partido. El alcalde no compareció a declarar ante el juez el pasado día 30 y ha sido citado de nuevo por el juzgado de Jaca. Asimismo, los comunistas solicitaron por escrito las cintas de la grabación del pleno en las que quedaron registradas las frases de Sainz de Varanda, pero les han sido denegadas al estar sub judice como material del sumario abierto.Estos dos ejemplos son un reflejo del comportamiento de Sainz de Varanda, que ha estado salpicado de anécdotas y polémica durante los dos últimos años. Los problemas con el partido surgieron ya a la hora de confeccionar las listas para las elecciones municipales de mayo de 1983. Sainz de Varanda exigió la inclusión de varios nombres y amenazó con no presentarse a la reelección. Ambas partes tuvieron que ceder en sus pretensiones. En el verano de 1982 comenzó a hablarse de su enfermedad y en el mes de marzo de 1983 fue tratado en Búfalo (Estados Unidos) de un tumor en la cabeza, especulándose con el alcance de la enfermedad. Las diferentes familias socialistas se apresuraron a colocar su posible candidato ante un hipotético relevo en la alcaldía, y Sainz de Varanda, que se sintió acosado, comenzó a mover, a su libre albedrío, los peones, subiendo y bajando, quitando y dando competencias a los concejales.

"Nos trata como a niños del colegio", manifestaron algunos. Tras el VII Congreso Regional, un grupo de concejales, instigados por cierto sector del partido, buscó el derribo de Sainz de Varanda, "pero midieron mal sus fuerzas", según algunas fuentes.

Las relaciones con el partido y las instituciones con mayoría socialista también han registrado momentos de tensión. Sainz de Varanda acusó públicamente al Gobierno autónomo del retraso de algunos proyectos y obras para la ciudad, como el plan de saneamiento, la estación de autobuses, la biblioteca pública o la variante del ferrocarril.

El presidente, Santiago Marraco, manifestó al respecto: "Estamos actuando con paciencia y exquisita prudencia". En otra ocasión dijo que prefería al Sainz de Varanda de la primera legislatura, pletórico de facultades. Un hecho que habla de estas relaciones: el consejero de Cultura, José Bada, no pudo entrar al Museo Pablo Gargallo porque había órdenes expresas del alcalde de que no lo viera nadie antes de ser inaugurado. El consejero entró y el director del museo fue trasladado y luego repuesto, y un funcionario expedientado.

Secuestro municipal

Izquierda Socialista (IS), corriente de opinión del PSOE, solicitó públicamente la dimisión de Sainz de Varanda. En el VII Congreso Regional presentó una ponencia sobre política municipal, en la que se recogían las líneas de actuación y coordinación entre el grupo municipal y el partido, que ahora se pretenden poner en marcha, aunque se duda de su eficacia y cumplimiento.IS, tras señalar que la gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza "es infinitamente mejor a la de anteriores Gobiernos de la derecha", enumera las últimas actuaciones conflictivas del alcalde: el caso del teniente de alcalde Santiago Vallés; el problema de los gitanos de Actur; el pago a los altos funcionarios; la visita papal y las alabanzas a Alzaga. Además, hay que añadir la entrega de áreas de gobierno a seis concejales de la oposición conservadora, el proceso seguido en la tramitación del Plan General de Urbanismo, las actuaciones en materia de juventud: cierre de dos locales, denuncia y secuestro de una revista con subvención municipal, a la que acusó de pornográfica. IS señala en el referido documento que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza "no ha existido como tal, debido al autoritarismo y personalismo del alcalde, que ha hurtado el debate y la toma de decisiones. El alcalde ha jugado con el partido al apoyarse, según sus propios intereses, en una u otra familia".

A raíz de estas críticas, los líderes de Izquierda Socialista en Aragón, entre ellos Manuel Pardos, recibieron la prohibición de hacer declaraciones bajo la amenaza de expediente. El silencio es total también en el Grupo Municipal Socialista. Tanto el portavoz, José Luis Castro, como el resto de concejales solicitados por este periódico para que diesen su opinión sobre la actuación de Sainz de Varanda, se negaron amparándose en la orden de silencio. El grupo se reunió el pasado día 15, durante cuatro horas, con Enrique Múgica, responsable federal de política municipal. Oficialmente no se sabe nada de lo tratado, pero la única conclusión que sacaron algunos de los presentes fue la prohibición de hacer declaraciones sobre conflictos internos, bajo la amenaza de ser expedientados y no ser incluidos en futuras listas electorales.